Un juez investiga una adjudicación del fugado Comin al empresario que escondía la nueva hoja de ruta

El juez que instruye el “caso Voloh” sobre la presunta corrupción de la Generalitat de Carles Puigdemont, investiga la prórroga de un contrato que firmó el 16 de noviembre 2016 el entonces conseller de Sanidad, Toni Comin, con una empresa vinculada a Xavier Vendrell, el exconseller de Gobernación de ERC a quien la Guardia Civil requisó la “nueva hoja de ruta” del ‘procés’.

La Guardia Civil descubrió tras las detenciones y los registros que llevó a cabo el 28 de octubre de 2020 un documento en el que el exconseller fugado Toni Comin prorrogaba por 23.793 euros un contrato de 2014 en el que la Generalitat había adjudicado a la sociedad Certificación de Lesiones España SL el servicio para realizar visitas médicas y pruebas complementarias “con los informes correspondientes para las evaluaciones médicas efectuadas para el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM)”.

Quien firma esta prórroga en nombre de la empresa fue Vendrell, a quien en el sumario de la causa investigada por el juez Joaquín Aguirre se le llega a considerar como una persona de “máxima confianza” de Pere Aragonès, el nuevo presidente de la Generalitat.

Incapacidad laboral

Las fuentes consultadas apuntan que el juez trata de determinar si Vendrell pudo haber desarrollado una actuación corrupta con el ICAM, para el que valoraba las enfermedades a los efectos de declaraciones de incapacidad laboral.

Esta no es la primera vez que aparece el nombre de esta empresa, ya que la Guardia Civil ya puso de manifiesto que Vendrell, con una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba Certificación de Lesiones España SL, “intentó obtener un trato de favor de altos cargos del Departamento de Salud”. Entre 2018 y 2019 esta UTE recibió 442.672 euros del ICAM.

Y tras una denuncia presentada por una empresa, Vendrell “no duda en afirmar que hablará con el Departamento, se infiere que para lograr un trato de favor. Tanto es así que el 2 de octubre de 2020 se reunió con [la exconsejera] Alba Vergés en un encuentro que duró más de tres horas y del que le dijo a su esposa que había ido muy bien. Vendrell quería hacerle algunas reflexiones que seguramente iban encaminadas a obtener un trato de favor respecto a la adjudicación del ICAM”, completa el juez.

El concurso ya estaba firmado

Precisamente, en una llamada de 25 de octubre de 2019, grabada por la Guardia Civil la subdirectora del ICAM, Lidia Domingo, informó a Vendrell de que el concurso ya estaba firmado: “Además, le advirtió de que tengan cuidado con los tiempos de entrega (de realización de pruebas) que se han establecido, porque por eso han ganado el concurso. Que la gente que ha dicho que hacía las pruebas en 24 horas ha ganado a la que ha dicho que lo hacía en 72 horas”, destaca un auto de 27 de octubre de 2020, mediante el cual el magistrado Aguirre justificaba el registro del despacho de Lidia Domingo.

Además, la Autoridad Catalana de la Competencia llegó a incoar un expediente sancionador a las sociedades Certificación de Lesiones SL y Klynos SL. La Dirección General de este organismo catalán tuvo acceso “a determinada información relacionada con una presunta conducta restrictiva de la competencia [...] por parte de las partes mencionadas, las cuales, presuntamente, habrían coordinado sus actuaciones en la presentación ofrecidas en una licitación pública para proveer servicios médicos promovida por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña”, especifica el expediente de 2019, que sostiene que “existen indicios racionales de la comisión, por parte de las partes presuntamente responsables, de una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia de Cataluña”.

No dispone del material exigido

En una de las grabaciones Vendrell llega a reconocer que no dispone del material técnico exigido: “Tanto es así que llegó a comentar que tenían que encontrar, comprar, alquilar o lo que fuese el material técnico requerido en el concurso. Que tienen que comprarlos ya. De hecho, Vendrellafirma que en su primera licitación con el ICAM en Lleida su empresa sólo era una dirección, no tenía nada comprado y que cuando se lo adjudicaron compró el laboratorio y punto”, completa el instructor en el auto de 27 de octubre.

Además, en las grabaciones Vendrell deja entrever que el funcionamiento del ICM era “irregular pues estaría derivando pruebas a centros privados a través de mutuas de viva voz y que no los pueden pillar, es muy difícil poder pillarlos, es muy difícil”, según indica la transcripción de las conversaciones incluida en el sumario del “caso Voloh”.