Jueces llevan al Parlamento Europeo las críticas de Irene Montero e Ione Belarra al poder judicial

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha llevado a Europa los “ataques al sistema judicial con fines políticos” que, alerta, solo persiguen controlar a los jueces y su “descrédito social”. Unos ataques que identifican con determinadas críticas, entre ellas algunas de las ministras de Unidas Podemos Irene Montero e Ione Belarra e incluso de la titular de Justicia Pilar Llop.

Para la asociación, la segunda más representativa de la carrera en nuestro país, esa ofensiva -que, según denuncia en un informe remitido al Parlamento Europeo, responde a una “estrategia coordinada”- se ha “intensificado” en los dos últimos años, pasando de críticas puntuales a decisiones judiciales a “extenderse al conjunto de los jueces, cuya imparcialidad y compromiso con los valores democráticos se ponen abiertamente en cuestión”.

Según ese escrito elaborado por el comité nacional de esta agrupación de jueces, “los ataques al sistema judicial con fines políticos” contribuyen a “socavar la legitimidad del poder judicial y, con ello, debilitan el instrumento de satisfacción de la tutela efectiva de los ciudadanos en el disfrute de sus libertades”.

La asociación identifica lo que considera exponentes de esos ataques a la judicatura, declaraciones en las que las ministras Montero y Belarra y el diputado de ERC Gabriel Rufián tienen una presencia preponderante. Por ejemplo, señala, “se presenta a los jueces como profesionales desconectados de la realidad, proyectando estereotipos que caricaturizan a los miembros de la judicatura para que sean percibidos como personas que actúan conforme a patrones sociales desfasados o abiertamente reaccionarios”.

Y como exponente de esa percepción, se refiere a distintas informaciones periodísticas: “Rufián tacha de fascistas a jueces y policías en el Congreso”; “Podemos asegura que la condena a Echenique busca evitar el respaldo a las mujeres violadas” o las críticas de la formación morada a la “cueva de señoros” de la Justicia.

Indultos del “procés”

Asimismo, en relación al discurso que “persigue socavar la legitimidad del poder judicial” al vincular a los jueces con el poder económico y político, la asociación judicial se refiera a las siguientes noticias: “Iglesias provoca a los jueces al sugerir que absuelven a corruptos por sus contactos” o “Rufián: los sanitarios currando, ricos contagiando y jueces prevaricando”.

Del mismo modo, afea a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que asegurara: “Creo bastante improbable que el Supremo pueda anular los indultos” (a los condenados por el “procés”). Unas declaraciones que enmarca dentro de las “presiones” a los jueces para intentar influir en sus decisiones, un peligro que “se puso especialmente de manifiesto en España con ocasión de los sucesos relacionados con la declaración unilateral de independencia por las autoridades catalanas en 2017″.

Pero llama la atención especialmente respecto a que “miembros del Gobierno y del poder legislativo han incurrido en estas prácticas” que vincula con el intento de deslegitimar al poder judicial: “Belarra sobre la decisión del TC: “En España la oposición al Gobierno la están ejerciendo los jueces” ; Iglesias tacha de “humillación” la imagen de la Justicia española ante Europa por la cuestión catalana ; Podemos ve conspiración judicial contra el Gobierno tras el revés al confinamiento de Madrid ; Calvo sale al ataque contra el Poder Judicial tras las críticas al Gobierno”.

Condenas a Isa Serra y Alberto Rodríguez

También hace referencia a las críticas de Podemos a la condena a Isa Serra: “Iglesias y Montero cargan contra los jueces tras la condena a su portavoz en Madrid por agredir a la Policía”; “Iglesias, Belarra y Echenique critican la condena a Alberto Rodríguez, comparándola con la situación de Juan Carlos I” y “Belarra acusa a la Justicia de condenar a Isa Serra “sin pruebas””.

El portavoz de la asociación, el magistrado Jorge Fernández Vaquero, reconoce que siempre ha habido “excesos verbales” de los políticos a los jueces “por parte de todos los partidos”, aunque según señala actualmente “el elemento más grave y novedoso es que esos ataques se están produciendo desde las propias instituciones”. Unos ataques que, llama la atención, en los últimos años “cada vez son más frecuentes y virulentos” y responden a “una estrategia coordinada en redes sociales”.

Según se señala en el documento, es “estrategia de deslegitimación del poder judicial con afirmaciones o consignas de descrédito social de los jueces y tribunales” se basa en “prejuicios” y su finalidad “no es la sana crítica, sino someter a influencia y control la independencia judicial, mermando el Estado de Derecho y la tutela judicial efectiva, así como la garantía de los derechos fundamentales”. Es, se queja la AJFV, un mero “ataque hacia la credibilidad del poder judicial en todo aquello que no interese”.

“Se trata de un sutil mecanismo de privación de la auctoritas, elaborado desde partidos políticos, movimientos de ruptura con el Estado constitucional de Derecho y otros grupos de intereses afines, destinado a evitar que la actuación independiente y sometida a la ley de la Justicia sea desfavorable a sus propósitos”, denuncia la asociación judicial.

Mermar la “confianza ciudadana en el sistema judicial”

AJFV enumera los que considera argumentos recurrentes de esta estrategia: entre ellos denunciar la falta de legitimidad democrática de los jueces, “en especial en el sistema de elección de los vocales del CGPJ”, y su supuesta “politización” en los casos de quienes regresan a la judicatura tras dedicarse a la política. Otros de esos puntales hacen referencia, añade, a la crítica del presunto “sesgo ideológico” de los jueces y a la denuncia del “sistema elitista de acceso a la judicatura”, de sus supuestos vínculos con “los núcleos de poder económico o político” y, en definitiva, del hecho de estar “desconectados de la realidad”.

Una estrategia que, subraya la asociación, comporta “grandes riesgos”, desde la “interferencia de los poderes políticos” en el proceso de selección de los jueces hasta las “presiones externas” para intentar influir en sus decisiones pasando por la utilización de la pretendida falta de legitimidad del Poder Judicial como “escudo a comportamientos políticos inadecuados”. Pero a su juicio, el efecto más pernicioso es “la destrucción de la confianza ciudadana en el sistema judicial”.

“Aunque la judicialización excesiva de la vida política es indudable”, admite la AJFV, “cuando esta estrategia procede de los partidos que detentan el poder ejecutivo, este se libera del control que los tribunales ejercen en todo Estado de Derecho sobre aquel”. La asociación denuncia que “una práctica política distorsionada, que evita el consenso en lugar de propiciarlo, ha acabado por trasladar a los tribunales la resolución de asuntos complejos, lo que sustenta el relato deslegitimador que, sin embargo, persigue una finalidad espuria”.