Colau arruina la Barcelona global

En el ecuador de la legislatura municipal, a la alcaldesa de Barcelona se le acumulan las carpetas económicas. El coronavirus, y su crisis derivada, ha acelerado procesos que ya estaban latentes en la sociedad civil y que han acorralado a Colau: la sucursal del Hermitage en Barcelona y la ampliación del aeropuerto. Algunos se arrastraban desde hace tiempo, como el museo, y otros han cogido vuelo esta semana tras la demostración de fuerza de los empresarios.

El Hermitage hace nueve años que se arrastra. Los promotores querían instalar una sucursal del emblemático museo de San Petesburgo, como ya ocurre en Amsterdam, en la Barceloneta, que comportaría una inversión de 50 millones, la creación de casi 400 puestos de trabajo y un edificio a cargo del arquitecto Toyo Ito. Hace un mes, el Puerto de Barcelona, promotor del museo, intentaba tentar a la alcaldesa con un paquete de medidas que incluía blindar la zona al transporte privado, financiar el refuerzo de la línea de autobús existente, crear lanzaderas por mar y tierra y acercar el museo en el barrio: con convenios de colaboración con las asociaciones vecinales y con contratación prioritaria en la zona. Ni con esas, la teniente de alcalde Janet Sanz aseguró que «la propuesta de movilidad del Hermitage no es compatible con la vida del barrio». La enésima negativa, sin embargo, colmó el vaso. El pasado 26 de mayo, el Consejo de Administración del Puerto de Barcelona, tras aliarse con el Gran Teatro del Liceo, aprobaba la concesión para sacar adelante el museo con el voto en contra del propio Ayuntamiento, Ante esta situación, el Gobierno municipal se valía deun legalismo dejaba sin efecto el convenio. «El Puerto se ha precipitado», señaló Janet Sanz que, sin embargo, mantenía la mano tendida a abrir una nueva etapa de negociaciones. El Liceo ha preferido enterrar el hacha de guerra mientras que el Puerto no tira la toalla e insiste en «un polo de carácter cultural». Las próximas semanas, por lo tanto, definirán si el Hermitage encuentra su sitio en Barcelona o vuelve a la casilla de salida.

El aeropuerto de Barcelona, en 2019, rozó el máximo de su capacidad. O lo que es lo mismo, con 51 millones de pasajeros la infraestructura se acercó a su tope de 55 millones. El plan director del aeropuerto ya contemplaba esta circunstancia y, para capearla, ponía sobre la mesa la posibilidad de construir una terminal satélite y ampliar en 500 metros una de las pistas. Aena ya se ha mostrado a favor de empezar estas obras siempre y cuando hubiese acuerdo entre administraciones y que tomasen una decisión antes de verano. Y nada más lejos de la realidad. La ampliación implicaría invadir La Ricarda, una zona protegida medioambientalmente. Mientras el mundo empresarial, como se demostró esta semana, urge a comenzar el proyecto, que implicaría una inversión de 1.700 millones y hasta dos puntos más de PIB, no ocurre lo mismo en la Generalitat y en el mundo municipal. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido pasar de puntillas sobre el asunto. No en vano, sus socios de gobierno, Junts, y sus socios de legislatura, la CUP, mantienen posiciones encontradas. El president se comprometió a crear una mesa de trabajo para poder llegar a un acuerdo lo antes posible, y no se ha mostrado ni a favor ni en contra. Las mayores resistencias a la ampliación, en cambio, radican en el mundo municipal y muy concretamente en los dos ayuntamientos más directamente implicados: Barcelona y El Prat de Llobregat. La alcaldesa de Barcelona, explicó hace dos días que, antes de sentarse a hablar, habría que reducir los vuelos cortos y sustituirlos por trayectos en tren. «Hay que reducir miles de vuelos del aeropuerto», dijo. Colau preferiría que Aena destinase lo 1.700 millones de la ampliación a transformar la red ferroviaria y situarla «a la altura del momento actual». El Prat, por lo tanto, también tendrá que esperar.