Una acusación insta al juez del “caso Ghali” a reclamar la factura de su hospitalización en España

Cinco meses y medio después de que Brahim Ghali abandonase nuestro país tras 44 días ingresado en el hospital San Pedro de Logroño -convaleciente de una neumonía causada por el Covid- el coste de la factura de su estancia en el centro sigue siendo un misterio.

La investigación sobre la entrada en España del líder del Frente Polisario -que dirige el juez Rafael Lasala- no ha conseguido esclarecer este extremo, en el que las acusaciones populares advierten la posible comisión de un delito de malversación que se uniría a los de encubrimiento, prevaricación y falsedad que ya investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, que ha imputado por estos hechos a la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya y al que fuera su jefe de gabinete, el diplomático Camilo Villarino.

El magistrado esperaba que el gerente del hospital arrojase algo de luz al respecto, pero en su declaración como testigo el pasado día 5, el gerente del Seris (Servicio Riojano de Salud), Alberto Lafuente, dijo desconocer el importe de esa factura y desconocer si Ghali la asumió finalmente, como se comprometió a hacer por escrito en un documento del que ya informó LA RAZÓN.

Tras esa comparecencia, la acusación que ejerce el abogado Antonio Urdiales ha solicitado al juez Lasala -en un escrito al que ha tenido acceso este periódico- que encomiende a la Brigada Provincial de Información de Zaragoza que averigüe “a la mayor brevedad” los costes generados “por la estancia y tratamiento” de Ghali en el hospital riojano “desde su ingreso hasta su salida”, indicando el “importe total” y “si ha sido pagado por el enfermo o por tercero y el medio de pago”. Un montante que, según aventura el letrado, asciende “a más de 100.000 euros”.

Traslado en ambulancia

La acusación popular pretende además que la brigada policial esclarezca asimismo cuánto costó y quién pagó el traslado en ambulancia del líder del Frente Polisario el pasado 18 de abril desde Zaragoza a Logroño (en un vehículo medicalizado del Servicio Riojano de Salud).

Del mismo modo, el letrado considera necesario que se identifique al “conductor y ocupantes” de la ambulancia (un conductor, una doctora y un enfermero que viajaron desde Logroño con el aval del gerente del Seris y de la propia presidenta riojana, la socialista Concha Andreu. La acusación quiere que todos ellos presten declaración como testigos con el fin de “conocer los pormenores del traslado”.

Para Urdiales, toda la operación para introducir “clandestina e ilegalmente” a Ghali en España -de espaldas a Marruecos, lo que derivó en una grave crisis diplomática y migratoria con el país alauí- “no tenía finalidad humanitaria alguna” porque el tratamiento que recibió en España para superar la Covd “se podría haber llevado a cabo sin problema alguno en Argelia”. En todo caso, precisa, esa supuesta finalidad humanitaria “en modo alguno es causa o motivo de exención de responsabilidad penal ante la posible comisión de delitos de encubrimiento, prevaricación o falsedad.

En ese mismo escrito, la acusación popular reclama al instructor que cite a declarar como investigado al inspector jefe de Información que, a instancias del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -que en esas fechas mantenía abiertas dos causas contra Ghali por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal, entre otros-, acudió al hospital de Logroño a corroborar que el paciente ingresado bajo la identidad falsa de Mohamed Benbatouche era en realidad Brahim Ghali. Y es que según el abogado el mando policial tuvo “cabal conocimiento de un delito de falsedad en documento oficial” (al conocer que el líder polisario se había registrado con un pasaporte falso).

El compromiso por escrito del líder polisario

Cuando ingresó en el centro hospitalario, Ghali tuvo que formalizar (lo hizo alguien en su nombre) un impreso de solicitud de asistencia a pacientes no financiados en el Sistema Nacional de Salud que se rellenó a nombre de Mohamed Benbatouche y sin dejar constancia del número identificativo de su documento (tiene DNI español en vigor) ni de su domicilio. La firma es de su «representante legal» (que no se identifica). Ghali llegó a Logroño acompañado de su hijo y de su médico personal, pero la Policía desconoce quién firmó ese documento.

En ese impreso, el líder polisario solicitaba «asistencia sanitaria por parte del sistema público sanitario de La Rioja» y se comprometía a hacerse cargo económicamente «de los gastos que se deriven de mi asistencia, abonando la factura que se me remita por los servicios prestados en la forma en que se me indique».

El Gobierno de La Rioja se ha escudado hasta ahora en «la intimidad» de Ghali y en la ley de protección de datos para no revelar «datos específicos de la atención recibida» por el líder del Frente Polisario referentes al coste de su estancia en el hospital. Eso es al menos lo que esgrimió en una respuesta parlamentaria de la oposición en el Parlamento regional.