La sentencia que Sánchez quiere “corregir”

Horas después de que Pedro Sánchez apostolase –en esa pedagogía del indulto en la que ha decidido echar el resto el Gobierno– sobre la necesidad de evitar la «revancha» y la «venganza» en la resolución de la posible concesión de esa medida de gracia a los condenados por el proceso independentista en Cataluña en 2017, en el Tribunal Supremo preferían morderse la lengua.

La contundencia de su informe –que pese a no ser vinculante sitúa al Gobierno, con la Fiscalía también en contra, con escaso margen de maniobra para justificar la medida en razones de justicia, equidad y utilidad pública– hablaba por sí sola. Pero pese a rehuir el cuerpo a cuerpo –«no se puede convertir a la Sala Segunda en un foco de poder y controversia»–, fuentes del Alto Tribunal tenían muy claro que las palabras del presidente del Gobierno deslizaban un mensaje subliminal, al abrir la puerta a que el Ejecutivo enmiende una sentencia dando la sensación de que fue «construida a través de la venganza».

Una sentencia de casi 500 folios que ahora podría quedar en papel mojado y que delimita con precisión la responsabilidad penal de los condenados: el Gobierno en pleno de Carles Puigdemont –a excepción de los fugados–, la presidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de la movilización social prosoberanista Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis».

“Contumaz desprecio” a las resoluciones judiciales

De Oriol Junqueras –que acaparó la más severa condena, trece años de prisión por sedición y malversación–, el tribunal afirmó que tuvo un «destacado papel en el proceso que finalmente condujo a la inobservancia de las leyes y al contumaz desprecio a las resoluciones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».

Además de su «pertinaz desatención» a los requerimiento del TC para impedir el 1-O, los magistrados tildan de «palmario» su «decisivo protagonismo» en los «más relevantes actos de deslealtad en la administración de fondos públicos». Como vicepresidente de la Generalitat y responsable de Economía era «la cabeza jerárquica» de todos los miembros del Govern que se sentaron en el banquillo, destacó la Sala. En definitiva, ocupaba «la cúspide en el organigrama político-administrativo que fue puesto al servicio del proceso sedicioso».

Un escalón por debajo en la gravedad de las penas situó el Supremo a los ex consellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, condenados todos ellos a doce años de cárcel, también por sedición y malversación. De Romeva, ex responsable de Exteriores, la Sala dijo que «asumió la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum», fundamentalmente a través de Diplocat.

«Era conocedor de que estaba promoviendo la creación de una legalidad paralela –subrayó el tribunal– y que, mediante la movilización ciudadana y el apoyo internacional, se podría neutralizar» la capacidad de respuesta del Gobierno español y de los tribunales.

“Pulso al orden constitucional”

Jordi Turull, por su parte, defendió la Sala en la sentencia, se sumó «a un alzamiento tumultuario» e intervino «activamente» en el plan secesionista pese a su incorporación tardía al Gobierno de Puigdemont en julio de 2017. Eso no le impidió participar «en las distintas reuniones definitorias de la estrategia a seguir».

De otra ex consellera, Dolors Bassa, el Supremo llamó la atención sobre el hecho de que «tuvo una intervención decisiva de cara a garantizar» la disponibilidad de los locales de votación para el referéndum «blindándolos ante una eventual negativa de sus directores a la apertura». Su decisión de «participar en ese pulso al orden constitucional», concluyeron los magistrados, «fue inequívoca y deliberada».

A la entonces presidenta del Parlament Carme Forcadell –condenada a once años y medio (en su caso por sedición)–, la Sala le atribuyó atribuye un papel «decisivo» en el proceso independentista desde su «privilegiada posición», al avalar la tramitación de las leyes de desconexión.

A diez años y medio de cárcel condenó el Supremo a los ex consellers Joaquim Forn y Josep Rull. A Forn, responsable de Interior, le reprochó una actuación «desleal» que se plasmó en la «firme decisión» de no impedir la votación y garantizar que los Mossos «no frustrasen la realización del referéndum».

“Los Jordis”, al servicio de la “maniobra de presión política”

De Josep Rull, la Sala destacó «su intervención para impedir el amarre de un barco en el puerto de Palamós» (el célebre «Piolín»), donde se alojaron los agentes desplazados a Cataluña, y que pusiera «a disposición del referéndum prohibido locales gerenciados» por su departament.

En cuanto a «los Jordis» (condenados a nueve años de prisión), en la sentencia se califica de «decisiva» su contribución al plan soberanista al poner a las asociaciones que dirigían «al servicio de la maniobra de presión política». Ambos asumieron –recalca– «la vanguardia para la movilización ciudadana dirigida a la celebración del referéndum» ilegal, alentando a los ciudadanos a «ocupar los centros de votación» y a que «impidieran que los agentes policiales pudieran proceder a su clausura».

Por último, en relación a los tres únicos procesados que no fueron condenados a prisión, sino a penas de inhabilitación –los ex consellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borrás–, el Supremo sí dejó claro que pese a ser «perfectos conocedores» de la orden de impedir el 1-O y de su deber de acatar es mandato judicial, «omitieron de forma contumaz lo que les había sido ordenado».