Sindicatos exigen el cese de la cúpula de prisiones por expedientar a funcionarios “sin prueba objetiva”

Los sindicatos Acaip-UGT y CSIF en rueda de prensa han exigido hoy dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y de la dirección de la cárcel de Villena (Alicante) tras la detención “sin precedentes” de la subdirectora de seguridad de la cárcel por presuntamente simular amenazas y agresiones. También han solicitado que se levante la suspensión de empleo y sueldo para dos de los tres trabajadores expedientados. “Estamos sorprendidos y avergonzados”, señalaron el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, y el portavoz de CSIF, Jorge Vilas. Ambos protagonizaron hace tres días un encierro en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como medida para reclamar mejoras para los trabajadores.

Ambos han pedido que se levante de inmediato el expediente de suspensión de empleo y sueldo para tres funcionarios de prisiones que redujeron en agosto a un preso en Villena con problemas mentales, dando paso a una investigación por posible exceso de fuerza.

Días después de este primer hecho, que han denunciado en rueda de prensa, la subdirectora de seguridad, responsable de la custodia de las grabaciones de las cámaras internas donde se veía la intervención de los funcionarios, denunció amenazas relacionadas con presiones de los trabajadores para que “cerrara la boca”. Las mismas llegaron, según ella, a su teléfono móvil, y luego sufrió una agresión de encapuchados a la salida de su domicilio. -La subdirectora detenida el pasado miércoles por la Guardia Civil y posteriormente puesta en libertad habría reconocido a los agentes que ella misma se había enviado los mensajes amenazantes, si bien mantuvo en su declaración que había sufrido una agresión-.

Sin prueba objetiva

“Sin una sola prueba objetiva de la agresión, se suspendió provisionalmente a dos de los tres funcionarios”, han denunciado los sindicatos de prisiones, calificando la actuación sancionadora hacia los trabajadores de la reducción del interno de “impresentable” y “barbaridad”. En este sentido, se quejan de la “deriva” en la institución y de decisiones como que la inspección penitenciaria la conformen cargos de libre designación nombrados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Los sindicatos han recordado que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se relacionó en un comunicado de prensa esa agresión y las amenazas que supuestamente había recibido en su móvil con una investigación interna abierta a tres funcionarios por una actuación meses antes con un recluso, cuyas imágenes pudieron verse en varios medios de comunicación. “No es normal que la propia administración deje entrever que esta agresión está relacionada con una investigación a unos funcionarios”, han recriminado López y Vilas, para quienes estos hechos suponen un “agravamiento” de la situación de “deriva institucional” en las prisiones al “criminalizar” al colectivo de funcionarios” y tratar de “desprestigiarlo”.