El independentismo inicia dividido la fase II del «procés»

La investidura de Pere Aragonès adentra Cataluña en una nueva etapa. El candidato republicano salió ayer elegido presidente de la Generalitat con los únicos votos del bloque independentista (Esquerra, JxCat y CUP) y cerró así casi siete meses de interinidad en la Generalitat –desde que Quim Torra fue inhabilitado el 28 de septiembre– y tres meses de convulsas negociaciones entre Esquerra y JxCat que ha dejado heridas muy abiertas en el espacio posconvergente y pueden impactar de lleno durante la legislatura. Aragonès tiene ahora por delante el reto de gobernar en un campo lleno de minas –las emboscadas de JxCat serán continuas– y en medio de un tsunami económico y social de importantes dimensiones por la pandemia.

El contexto no es muy propicio para Aragonès porque entra en la Generalitat debilitado tras el ninguneo de JxCat. La última prueba de ello es que, ayer, Carles Puigdemont envió una carta a su militancia y negó la victoria de Esquerra: aseguró que ningún partido había ganado; había ganado el movimiento independentista. El líder de JxCat había guardado mucho silencio durante las últimas horas y se descolgó ayer con esta misiva en la que también reprochó la falta de unidad del independentismo. Lo cierto es que el president va a tener una alta presión para avanzar en el proceso independentista porque JxCat agitará la «legitimidad» del independentismo de haber superado el 52%. De entrada, los posconvergentes han aceptado dar dos años a la mesa de diálogo con el Gobierno, aunque se antoja muy difícil que no pongan zancadillas a su desarrollo y ya han advertido de que si fracasa, apretarán para desplegar la República catalana.

Más aún teniendo en cuenta los costes internos que ha tenido el acuerdo con ERC y dar un margen de dos años a la mesa de diálogo. Algunos de los primeros espadas del partido han dado veladas muestras de desaprobación –Laura Borràs o Francesc de Dalmases–; otros han dado explícitas señales de su rechazo –Quim Torra o Clara Ponsatí–; y, otros han exhibido gran inquietud por las consecuencias que puede tener en el horizonte –como Joan Canadell–. Y el golpe más duro ha sido el de Elsa Artadi, que ha evidenciado las diferencias con Jordi Sánchez (secretario general) a raíz del acuerdo y ha renunciado a formar parte del Govern como vicepresidenta económico. Su hueco será ocupado por Jaume Giró, exdirectivo de la Fundación Bancaria La Caixa. JxCat también ostentará la conselleria de Salud y propondrá a Josep Maria Argimon, actual secretario de Salud Pública. En total, el ejecutivo estará formado por trece conselleries.

En cualquier caso, toda la legislatura conduce a 2023. También la CUP ha dado dos años a la mesa de diálogo, pero, además, ha puesto un examen a la presidencia de Aragonès en 2023: el republicano, que ha situado como principal apuesta un referéndum a la escocesa –pactado con el Gobierno– y ha amagado tímidamente con más desobediencia –asegura que solo atenderá la voluntad popular–, tendrá que someterse a una moción de confianza; si no la supera, Cataluña se podría ver de nuevo abocada a unas elecciones. Como alternativa, Aragonès podría, a partir de entonces, cambiar de alianzas y mirar a la mayoría de izquierdas con PSC y Podemos. Tanto socialistas catalanes como morados votaron ayer en contra y dieron pocas opciones de entendimiento al dirigente de Esquerra.

Pero 2023 será un año de alto voltaje político también porque confluyen las elecciones generales –que no parece que se vayan a adelantar– y las elecciones municipales, de importancia capital para un partido como JxCat, que está todavía en fase de construcción y apenas tiene poder institucional. En la cita con las urnas de los ayuntamientos, los posconvergentes se juegan su implantación territorial.