El Gobierno alega que mantener a Junqueras en prisión es un “claro obstáculo” para superar el conflicto

El Gobierno sostiene en el expediente en el que avala la concesión del indulto a Oriol Junqueras que su mantenimiento en prisión “se presenta como un claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto”. Su puesta en libertad, asegura, servirá “para avanzar sólidamente hacia la paz social y la plena garantía de la convivencia democrática”.

“El indulto, por sí solo, no resolverá el conflicto político en Cataluña”, asume el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el expediente -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, sino que “solo pretende facilitar un clima habitable para ir avanzando en soluciones”.

A lo largo de 33 páginas, se valora también la actitud mantenida por el líder de ERC “hacia la búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña, por lo que se considera que su actual apuesta por la vía del diálogo “parece a día de hoy decidida”. “Según se desprende de sus propios escritos y declaraciones en medios, durante los tres años y medio que lleva cumpliendo condena ha experimentado una evolución que le ha llevado abogar por el diálogo y la negociación como únicas vías posibles para la consecución de sus objetivos políticos”. “Actualmente, la literalidad de sus palabras refleja una clara apuesta por reconducir la acción política independentista a los cauces del diálogo y reconoce como indeseable cualquier acción no pactada con el Estado”.

“Reconoce errores”

Pero los argumentos para concederle la medida de gracia hacen especial hincapié en la reciente carta enviada a La Sexta y el diario Ara en la que “reconoce errores y acepta el indulto como una solución parcial” y juzga “indeseable e inviable” la apuesta por la vía unilateral “después de defenderla durante años”, lo que según ese informe “indica una evolución positiva del condenado en su tratamiento penitenciario”.

El Ejecutivo cree que hay un “mínimo riesgo” de que Junqueras reincida, pues se valora que pese a su “trascendental influencia que ejerce en la vida social y política catalana”, Junqueras “no ha vuelto a instigar o cometer ningún otro acto de semejante significado”. No obstante, el indulto se otorga bajo la condición de que no cometa más delitos graves en los próximos seis años.

Junqueras, se subraya en el expediente, “es uno de los principales actores políticos en la escena catalana”, una posición que le situó “como uno de los máximos responsables de los delitos cometidos con ocasión del referéndum ilegal y posterior declaración de independencia” pero que también hace de él “una persona clave para la restauración de la convivencia”. “Así se desprende del hecho de que, desde su entrada en prisión, haya seguido obteniendo importantes apoyos como candidato en diferentes citas electorales”.

El “valor simbólico” de su estancia en prisión

La propuesta recuerda además que el líder independentista ha cumplido ya tres años y siete meses de prisión, “un efecto de la sentencia que ni se puede ni se pretende borrar”. Pero, al mismo tiempo, recalca que su estancia en la cárcel “ha tenido y tiene, como es notorio, un importante valor simbólico para el independentismo y para quienes, no siendo independentistas, consideran injusta esa situación”.

“Dadas las profundas implicaciones sociales que este caso presenta y el relevante papel político” de Junqueras en el marco de la sociedad catalana -añade- pocas dudas caben sobre el extraordinario peso de los motivos de interés general a tener en cuenta a la hora de decidir sobre la concesión de este indulto”.

Del mismo modo, pese a que el Ejecutivo eche en cara a los condenados que se olvidaran de los catalanes no independentistas al llevar adelante su desafío al Estado, precisa que una vez estos en prisión, “la democracia española no los puede olvidar a ellos, entre otras razones, porque tampoco los han olvidado varios cientos de miles de catalanes que, de manera constante, votan a opciones políticas que protagonizaron y defienden aquellos hechos de septiembre y octubre de 2017”. Ahora, con el indulto, “esos ciudadanos podrán ver en libertad a sus líderes y comprenderán que la democracia española les da cauce para expresar sus opiniones en libertad y para defender sus ideas con normalidad”.

“Normalizar la política” en Cataluña

La propuesta de indulto esgrime “la acuciante necesidad de responder, cuanto antes, a la profunda crisis social y política que, desde hace demasiado tiempo, viene condicionando y erosionando la paz social y la garantía de la convivencia democrática en Cataluña y, por extensión, en toda España”. El Gobierno afirma que quiere “normalizar” la política en Cataluña y ve los indultos “un paso decisivo en esa dirección”.

Y también se refiere a los informes contrarios tanto del Tribunal Supremo como de la Fiscalía: “La motivación y la perspectiva política y social que, sin duda, ha de manejar el Gobierno para la toma de su decisión -muy especialmente en este caso- no han estado presentes en la valoración realizada por el Ministerio Fiscal y el Tribunal sentenciador. Su posición constitucional es otra y quizá por ello ninguno de los informes trata los motivos de utilidad pública que concurren en el presente caso”.

Porque para el Ejecutivo “pocos propósitos son tan dignos de ese título como el de restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes o dar una oportunidad para restaurar las relaciones entre Cataluña y el resto de España”.

La sociedad catalana “no lo entendería”

Y es que la denegación de la medida de gracia, aventura, “traería consigo, sin duda, la agravación y cronificación del conflicto” porque gran parte de la sociedad catalana, “incluso no independentista, no entendería, en un momento como el actual cuando se inicia una nueva etapa política en Cataluña, que el Gobierno central permaneciera inactivo”.

“Existen antecedentes históricos -recalca- que evidencian los resultados en Cataluña de la inacción política y del bloqueo del diálogo”. “De hecho, la historia reciente de las relaciones entre Cataluña y el resto de España -añade- está marcada por el desencuentro y la judicialización derivada de la inacción del Gobierno de España del momento”.

De ahí que el Ejecutivo no aprecia que la concesión del indulto ante lo que considera una “innegable razón de utilidad pública” vaya a provocar “ningún efecto pernicioso e irreversible a los valores de la Justicia” ni que debilite el estado de derecho. “Antes, al contrario, el perdón de la pena que conlleva es muestra evidente de su fortaleza”.