García-Page: «Casado se va a consolidar y puede ser un claro desafío y alternativa al Gobierno»

Cinco años después de que el PSOE se rompiera en dos mitades, en el traumático Comité Federal que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, el partido encara este fin de semana en Valencia un cónclave marcado por la euforia y la reconciliación. Quien fuera uno de los líderes del sector crítico al secretario general analiza las claves del contexto político actual.

Celebran el 40º Congreso de «la unidad», ¿hay heridas que todavía supuran?

Hay un ambiente interno de cohesión. El problema no está en que todo el mundo piense lo mismo, sino en que se permita pensar con matices y de forma distinta y ahora se ha asumido que España es plural y el PSOE también.

¿Se permiten esos matices?

Se convive mucho mejor que cuando hay debates centrados en personas. Ese fue el debate de hace unos años. Hoy nadie va a plantear ni encaja un debate de liderazgos, lo que hay es un planteamiento de qué es lo más acertado para la ciudadanía, que entienda que gobernamos para todos.

¿Los ciudadanos no perciben que se gobierna para todos?

Hay demasiado extremismo y hostilidad en la política española. Está todo muy polarizado y hay demasiada incomunicación parlamentaria. El Gobierno no se puede dejar llevar por la demagogia, que a veces está permitida en la oposición. Es más importante que el PSOE gobierne para todos, amplíe la perspectiva y haga que cada vez haya más gente que se sienta cómoda dentro de nuestros planteamientos. La socialdemocracia no asusta a nadie y refugia a la mayoría.

¿Esa ampliación de perspectiva tiene que venir por el centro?

No es un problema de geografía electoral, es un problema de actitud. Tiene que ser una actitud moderada, incluyente, no sectaria... con vocación de grandes planteamientos de país y acuerdos de Estado. Sobra radicalidad en España que no conduce a nada, pensando que el que dice «no» a todo es un síntoma de fuerza, cuando en realidad, en las sociedades democráticas, lo que refleja fuerza es llegar a acuerdos y ceder. No son buenos tiempos para la moderación.

Ahora se ha llegado a un acuerdo, para la renovación de los órganos constitucionales.

Un acuerdo amplio, pero parcial. El problema es que España vivía bajo un modelo de estabilidad sobre la base de dos grandes formaciones políticas y de ahí se pasó vertiginosamente a un problema de implosión atómica y de fragmentación que ha hecho que ahora sea muy difícil conseguir acuerdos.

En este caso, se han puesto de acuerdo PP y PSOE.

Sí, pero las dificultades para llegar a acuerdos se deben a más factores, no solo a dos partidos, sino a los retrovisores izquierdos y derechos de cada formación. No estoy reclamando una vuelta al bipartidismo, pero España tendrá que volver a valorar la estabilidad como un elemento fundamental para avanzar.

¿Por dónde pasa esa estabilidad?

Pasa por partidos que tengan representación en todo el territorio, discurso para el conjunto de España y andamios que cubran todo el edificio español. Eso solo lo pueden hacer el PSOE y el PP. Que entiendan que son partidos grandes, si ponen por delante el interés de España al suyo propio

¿Qué le parece el sistema de que los jueces elijan a los jueces?

La Constitución deja muy claro que el poder reside en el pueblo. Tenemos una división de poderes, pero los tres poderes tienen que verse reflejados en la decisión de la ciudadanía, en su elección. El Poder Judicial es un poder y como tal tiene que estar sometido a la soberanía popular.

Sobre esa separación de poderes, ¿le consta que se esté pensando en cómo abordar la situación de Puigdemont?, como reconoció el ex presidente Zapatero.

El problema de convivencia que se produce en Cataluña y de Cataluña con el país requiere, obviamente, de decisiones políticas, pero el comportamiento de Puigdemont ha sido de violencia constitucional y de alteración del orden legal y tiene que tener una sanción penal. Las sentencias no son negociables, los políticos no podemos negociar ni mercadear con las decisiones judiciales. O se cumple o no se cumple la ley.

A él no se le ha juzgado todavía...

El político tiene capacidad para cambiar la ley, lo que no puede decidir es a quién se le aplica y a quién no. Podemos decidir las leyes, pero lo que no podemos decidir es quién se las puede saltar. Por tanto, seré claramente contrario a la posibilidad de que haya una solución política a la situación de Puigdemont, sin antes haber comparecido ante la Justicia y haberse sometido a los tribunales.

¿Y la «mesa de diálogo»?

El Estado solo puede hablar de aquello para lo que le mandata la Constitución. Todo lo que se hable fuera de la Constitución es tertulia.

¿Y la posibilidad de votar un referéndum sobre el Estatut?

El Estatuto es una norma supeditada a la Constitución y debe caber en la Constitución, pero ahí no está el problema, eso no les vale a los independentistas. Los independentistas lo que quieren es poder decidir por su cuenta y eso es algo que no va a pasar nunca. Si alguna vez hay que votar la posibilidad de que Cataluña pueda decidir por su cuenta, lo que ya de por sí rompería la Constitución, eso lo tenemos que votar todos los españoles.

¿Conviene que Don Juan Carlos dé explicaciones?

La opinión sobre el Rey Juan Carlos, sea en un sentido o en otro, ya la tiene clara todo el mundo. Y, desde el punto de vista judicial, creo que es muy improbable que pueda haber ningún tipo de procesamiento, porque directa o indirectamente toda la actuación del Rey Juan Carlos está afectada por el principio de inviolabilidad.

¿Modificaría la inviolabilidad?

No, todos los jefes de Estado tienen un principio de sometimiento a la ley. Todo lo que estoy viendo tiene relación con su estatus de jefe Estado y con las influencias que se tienen como jefe del Estado. No estoy apreciando en este caso un papel nítidamente claro entre la persona y la Corona, eso es lo que hace daño. Evidentemente, la imagen que se está transmitiendo ha perjudicado. Cuanto antes se resuelva el trámite judicial, mejor, con todas las garantías judiciales.

¿Y su vuelta a España?

El Rey Juan Carlos puede venir cuando quiera, porque tiene libertad de movimientos y sus derechos en plena vigencia. Si no lo hace es por ayudar al Rey Felipe, a la Corona y al país. Está intentado no estorbar, no distorsionar. Creo que ni Felipe VI, ni la Corona, ni la propia trayectoria del Rey Juan Carlos, ni el país merecen que se dilaten procesos que, por su trascendencia, deberían estar resueltos lo antes posible.

El 12-O hubo una abrumadora pitada al presidente del Gobierno, ¿ha perdido el favor de la calle?

No se puede confundir ese escenario con el del país.

También le han pitado en otros puntos de España...

Pitar es fácil. La democracia española no debe basar su opinión ni en el ruido ni en las redes sociales.

¿La factura de luz está achicharrando al Gobierno?

Es evidente que está haciendo daño. Hay un déficit de explicación y de mensaje. Esto requiere escuchar a todos, también a las eléctricas, porque a las eléctricas, si no se les escucha, se hacen escuchar en los tribunales y hasta ahora han ganado todos los pleitos. También hay que trabajar con urgencia en un modelo nuevo. Esto ya no admite parches.

El Gobierno confía en reeditar la mayoría de la investidura en los Presupuestos...

Si hay algo en lo que estoy vigilante es en el precio que exigen los independentistas para que no haya ningún tipo de exceso. Si hubiera otro ambiente, podrían ser negociados entre los principales partidos, pero hay que ser realista. La oposición siempre encuentra pretextos para no escuchar y lo que hay que hacer es sacar los Presupuestos con el menor peaje posible. Estos Presupuestos son el pasaporte para acabar la legislatura; los siguientes, posiblemente no los veamos.

¿Es Yolanda Díaz una amenaza?

Me cae bien y le está echando valentía para recoger el guante de un proceso que ha heredado de Pablo Iglesias. Ha bajado la inflamación ambiental con la despedida de Iglesias, que es una persona inteligente y capaz, pero que él mismo ha reconocido que introducía muchos factores de hostilidad.

La batalla por la financiación autonómica supera las siglas...

Es totalmente legítimo reclamar junto a otras comunidades autónomas el modelo que creemos que es más justo para nuestros intereses. Cualquier modelo de financiación que no contemple la variable, no solo de la población, sino las condiciones de renta y superficie en la que vive la población, atenta contra el principio de suficiencia financiera de las comunidades autónomas y, por tanto, es inconstitucional.

¿Existe «madrileñofobia»?

No, la ciudadanía de Madrid ha sido siempre muy empática, pero el debate político se está complicando. Todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, también las autoridades de Madrid. Madrid no se puede convertir en el problema de todos.

Pero vemos un choque continuo entre Moncloa y Sol...

Los debates internos del PP nacional han supuesto patadas en las espinillas de los ministros del Gobierno y consisten en ver quién se mete más con Sánchez. En la permanente pelea Gobierno y Madrid hay reciprocidad, dos no pelean si uno no quiere.

¿Ve en Ayuso hechuras de líder nacional?

En el PP es muy querida, ha generado una empatía en la opinión pública más allá de Madrid, pero personalmente pienso que no le va a plantar cara a Casado. Una cosa es pesar en la política nacional y otra plantarle cara. Casado se va a consolidar en el espacio del PP y, aunque hoy no lo es, puede llegar a ser un desafío claro para el Gobierno y –en un momento dado– alternativa. Casi es condición necesaria para llegar a La Moncloa que te subestimen.

¿Hay margen para darle la vuelta a las encuestas?

Las encuestas lo que reflejan es que el debate sigue siendo que el Gobierno de España no se va a resolver en el partido, sino en los penaltis. Los gobiernos, en los últimos años, no son grandes goleadas de votos, sino una prórroga en la que hay que tirar los penaltis.