Una pandemia sin Congreso

Si algo ha caracterizado nuestra vida desde marzo de 2020 ha sido la incertidumbre. Nos acostumbramos a vivir con el no saber. No saber cuándo podríamos salir a la calle, no saber cuándo volveríamos a viajar, no saber cuándo recuperaríamos parte de nuestras costumbres y rutinas. Y parece que vamos camino de perpetuarlo si no somos capaces de concretar qué ha ocurrido a lo largo de este tiempo y cómo hemos reaccionado ante las adversidades. A estas alturas ya es una evidencia que el Congreso quedó relegado a un segundo plano durante lo más duro de la pandemia y perdió su capacidad de control al Gobierno, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional respecto al primer estado de alarma (la decisión sobre el segundo, que llegará en breve, se prevé aún más dura). La Cámara Alta eludió la función de contrapeso, que la Constitución le encarga, con los votos del PSOE y sus socios y, ahora, una vez que la crisis se va estabilizando, llega el momento de ver qué sucede con los mecanismos de evaluación que se han ido articulando en estos meses. El 16 de junio de 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado para realizar una auditoría de la respuesta al virus. Los objetivos eran dos: conocer las lecciones aprendidas para afrontar otras futuras crisis y mejorar la coordinación de las administraciones para optimizar la gestión de los fondos “Next Generation”. Unos meses después de aquello, en octubre, hace ahora exactamente un año, se cerró el acuerdo, pero hasta ahora no se ha puesto en marcha. La comisión permanece bloqueada.

Sin legislación «ad hoc»

En la misma situación se encuentran las conclusiones de la Comisión para la reconstrucción que se constituyó en julio de 2020 y que incluía cuatro áreas: sanitaria, económica, de asuntos sociales y las relativas a la Unión Europea. Las decisiones alcanzadas por los distintos grupos parlamentarios en cada uno de estos ámbitos aún están pendientes de ejecución y desde el PP han defendido en numerosas ocasiones la necesidad de activarlas para reaccionar con mayor eficacia ante próximos retos. En este sentido, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, insiste en recuperar el debate sobre las regulaciones pendientes como la ley de pandemias (que registró su partido) o la modificación de la Ley de Salud Pública, que continúan en el letargo parlamentario. Y aunque esta semana se ha reunido la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas, la decisión de ampliar el plazo de presentación de comparecientes y el plan de trabajo retrasa, de nuevo, su funcionamiento.

La lentitud, cuando no directamente la parálisis, en la activación de estos mecanismos de evaluación en el Congreso supone no solo dejar en el limbo el control a las actuaciones ya realizadas por el Gobierno a lo largo de la pandemia, sino, además, añadir un plus de incertidumbre de cara a futuras situaciones de peligro. Por estos motivos, el diputado del PP, José Ignacio Echániz, además de lamentar que «no se ha documentado ninguna de las reuniones técnicas que se han llevado a cabo en todo este tiempo», defiende la necesidad de «elaborar un libro blanco de análisis de la pandemia». La importancia de fiscalizar lo ocurrido en una crisis de estas dimensiones, que ha supuesto un test de estrés para todos los países, es una petición continua desde muchos ámbitos: ya la pidieron una veintena de científicos españoles en «The Lancet» en agosto de 2020. Sin éxito. Y en uno de los mejores textos que abordan los cambios desencadenados por el coronavirus, «Diez lecciones para el mundo de la postpandemia», el periodista Fareed Zakaria insiste en la necesidad de analizar lo ocurrido y contar con los expertos: «La alternativa -gobernar por instinto y exaltar la ignorancia- resulta inconcebible». Tomemos nota aquí de todos estos consejos y devolvamos (e impulsemos) al Congreso su papel legislativo y de control.