Indultados por «el bien de España»

El Gobierno de Pedro Sánchez culminó ayer la que será la medida que marcará la legislatura y su impronta en el poder. En Moncloa son conscientes de la trascendencia de los indultos y presumían, recordando que «los gobiernos socialistas toman decisiones difíciles que se entienden más con el paso del tiempo». «Esta es una de ellas», sentencian. Y lo hacen porque, a día de hoy, la opinión pública es mayoritariamente contraria a la concesión de la medida de gracia a los líderes del «procés». En el Gabinete se escudan en que esa percepción está cambiando y que «cada vez se entiende más», porque «es la mejor decisión que podemos tomar». Esto, a pesar de que el propio presidente defendiera en el pasado que las condenas se cumplirían «íntegramente».

Desde que Sánchez llegara al poder, se marcó como objetivo abordar la problemática catalana. Casi por causa de fuerza mayor debía intentar dar una salida, dada su dependencia parlamentaria de ERC. Ahora, culminada la vía judicial, que aseguran –resignados– «haber recibido en herencia», abren una «vía política» para dejar sin efecto parte de la sentencia judicial. «El Gobierno tiene la facultad de la medida de gracia cuando considera más conveniente que la pena sea indultada, antes que el cumplimiento de la pena», aseguran.

En Moncloa son conscientes de que es prematuro anticipar el éxito de la maniobra activada ayer desde el Consejo de Ministros, pero auguran que solo es el principio: «Es el primer paso, no el final del camino». Un inicio para «restablecer la concordia y la normalidad en Cataluña». «Debemos normalizar las relaciones institucionales y afectivas entre España y Cataluña. Mejoraremos la situación política y también la situación económica que se ha visto golpeada por el “procés”», destacan. En todo caso, en el Gobierno confían en que los indultos serán una suerte de desatascador del problema. «La prisión era el principal escollo para hablar entre españoles y catalanes. La prisión era un callejón sin salida que se planteaba siempre por parte de los independentistas», revelan, ubicando los indultos como la palanca que consiga «generar un clima propicio» para la interlocución.

Una interlocución que tendrá su extensión en la reunión que mantendrán «la próxima semana o la siguiente» Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Moncloa y que servirá para desbloquear también la convocatoria de la «mesa de diálogo», que en el Ejecutivo central no prevén, en todo caso, que se pueda activar hasta septiembre. En este foro de diálogo, los soberanistas volverán a plantear cuestiones que exceden la legalidad –amnistía y referéndum de autodeterminación–. Aún conscientes de sus exigencias fuera de la ley, en el Gobierno activan los indultos con la «absoluta convicción» de que «no lo volverán a hacer». «Lo tenemos claro», presumen. Esto se debe, según reconocen, a que han tomado una serie de «precauciones». Entre ellas, mantener la inhabilitación, porque, aunque se perdonan las penas de cárcel, «las inhabilitaciones absolutas no se tocan. No hay merma en esos tiempos», reseñan.

A esto hay que sumar la «condicionalidad» de la medida de gracia, como la «salvaguarda del buen fin del indulto que se concede». Esta condicionalidad a la reiteración delictiva va vinculada a las circunstancias personales de cada uno de los condenados y, en ella, sí ha pesado el arrepentimiento o la renuncia a la vía unilateral.

De este modo destaca, en ponderación con otros condenados, que «los Jordis» –Sánchez y Cuixart– sean los que tienen una condicionalidad mayor –cinco años– con respecto a la gravedad de sus penas. Estos líderes políticos amenazaron explícitamente con volver a la ilegalidad, en contraposición con otros como Oriol Junqueras o Dolors Bassa que sí han abandonado esta vía. En cualquiera de los casos, si desde que hoy se publiquen en el BOE, alguno de los indultados cometiera un delito grave –castigado con más de cinco años–, la medida de gracia quedaría sin efecto. Está previsto que, tras esta publicación y que se dé traslado al Supremo, los líderes del «procés» puedan salir hoy mismo de prisión.

«El independentismo es consciente de que no lo puede volver a hacer, porque aquello fue llevar a la sociedad a un precipicio», aseguran, explicando que también los independentistas lo asumen en público y en privado. A la condicionalidad, la inhabilitación y la percepción de la deriva soberanista se suma la respuesta del Estado de Derecho que, en caso de que se vuelvan a cometer hechos similares, tendrá una respuesta igual de contundente. En Moncloa, no obstante, rechazan que el indulto sea una rectificación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el «procés», una sentencia que desde Justicia califican de «magnífica» y que, en ningún momento, tal como publicó este diario, se cuestiona o enmienda en la argumentación de los expedientes. «La sentencia se acata. No va a existir ningún elemento de contradicción con la sentencia, porque se asume en su integridad», señalan.

Se reconoce asimismo la «gravedad» de los hechos que se cometieron en 2017 y que han sido condenados, pero inmediatamente se pone el acento en la incomprensión que generan las penas de cárcel. No solo en Cataluña o en España, sino también fuera de nuestras fronteras. «Que haya líderes en prisión es algo muy excepcional, que no se entiende ni en Europa ni el resto del mundo. No se entienden penas tan elevadas para líderes políticos», argumentan. Un «castigo» que les permite abundar en su estrategia de victimismo y les da argumentos para sus postulados y para la desafección. «La prisión era un impedimento para volver a establecer relaciones de normalidad», se vuelven a justificar en Moncloa, a lo que se apunta. «El 1-O fue un gran día para los independentistas, hoy –por ayer– es un día en el que les restamos argumentos. Hoy España tiene más argumentos que los independentistas», se defienden.

Una decisión que se hace «con el cerebro y no desde las vísceras» y que, aunque sea «compleja» el Gobierno la activa porque «hay que hacerla». «El Gobierno de España toma la iniciativa, algo que no ha pasado en años, hemos planteado una propuesta para acabar con la crispación. Hemos dado un paso, ahora le toca al independentismo», reclaman. Un paso que no requiere una rendición ni que renuncien a sus ideas soberanistas, pues entienden que éstas caben en la Constitución. En el Gabinete miran a las mayorías que se obtuvieron con el Estatut como un horizonte de posibilidad. Una solución transversal que consiguió articular a más del 70% de la sociedad. En el Ejecutivo central están dispuestos, tal como publicó LA RAZÓN, a retomar la negociación para un nuevo Estatut con mejoras en financiación y en blindaje de competencias.

En Moncloa se zafan de las críticas por la falta de arrepentimiento, asegurando que no haber concedido los indultos, solo hubiera contribuido a «cronificar la situación» y que la decisión no podía «depender de la voluntad de unas personas, de si se arrepienten o no, cuando es una decisión buena para el país». En la argumentación de la medida de gracia, el Gobierno sí se defiende de las críticas que recibió por parte del Supremo en su informe desfavorable a la concesión de la misma, asegurando que no se trata de un autoindulto, porque este concepto se debe entender «restrictivamente» solo para miembros del Gobierno o el propio jefe del Ejecutivo y no para los socios de la coalición.

Tampoco que se trata de un indulto colectivo, a pesar de que se trate de los mismos delitos y las mismas penas conmutadas, porque estos indultos se entenderían colectivos, si se concediesen a un «colectivo propiamente dicho». Estos serán los argumentos que, con toda seguridad, podrían servir para los recursos de los partidos de la oposición.

Sin embargo, en Moncloa no creen que estos recursos vayan a prosperar. De hecho, se muestran «absolutamente convencidos» de que esto no va a ocurrir. En concreto, porque han seguido de manera «escrupulosa» el procedimiento y porque entienden que 34 folios de argumentación, por indultado, son suficientes para motivar la decisión. Una decisión «política», recuerdan, sobre cuyo fondo el Tribunal Supremo no se puede pronunciar, solo sobre si está suficientemente justificado. En Moncloa respetan la potestad del Supremo para decidir sobre los eventuales recursos, pero recuerdan que «la gracia no es revisable» y que el Gobierno la concede como «cúspide del poder político».