La vía Sánchez tras el pacto en Cataluña: indultos y mesa de diálogo

Moncloa desplegará la «agenda catalana» de indultos y reforma del delito de sedición para consolidar la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPI
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración del IV Congreso Iberoamericano CEAPIMariscalEFE

«La legislatura comienza ahora». Esta frase es recurrente en Moncloa. A pesar de llevar casi un año y medio en el Gobierno, la percepción es que la gestión no acaba de arrancar por la pandemia y por el continuo clima electoral. Coyunturas, ambas, que no han permitido al Ejecutivo desplegar la agenda de transformación que tenía previsto emprender. Dentro de esa agenda hay un apartado específicamente dirigido hacia Cataluña. Una apuesta personal de Pedro Sánchez, desde que llegara a Moncloa, pero que –a la vez– se ha visto obligado a desarrollar por su debilidad parlamentaria. La necesidad de «atar en corto» a sus socios de ERC y mantenerles dentro del bloque de la investidura con una oferta de promesas que ir materializando a conveniencia. En el Ejecutivo reconocen sin ambages que la «estabilidad» de la legislatura está en sus manos y, por ello, se muestran abiertos a mantener viva la «vía de diálogo» con los republicanos.

En Moncloa se respiraba ayer una mezcla de alivio y preocupación. Ambas circunstancias conviven en su relación con el independentismo. En el Gobierno se felicitaron por el acuerdo en el independentismo –«francamente, ya era hora», aseguró gráficamente la ministra de Defensa, Margarita Robles–, un pacto que permite esquivar las urnas y alejar también un escenario de nueva inestabilidad política. Sin embargo, el horizonte no lo fían «muy esperanzador», pues entienden que la fórmula es la de un «gobierno fallido», un fracaso que ya se ha ensayado en el pasado y anticipan que la legislatura será «corta y convulsa» entre los socios del Govern. No obstante, de nuevo surge cierto optimismo por el hecho de que sea ERC quien esté al frente del mismo y que tenga manos libres en Madrid. Ambas formaciones se han dado autonomía en el Congreso de los Diputados. «Es lógico, normal y legítimo que ningún pacto de gobierno presuponga despojar de la autonomía a los grupos parlamentarios correspondientes. Entiendo que es lo propio. No podría pensar en una opción distinta», se felicitaba el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en rueda de prensa en Ferraz.

En Moncloa esperan que el pacto en Cataluña no afecte a su relación con ERC y mantienen su disposición a reunir la «mesa de diálogo» cuando haya Govern. Este foro bilateral solo se llegó a reunir una vez, en febrero de 2020, porque la pandemia y la pugna en el independentismo dejó después sin un interlocutor válido en Cataluña. Pendiente de que se reúna de nuevo está también el cumplimiento de los gestos que el Gobierno central tiene previsto desplegar para aliviar la situación de los presos del «procés». En el plano legislativo está la reforma del delito de sedición del Código Penal para reducir las condenas por las que actualmente cumplen prisión Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas. En el plano ejecutivo, la resolución de los indultos. En Moncloa se da por descontada su concesión, aunque tienen que seguirse los trámites y esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre los mismos. En el Ejecutivo estiman la decisión «en los próximos meses».

Esto no es óbice para que Moncloa espere cierta escenificación ahora que empieza a rodar el nuevo Govern. Asumen que «habrá mucha simbología», pero recuerdan que «deben abandonar la vía unilateral» y que, aunque ambas partes –Estado y Cataluña– tienen claras las «aspiraciones» del otro, en clara alusión a la independencia, pero que también se han establecido claramente «los límites», que están dentro de la «legalidad». «Espero que hayan aprendido ambas formaciones que la conformación del Gobierno tiene que conllevar también el abandono de las vías unilaterales y de algunas cuestiones que ya sabemos a dónde nos conducen, que no es a nada bueno», advirtió la portavoz gubernamental, María Jesús Montero.