El juez del “caso Ghali” estrecha el cerco sobre Exteriores

El juez que investiga si Brahim Ghali entró en España el pasado 18 de abril con documentación falsa afronta una jornada decisiva en la instrucción del caso, tras el parón vacacional, con dos declaraciones clave. Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, interrogará hoy en calidad de imputado al que fuera jefe de Gabinete de la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya, el diplomático Camilo Villarino, y al teniente general del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez, en este caso como testigo. Y lo hará con la cadena de WhatsApp que ambos intercambiaron ese 18 de abril en su poder, adelantados el pasado viernes por LA RAZÓN.

Villarino fue el encargado de ordenar al mando militar que no se solicitase la documentación pertinente al líder del Frente Polisario (aunque en los mensajes cruzados entre ambos en ningún momento se le identifica por su nombre) cuando su avión aterrizase en la base aérea de la capital aragonesa.

Dicho y hecho. Ghali –investigado en esas fechas en la Audiencia Nacional por delitos de torturas, detención ilegal y genocidio– entró en nuestro país para recuperarse del Covid sin presentar su pasaporte y obviando el habitual control de aduanas. Sin embargo, Lasala considera que no hay indicios de que el mando militar supiese que «la persona que llegaba a España tuviera o no pasaporte diplomático o estuviera exento por cualquier causa del control de pasaporte y de aduana».

El juez fijó en un principio la declaración de ambos para el pasado día 1, pero finalmente decidió postergarla (el segundo jefe de Estado Mayor del Aire adujo que le resultaba imposible comparecer en esa fecha, pues esa semana tomó posesión como representante militar español en Bruselas (Milrep) ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea.

La acusación popular que ejerce el abogado Antonio Urdiales –que impulsó la denuncia– ya ha pedido al instructor que el mando militar declare como investigado. Y es que el letrado mantiene que el contenido de los WhatsApp resulta «tan ilustrativo que es indiferente que el citado general conociese o no que en el avión argelino viajaba el investigado Ghali», pues «ordena incumplir todos los preceptos del Reglamento de Fronteras de Schengen» ante lo que considera «un plan perfectamente elaborado con anterioridad por los superiores de Villarino y del propio general para introducir subrepticiamente a Ghali en España».

El líder del Frente Polisario fue ingresado el mismo 18 de abril en el hospital San Pedro de Logroño, permaneciendo hasta el pasado 1 de junio, horas antes de regresar de madrugada a Argelia desde el aeropuerto de Pamplona.

Viaje «diplomático»

La acusación popular cuestiona que la Abogacía del Estado haya asumido la defensa de Villarino, algo que considera que solo tiene como objetivo «impedir que la investigación hacia los verdaderos responsables resplandezca». Y es que según el letrado de la acusación popular –que ha recurrido esa decisión–, el diplomático no puede ser defendido por la Abogacía del Estado por que «no actuó en el legítimo ejercicio de su cargo», sino que supuestamente «infringió todas las normas del Código de Fronteras de Schengen implicando a terceros de gran prestigio, ajenos a los hechos, provocando un conflicto diplomático con el Reino de Marruecos de proporciones épicas, causando un perjuicio económico, todavía sin valorar, de varios millones de euros».

El que fuera segundo jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire aclaró al instructor el pasado 13 de julio de que las comunicaciones con Exteriores «se realizaron telefónicamente, tanto verbales como a través de la aplicación WhatsApp», lo que llevó al magistrado a reclamar esas conversaciones íntegras. Según expuso en ese escrito, él se encargó personalmente de trasladar al general jefe de la Base Aérea de Zaragoza la orden de Exteriores de que no se controlase la documentación del líder del Frente Polisario, cuya entrada en nuestro país se amparó en razones humanitarias y en el marco de un viaje de carácter «diplomático».

Villarino también dio su versión por escrito al instructor, afirmando que el teniente general Fernández Sánchez le preguntó ese 18 de abril «sobre las 17:30 horas si queríamos que se hiciera trámite de aduanas o inmigración», limitándose a indicarle «que no era preciso, siendo esta respuesta perfectamente coherente tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente aplicable».