La Audiencia Nacional bloquea una cuenta en Suiza relacionada con el exembajador español en Venezuela

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha ordenado el bloqueo oficial de las cuentas en Suiza del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, quien está siendo investigado por presuntos cobros millonarios de la petrolera venezolana PDVSA. La decisión del magistrado se produce después de que la Fiscalía suiza respondiera a una comisión rogatoria que dejaba al descubierto un montante de 4.921.875 millones de euros de una fundación relacionada con el que fue diplomático en la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En una providencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado además inicia una nueva ronda de declaraciones para la próxima semana (miércoles, jueves y viernes) con seis nuevos testigos. La Audiencia Nacional lleva desde 2019 siguiendo el rastro del dinero que Morodo y su entorno recibieron, presuntamente, de PDVSA «carente de justificación real y lógica comercial», según los investigadores.

En la comisión rogatoria remitida desde Suiza el pasado 9 de septiembre se aporta documentación sobre una Fundación llamada Ayacucho que se relaciona con el exembajador. La información procede del banco helvético Zarattini Bank que calcula que, a fecha de diciembre de 2020, el patrimonio ascendía a 1.282.138 millones de euros líquidos y otros 3.640.727 en acciones. Es decir, cerca de 5 millones de euros que las autoridades Suizas relacionan directamente con Morodo.

La Fiscalía Federal de Berna concretó en un ‘pendrive’ los datos bancarios que había pedido el juez Santiago Pedraz cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 1, que lidera la investigación, y comunicó, además, que mantenía las cuentas bloqueadas de forma provisional desde septiembre de 2019. Ahora, el juez Abascal -sucesor de Pedraz en este momento- ha ordenado congelar definitivamente estas cuentas a la espera de terminar de desbrozar los delitos fiscales. La Fiscalía ya apuntó durante la investigación que estos hechos podrían ser constitutivos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. La Policía sostiene que Morodo para enriquecerse contrató a dos socios como Carlos Adolfo Prada y Juan Carlos Márquez. Este último se suicidó en Madrid en unas extrañas circunstancias, después de confesar al juez que «saquearon» PDVSA al tiempo que abonaron comisiones a jerarcas venezolanos.

En julio Abascal decidió dar un nuevo impulso a la causa con una ronda de citaciones del exembajador y otras 23 personas (18 en calidad de testigo y cinco como investigados). Por el momento tanto Morodo como hijo, que está en el centro de la investigación, se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que su mujer justificó su patrimonio en términos de herencia familiar. También ha comparecido ya como testigo el exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, quien se desligó de cualquier vínculo con Morodo. La causa todavía está a la espera de de otra comisión rogatoria de Estados Unidos.