Puigdemont: un regreso antes de dos años

Las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, abriendo de par en par a Carles Puigdemont las puertas de un hipotético regreso a España han vuelto a situar en el centro del debate político (y jurídico) el escenario judicial que le espera al ex presidente de la Generalitat si decidiese poner un pie en nuestro país más de tres años y medio después de su fuga.

Hace solo unos días, el líder independentista recibió la buena noticia de que el Tribunal General de la Unión Europea levantaba de forma cautelar la suspensión de su inmunidad parlamentaria a la espera de pronunciarse sobre sus alegaciones. Una inmunidad como europarlamentario que, según su abogado, Gonzalo Boye, le permitiría regresar a España sin ser detenido aunque él –se curaba en salud– no se lo aconsejaba.

Y es que sobre Puigdemont –procesado por rebelión (ahora sedición) y malversación– pesa una orden nacional de detención que el Tribunal Constitucional se negó hace solo dos meses a dejar en suspenso. De ahí que su defensa sea consciente de que si cruza la frontera sería inmediatamente detenido y conducido ante el instructor de la «causa del procés», el magistrado Pablo Llarena, que debería decidir sobre su situación procesal.

Reforma del delito de sedición

Pero tras más de tres años y medio en rebeldía, el instructor acordaría previsiblemente su ingreso en prisión provisional, aunque está por ver si la medida cautelar se mantendría hasta que se celebrase el juicio contra el ex presidente catalán cesado, como todo su gobierno, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Aunque fuentes próximas a Puigdemont insisten en que un posible regreso voluntario no está ahora mismo en su cabeza, lo cierto es que por primera vez desde que se fugase a Bélgica, en el entorno del líder independentista sí se marcan al menos un plazo para su vuelta a nuestro país: dos años como máximo.

¿Qué puede pasar en ese tiempo que decida a Puigdemont a regresar? En primer lugar, la anunciada reforma del delito de sedición (castigado ahora mismo hasta con 15 años de prisión cuando quien lo comete es autoridad), que supondrá una notable reducción de las penas que conlleva su comisión. En ese caso, el líder soberanista sería juzgado con la norma penal en vigor al resultar más favorable.

Con ese escenario penal, Puigdemont afrontaría una menor petición de condena. Y es que aunque el delito de malversación –por el que también está procesado– está castigado también hasta con doce años de prisión si el montante de lo malversado supera los 250.000 euros, si consignara la cantidad supuestamente malversada se beneficiaría de la atenuante de reparación del daño, con la consiguiente rebaja en la pena impuesta.

Pendiente de Europa

La baza de Puigdemont también pasa por el hecho de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos termine tumbando la sentencia del Supremo. Y, en todo caso, confía en que los indultos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez conlleven la consideración en Europa de ese fallo como una sentencia «política».

Pero ese hipotético regreso motu proprio de Puigdemont pasa por alto que, aunque no decida dar ese paso, finalmente puede verse obligado a afrontar su situación judicial, dado que España sigue reclamando a Bélgica su entrega.

Por el momento, la Justicia belga ya se ha negado a poner al ex conseller Lluís Puig –refugiado en Bélgica al igual que Puigdemont– a disposición de las autoridades españolas. Una negativa que ha llevado al juez Llarena a plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que le aclare si, tras esa resolución, debe mantener la OEDE (orden europea de detención y entrega) cursada contra el ex president.

Los precedentes no invitan al optimismo del juez Llarena, que ya tuvo que retirar la primera euroorden después de que la Justicia belga amenazara con entregar a Puigdemont únicamente para que fuera juzgado por un delito de malversación.

Si el instructor del «procés» recibiera una nueva negativa, la situación procesal de Puigdemont quedaría en una especie de limbo –a la espera de la prescripción– siempre y cuando Llarena mantuviese la orden de detención nacional contra el líder independentista.