Una modificación legal por la puerta de atrás

¿Qué ha pasado?

El 18 de marzo de 2020, en plena crisis mundial por el coronavirus, el Gobierno aprobó el real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19. El texto incluía una modificación legal que permitía que Pablo Iglesias formara parte de la Comisión Delegada para asuntos de Inteligencia. En la página 10 del decreto-ley, una figura legal que solo se puede aprobar por razones de urgencia, Moncloa justificaba el cambio en la Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia porque la pandemia impedía que esta modificación se realizara «mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria, [...] lo que implicaría que hasta la aprobación de tales reformas legislativas la estructura de órganos colegiados del Gobierno no estaría en condiciones de desarrollar sus funciones». Este era el motivo, según el Gobierno, que justificaba «la extraordinaria y urgente necesidad de la situación y la conexión con ella de las medidas adoptadas».

¿Quién ha recurrido al Constitucional?

Vox consiguió en las elecciones de noviembre de 2019 un total de 52 diputados, cuando la ley establece que 50 parlamentarios pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad. Y eso fue lo que hicieron, al considerar que Pedro Sánchez había aprovechado un decreto-ley, aprobado de urgencia, para ‘colar’ por la puerta de atrás a Pablo Iglesias y al jefe de Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, en la Comisión para Asuntos de Inteligencia.

¿Qué decisión ha tomado el Constitucional?

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dado la razón a los diputados de Vox. Ha anulado y considerado inconstitucional el precepto sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) incluido por el Gobierno en el real decreto-ley. Además, de forma indirecta, indica que el Ejecutivo aprovechó una normativa que trataba de hacer frente a la crisis del coronavirus para aprobar una modificación en la ley que regula el servicio del espionaje español.

¿Qué efectos prácticos tendrá el fallo del TC?

La dimisión de Pablo Iglesias del cargo de vicepresidente segundo del Gobierno hace que la sentencia no tenga ningún efecto práctico para él. Sin embargo, sí lo tendrá para el jefe de Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, cuyo nombramiento se ha anulado. Fuentes consultadas por LA RAZÓN apuntan que esta sentencia siembra todavía más dudas sobre la constitucionalidad del real decreto-ley aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para modificar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que traslada al Tribunal Supremo la responsabilidad de ratificar o rechazar las medidas restrictivas de derechos para luchar contra la covid que acuerden los diferentes Gobiernos autonómicos.