Hecha la ley, evítese la trampa

Los servidores de la ley, de la democracia y de los ciudadanos pasamos por momentos de perplejidad. A veces tenemos la sensación de que, a pesar de que en la calle nuestra presencia se siente por la mayoría de las personas como un afianzamiento de su seguridad, hay quienes preferirían que desapareciéramos. Y no porque en una sociedad modélica no sería necesaria la existencia de cuerpos y fuerzas de seguridad, sino porque el simple hecho de que estemos aquí supone para algunos un obstáculo que les impide hacer su voluntad, o imponer sus condiciones, aplicar sus exigencias y sus peculiares normas de conducta.

Hasta ahora hemos podido garantizar la seguridad y el orden público que nos demanda la sociedad. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en los términos en los que se anuncia, nos adentrará en un escenario de dudas e incertidumbres.

Este cambio normativo es una cuestión de Estado y requiere de un análisis prudente para no convertir la reforma en un laboratorio que experimente con los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que quiere inocular una medicina con unos efectos secundarios extremadamente peligrosos para la convivencia social y para el mantenimiento del Estado de Derecho. Una reforma, cuya necesidad no discutimos, pero sí que se lleve a cabo sin la asistencia, la opinión y la consulta a los expertos y a los profesionales que deberán ocuparse de la aplicación de esta normativa.

Los principales perjudicados

Lo conocido hasta ahora de esa reforma nos hace temer que los mayores perjudicados por los cambios legales previstos sean los ciudadanos, que quizá sufran como cualquiera, por su simple voluntad y en cualquier momento, podrá conculcar su libertad de circulación, o la de acudir al trabajo, dirigirse a recoger a sus hijos o cosas tan personales como ir de compras o al cine.

La seguridad de los ciudadanos quedará seriamente comprometida si la futura ley se aprueba en las condiciones que se apuntan. Será difícil garantizar unas calles pacíficas si cada vez se tara más la actuación preventiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Qué pasará si un grupo de violentos decide, a cualquier hora y en el momento que elijan, cortar una calle, o impedir el paso del transporte público, o saltar a las pistas de un aeropuerto, paralizar sus operaciones y poner así en peligro su propia seguridad y la de sus viajeros? Sin capacidad para una intervención que prevenga estas situaciones España puede convertirse en un país inseguro, tanto para los propios habitantes como para los visitantes.

El negocio del saqueo

En ocasiones llegamos a pensar si es que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska espera quizá a que un guardia civil sea asesinado en las calles para darse cuenta de la necesidad de defendernos, de dotarnos de los medios humanos, materiales y legislativos que permitan el desarrollo de nuestro trabajo con seguridad.

Da la impresión de que el Gobierno cuestiona el trabajo de las Fuerzas de Seguridad si se desprotege a los guardias civiles al tiempo que se cambia una norma que ofrece una sensación de inmunidad al violento, al delincuente, a quien incumple las leyes. Saquear comercios puede llegar a convertirse en una actividad muy lucrativa para algunos si cada vez disponemos de unos medios más limitados para la defensa tanto de la democracia como del Estado de Derecho.

Y nos preocupa en lo personal que los cambios anunciados hagan que la presión y el acoso que sufren las familias de los policías y de los guardias civiles, sobre todo en determinadas áreas, puede aumentar y convertirse en un ataque permanente a su derecho a la intimidad y en un peligro para su seguridad.

Somos, y queremos seguir siéndolo, los garantes de la Ley y de la seguridad ciudadana, pero necesitamos que se nos dote de operatividad, que se nos permita una actuación eficiente y efectiva, con suficientes medios humanos y materiales, con seguridad jurídica y con garantías sobre nuestra integridad física. Somos, y esperamos seguir siendo, los defensores de la Ley, de la democracia y de todos los ciudadanos.