“Don Vito”, “Grecian” y “Bujías”: el juicio de los arrepentidos de la “trama Gürtel” en Boadilla

Más de una decena de acusados han reconocido los hechos para conseguir una rebaja ante posibles condenas por el amaño de adjudicaciones en favor de empresas de la red corrupta

El líder de la "trama Gürtel", Francisco Correa, en uno de sus juicios en la Audiencia Nacional vinculados a la red corrupta
El líder de la "trama Gürtel", Francisco Correa, en uno de sus juicios en la Audiencia Nacional vinculados a la red corrupta

Las actividades corruptas de la “trama Gürtel” vivirán un nuevo episodio judicial con el comienzo del juicio a la trama de Boadilla del Monte (Madrid), que se celebra a partir de hoy en la Audiencia Nacional. Entre los 26 acusados que se sentarán en el banquillo, más de una decena lo harán tras haber confesado los hechos en los últimos meses en busca de una rebaja en las peticiones de condena de la Fiscalía.

Con Francisco Correa a la cabeza -para quien Anticorrupción pide la pena más alta, más de 76 años de cárcel-, entre los procesados figuran otros integrantes de la trama ya condenados en el juicio por la primera época de “Gürtel”, como su mano derecha, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego.

Junto a ellos se encuentran, entre otros, el ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, más conocido como “el Albondiguilla” (que se enfrenta a una petición de condena de 40 años de prisión); el ex diputado regional Alfonso Bosch y varios empresarios que también han admitido su participación en los hechos de los que están acusados, incluido Jacobo Gordon, ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag. Además, están acusadas una docena de personas jurídicas, entre las que figura el PP como partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado supuestamente de la actuación de la trama en la cantidad de 204.198 euros entre 2001 y 2009.

La confesión de Correa

Correa no fue ni mucho menos el primero, pero en esa retahíla de confesiones la suya fue la más sonada, pues a través de un manuscrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción admitió el pasado marzo el modus operandi de la trama corrupta -adjudicaciones a cambio de gratificaciones tanto en dinero como en viajes o regalos- y señaló a varios ex cargos del PP como beneficiarios del “reparto de dádivas”, entre ellos González Panero, Bosch, el ex concejal José Galeote (que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 22 años de cárcel) y Tomás Martín Morales, que fue jefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) del municipio madrileño y que, según Correa, era el encargado de fijar los porcentajes en el reparto de las comisiones de la sociedad.

Como han hecho el resto de los arrepentidos, en mayor o menor medida, la defensa del líder de la “trama Gürtel” pidió a la Audiencia que se aplicara a Correa la atenuante de confesión, colaboración con la Justicia y reparación del daño, rebajando la condena a trece años y medio de cárcel y a una multa de casi dos millones de euros.

Especialmente reveladora era la semblanza que hacía Correa de González Panero, quien según él era quien negociaba personalmente los contratos y a quien achaca una ambición “desmedida” y una “carencia de moralidad inexplicable”. Aunque según el líder de Gürtel le regó de sobornos y dádivas por valor de 795.687 euros, se quejaba de que su relación con él no fue nada fácil porque “prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro” y “cambiaba adjudicaciones aun habiéndolas prometido a un empresario” si después otro constructor “mejoraba la dádiva”.

En su escrito de calificación provisional Anticorrupción pidió 23 años y medio de prisión para Bosch; 64 años y siete meses para Crespo y 39 para Tomás Martín Morales, un escrito de acusación que previsiblemente sufrirá sensibles modificaciones a la baja tras la asunción de responsabilidades de varios de los acusados.

Las “vías de presión” de Correa

Uno de los que también ha dado ese paso es el ex diputado regional Alfonso Bosch, quien a través de un escrito de conformidad admitió que como gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla (cargo para el que fue elegido en julio de 2003 por “recomendación” del propio Correa) se sumó a “una estructura organizada para apropiarse ilícitamente de fondos públicos”. Un trama que, según reconoció, se valía de sobornos a funcionarios y autoridades, de facturas falsas y entramados societarios para ocultar el rastro de las mordidas pagadas por empresarios a cambio de adjudicaciones. Pero no solo eso, el Grupo Correa recurría además a “vías de presión para la consecución de sus objetivos económicos”.

La confesión de Bosch -quien según Anticorrupción dirigió desde su cargo la contratación de la EMSV “en la forma más beneficiosa para los intereses” de la trama- permitió además hilvanar la relación de alias de personajes principales y secundarios del Grupo Correa en Boadilla: “Don Vito” (Correa); “Grecian” (Crespo); “Santo” (Martín Morales); “El viejo” (José Galeote); “El borracho” (el concejal Francisco Díaz Lorente) y “la guapa” (Alicia Vallejo, técnico del ayuntamiento). A él mismo, añade, se referían como “Bujías” o “Neveras” por su apellido, que coincide con el de la conocida marca de electrodomésticos.

El ex diputado reconoce que Correa le invitó a él y a Martín Morales a su casa de Ibiza en el verano de 2005 y hace referencia a una reunión en su casa de Pozuelo en la que se habría grabado un vídeo (que afirma que nunca vio) donde se veía al líder de la Gürtel “haciendo el reparto” de comisiones de la empresa Teconsa.

“Arrepentimiento” y “perdón”

Bosch -que muestra su “profundo pesar” y “arrepentimiento” y pide perdón por su actuación- admite que como gerente de la empresa municipal del suelo participó en la trama “con el fin de conseguir el beneficio económico” para las empresas de Correa, aunque su papel se limitó a las adjudicaciones de la EMVS.

El líder de Gürtel, asegura, trabó amistad con el entonces alcalde colmándole de atenciones, como entradas VIP o invitaciones en palcos para asistir a eventos deportivos. A partir de entonces, relata, González Panero “detallaba a Correa una operación” y el empresario “valoraba” si le merecía la pena participar “en función del posible rédito”. Si así era, el propio Correa se encargaba de “negociar y captar a posibles empresas interesadas”, ofreciéndoles la adjudicación del concurso a cambio de una comisión, que después se repartía.

Así se vulneraba la normativa de contratación pública con una pátina de “apariencia legal”, pues las empresas que concursaban eran del Grupo Correa o habían sido seleccionadas por éste y disponían de los pliegos (de cuya elaboración se encargaba formalmente Martín Morales) con anterioridad llegando incluso a participar en su redacción. Bosch pretende que su confesión sirva para rebajar su posible condena de 23 a apenas cinco años de cárcel.

El cuento chino de González Panero

Otro de los que ha entonado el mea culpa, en su caso a través de un nuevo escrito de defensa, es el abogado Javier del Valle, quien admite que desde mayo de 2002 “ocultó a través de distintas estructuras societarias y financieras” para que González Panero pudiera ocultar parte de sus mordidas. Para ese fin, explica en el escrito remitido a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, llegaron a compartir con Correa sociedades opacas en Madeira (Freetown, cuya cuenta engordó con múltiples transferencias enmascaradas como el cobro de servicios inexistentes) y las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá (Itelsa). A través de ellas “el Albondiguilla” obtuvo “importantes rentabilidades” que en 2005 se integraron en su patrimonio mediante un nuevo entramado de empresas y entidades bancarias.

Los tentáculos de esta trama de blanqueo también llegaron hasta Suiza en julio de 2004, siempre con Del Valle como factotum financiero de González Panero, buscando inversiones aún más opacas para la Agencia Tributaria, “desligando al pagador del beneficiario”, el entonces alcalde de Boadilla, para ocultar el rastro del dinero. Solo en una de esas cuentas suizas, González Panero ingresó 1,2 millones entre julio de 2005 y febrero de 2009, una cantidad que invirtió, con el asesoramiento del letrado, en depósitos y participaciones de fondos cuyos beneficios nunca declaró a Hacienda.

Las inversiones de “el Albondiguilla” con el dinero que le pagó Correa en sobornos se invirtieron igualmente, según Del Valle, en negocios inmobiliarios en EE UU, que incluyeron la compra de un apartamento en Miami por medio millón de euros en 2004. Ocho años después, en 2012, González Panero llegó a retirar, falsificando una firma, 774.000 euros del EFG Private Bank para evitar que quedaran bloqueados por orden judicial. Y lo hizo “fingiendo operaciones comerciales” con empresas chinas. La defensa del asesor fiscal pide una condena de cinco meses de prisión por blanqueo para su cliente o, de forma subsidiaria, una de ocho meses de cárcel por delito fiscal si el tribunal no aprecia cohecho (necesario como delito precedente para condenar por blanqueo).

También constructores

También constructores como José Luis Martínez Parra, en esas fechas vicepresidente de Teconsa, han reconocido los hechos que le imputa Anticorrupción y las adjudicaciones irregulares de las que se benefició a través de baremaciones no incluidas en los pliegos o por la desmedida valoración de criterios subjetivos. Según admitió la defensa de Martínez Parra (que pide que Fiscalía rebaje a dos años su petición de condena), en 2007 Teconsa pagó a Correa 1,8 millones de euros “en pago por la adjudicación de contratos”, enmascarados algunos a través de “facturas inexistentes”.

Otro empresario, José Luis Ulibarri, admitió el pasado julio la adjudicación irregular a una de sus empresas, UFC, y el consiguiente fraude fiscal en 2006.

Al otro lado de la trama, el arquitecto Antonio de Miguel (encargado de valorar las ofertas en el proceso de licitación), ha reconocido el pasado octubre a través de un escrito enviado a la Audiencia Nacional que “aunque no existiese una instrucción expresa” de favorecer a determinados licitadores, sí “se le daba a entender que había empresas en las que había especial interés”, por lo que incluyó baremaciones que no se recogían en los pliegos y aplicó criterios de valoración “desconocidos para el resto de licitadores”.