La ex senadora de Podemos que cuestiona las donaciones: “En el partido era vox populi que había sobresueldos”

La ex senadora de Podemos Celia Cánovas ha asegurado tras su declaración como testigo en el “caso Neurona” -que investiga la supuesta financiación irregular de la formación morada- que “en Podemos era vox populi que se cobraban sobresueldos”.

Cánovas ha defendido asimismo en su comparecencia que la gerente del partido, Rocío Val, no tenía competencias para aprobar los complementos salariales que investiga el juez Juan José Escalonilla, y de los que ella misma se benefició junto, entre otros, al tesorero de Podemos Daniel de Frutos. Ambos están imputados en esta causa por administración desleal. “Yo sé que había sobresueldos, pero a nosotros no nos informaban de nada”, se ha quejado la ex senadora.

El abogado de Podemos, sin embargo, ha defendido que Val estaba habilitada para aprobar esos complementos retributivos porque la dirección del partido le facultó para ello mediante un acta notarial que la testigo ha afirmado desconocer.

Ante la insistencia del letrado, Cánovas ha replicado según fuentes jurídicas: “No hace falta ser abogado. Los estatutos dicen lo que dicen y no facultan a la gerente para aprobarlos”. Según ha asegurado ante el juez, estos “deben estar incluidos en el correspondiente presupuestos y tienen que ser aprobados por el Consejo Ciudadano Estatal”.

Matiza que los recibos eran correctos

Podemos se opuso frontalmente a la testifical de Cánovas, que ejerce la acusación particular en la causa tras denunciar que la formación “infló” una donación suya de 3.000 euros a la “caja de solidaridad” por la que después recibió un certificado en el que figuraba que su aportación había sido de 5.000 euros.

No obstante, en su comparecencia de hoy la ex senadora ha precisado que sí abonó al partido 5.000 euros en donaciones en el primer trimestre de 2018 -antes de que decidiera dejar de efectuar esas aportaciones-, pero ha añadido que en esa cantidad incluyó el pago de recibos atrasados del año anterior, por lo que pensó que el partido no se los imputaría a ese ejercicio. Pero, finalmente, Podemos incluyó todo ese montante como aportaciones de 2018, por lo que la testigo ha admitido su confusión y ha dado por bueno que la formación sí le giró los recibos por las cantidades efectivamente desembolsadas.

La defensa de la formación morada llegó a reprochar al juez que con diligencias como ésta estaba llevando a cabo una “auditoría” contra Podemos ante lo que considera “pública y notoria animadversión” de la ex senadora contra su antiguo partido.

Podemos echó en cara a Vox -que fue quien propuso su comparecencia- que de esta forma intentase “aprovechar la animadversión de la testigo” para intentar abrir nuevas líneas de investigación “sobre hechos de cualquier índole de los que puedan encontrarse nuevas ramificaciones” y atribuyó una intencionalidad política a esa iniciativa.

Pero Escalonilla replicó al partido -al ratificar la declaración como testigo de Cánovas- que en el “caso Neurona” no se investigan “hechos de naturaleza política” y consideró que está “fuera de lugar” alegar que la admisión de su comparecencia “pueda tener por objeto hechos de naturaleza política”.

Pidió la imputación de Belarra

El magistrado defendió que una vez reconocida su condición de perjudicada -algo a lo que se negó el propio instructor en un principio y que acabó admitiendo a instancias de la Audiencia de Madrid- por el supuesto desvío de 50.000 euros de la “caja de solidaridad” de Podemos a la asociación #404 Comunicación Popular, procedía interrogarle “sobre los hechos que en relación con tal cuestión pudiera tener conocimiento”. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez reabrir esa investigación al advertir indicios delictivos.

Además, el instructor también justificó su comparecencia en el conocimiento que pudiese tener “respecto de las funciones de la gerente” del partido, dado que la actual gerente, Rocío Val, está investigada en este procedimiento por administración desleal por autorizar el pago a varios altos cargos de dos complementos salariales de los que, además, resultó beneficiaria.

Al haber desempeñado el cargo de senadora, hizo hincapié Escalonilla, Cánovas “puede tener conocimiento de los hechos objeto de investigación en la presente causa al presumírsele un conocimiento más profundo por su parte respecto del funcionamiento de dicho partido”.

Como acusación particular, Cánovas pidió al instructor que imputase por administración desleal a la actual ministra de Derechos Sociales Ione Belarra por avalar supuestamente el reparto de sobresueldos irregulares entre algunos de sus dirigentes. La ex senadora calificó entonces estos hechos de “extrema gravedad” y los achacó a “una corrupción de toda la cúpula del partido”. “El partido se ha convertido en una propiedad privada de la Ejecutiva, que no respeta los estatutos y validad actos de disposición patrimonial de sus miembros porque son ellos mismos quienes los cometen”, denunció. “Es evidente que toda la ejecutiva está participando de los actos ilícitos que se están investigando, porque son quienes dirigen el partido, que es el perjudicado”, subrayó.