El fiscal no acudió al interrogatorio de un cargo de la máxima confianza de Carles Puigdemont

El fiscal Fernando Maldonado no acudió a la declaración como investigado de David Madíante el magistrado de Barcelona que investiga el “caso Voloh”, Joaquín Aguirre. Este integrante del conocido como “estado mayor” de Carles Puigdemont prestó testimonio el martes de la semana pasada ante el juez encargado de las pesquisas, Joaquín Aguirre, que durante la instrucción no ha contado con el apoyo del Ministerio Público.

En concreto, la Fiscalía se ha opuesto hasta en tres ocasiones a la petición de la Guardia Civil de realizar escuchas telefónicas y seguimientos a varios de los investigados, en concreto a Xavier Vendrell, David Madí y Xavier Vinyals, acusados de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Sin embargo, el instructor, Joaquín Aguirre, autorizó los pinchazos y la colocación de balizas y micrófonos en los vehículos, que han permitido descubrir las presuntas irregularidades.

El Ministerio Público consideraba que la reclamación de la Guardia Civil era “una petición precipitada”, por lo que solicitaba más indicios para “autorizar una medida tan gravosa”. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha avalado hasta en seis ocasiones las decisiones adoptadas por el juez, según se desprende de las resoluciones judiciales a las que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Una fantasía

Fuentes presentes en la declaración explicaron a Europa Press que Madí tachó la supuesta ayuda de Rusia al “procés” de fantasía y ha asegurado que en la misma conversación telefónica que consta en la causa ya no le dio credibilidad.

Se trata de una conversación con el presidente de la fundación Catmón, Víctor Terradellas, intervenida por la Guardia Civil, que el juez mencionó junto con otras escuchas en el auto en que afirmaba que Rusia supuestamente ofreció al expresidente Carles Puigdemont 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana si declaraba la independencia.

Plataforma de criptomonedas

Madí, investigado en esta causa de presunto desvío de fondos al independentismo, también negó haber participado en el impulso de una plataforma de criptomonedas con la que la Generalitat supuestamente pretendía garantizar estabilidad financiera y evitar el control del Estado en los movimientos de capital.

Este exdirigente de CDC fue uno de los 21 detenidos por esta causa en octubre de 2020 y quedó en libertad tras pasar a disposición judicial, cuando se acogió a su derecho a no declarar, pero después pidió declarar voluntariamente ante el juez.