Igualdad denuncia el «estricto canon de sexualidad binaria del franquismo»

El Ministerio de Igualdad propuso que el término «identidad sexual» fuera sustituido por el de «identidad de género» en el redactado final de la Ley de Memoria Democrática. Así lo contempló en su informe relativo al anteproyecto de la norma, ahora en su trámite parlamentario, y que ha recibido otra serie de apuntes reprobatorios por parte de Interior, Universidades y haber esquivado las consideraciones del Consejo de Estado.

En un documento –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– remitido el 9 de octubre de 2020 por el secretario general técnico del ministerio, Ignacio Sola Barleycorn, se critica el estricto canon de sexualidad «binaria» del franquismo y la Ley de Vagos y Maleantes aprobada por la izquierda en la Segunda República.

El informe reivindica la represión sufrida por los colectivos transexuales y travestis durante el franquismo, considerando imprescindible la sustitución del término «identidad sexual» por el de «identidad de género», pues de lo contrario podría implicar que por vía interpretativa quedaran fuera del ámbito de la norma y del reconocimiento que supone «las personas represaliadas por ser, no transexuales, sino transgénero o travestis». El texto critica el uso de la expresión «identidad sexual», pues supondría «una anomalía en el contexto de la Unión Europea y del Derecho Internacional de Derechos Humanos, tanto de ámbito mundial como en la región europea», y hacer «caso omiso de las recomendaciones del Consejo de Europa», al tiempo que aboga por el uso del término «identidad de género», ya que está «plenamente implantado en las resoluciones e informes en el ámbito de las Naciones Unidas».

Igualmente, el informe considera necesario introducir como motivo de persecución o violencia protegido por la ley la «expresión de género», que se define como «la forma que tiene una persona de exteriorizar su identidad de género de cara a la sociedad, a través de su estética, sus comportamientos, actitudes o manifestaciones», y aporta un nuevo concepto en la disidencia contra el franquismo, la denominada «disidencia sexual» que representaban para el régimen transexuales y travestis, «una buena parte de las personas represaliadas por el régimen franquista». Además, se considera necesario «sustituir» la expresión «orientación e identidad sexual» por la expresión «orientación sexual, identidad y expresión de género», y se recomienda aumentar la tipología de víctimas del franquismo a dos nuevos colectivos: las personas que sufrieron «represión, violencia física, psicológica, y negación de sus derechos civiles, políticos y económicos por el hecho de ser mujeres», y aquellos que padecieron «represión por su origen étnico o nacional, incluida la acaecida en los territorios del Sáhara Occidental y la conocida como Guinea española».

En el apartado de «Consideraciones sobre el uso del lenguaje» se sugiere revisar expresiones como «el infractor; el beneficiario; un fiscal; el consejero», para sustituir por «las más inclusivas de la persona infractora; la persona beneficiaria; un o una fiscal y las personas titulares de las consejerías».

El informe fue requerido en base a la Ley de Transparencia por el secretario de la Asociación de Memoria Histórica Raíces, Guillermo Rocafort, para quien «relacionar identidad de género con Memoria Histórica es la cuadratura del círculo, un desfase total». «Llama la atención», dice el abogado experto en Memoria Histórica, «la crítica a la Ley de Vagos y Maleantes, modificada posteriormente por la legislación franquista, que incluyó a los homosexuales, por ser una iniciativa legislativa del año 1933 promovida por parte del Gobierno izquierdista de Manuel Azaña». Y no menos «la calificación de sexualidad “binaria” del régimen de Franco, algo de lo que en aquella época no había conciencia, aportando nuevos conceptos de la sexualidad al ámbito de la Memoria Histórica y encasillando a los bandos guerracivilistas y al posterior franquismo por su orientación sexual, identidad y expresión de género».

La mayoría de las recomendaciones «no se han introducido o se ha hecho de soslayo», como ha comprobado así mismo el propio Rocafort.

El firmante del documento, Sola Barleycorn, incorporado en febrero al organigrama de Irene Montero como subsecretario de Igualdad, antes fue director general para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial. Como tal, en junio de 2018 inauguró una jornada cuyos participantes –más de cuarenta entidades africanas y africano-descendientes por los derechos afro–firmaron un comunicado dirigido a Moncloa citando varios «desafíos a enfrentar», entre ellos el «cierre y abolición de los Centros de Internamiento de Extranjeros por conculcar el principio de igualdad ante la ley; la normalización de las fronteras de Ceuta y Melilla y una política de visados justa para los países africanos; la implementación de un procedimiento de nacionalización igual para todos los países con un acceso a la nacionalidad justo y sin arbitrariedades y una Ley de la Memoria Histórica para el esclavismo y el colonialismo».