«Llevamos meses viviendo una auténtica campaña de acoso y derribo al poder judicial»

Decana de los Juzgados de Madrid, la magistrada María Jesús del Barco se ha convertido en la primera mujer que preside la principal asociación judicial de España, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Acostumbrada a expresarse con claridad, huye de la imperante corrección política a la hora de defender sus ideas. Un discurso ligero de complejos que le lleva a denunciar la «campaña de acoso y derribo al poder judicial» y a reclamar a los políticos un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales.

El Consejo General del Poder Judicial lleva ya tres años en funciones. ¿De quién es la culpa?

La culpa es de los políticos, que son incapaces de llegar a un acuerdo y hacer la renovación y, también, modificar la ley, como Europa está exigiendo para que se nos atribuya de nuevo a los jueces la facultad de elegir a los doce vocales judiciales. Así que es evidente que tiene que haber un acuerdo de los dos grandes partidos. La situación es insostenible. La culpa es de quien no está cumpliendo su obligación constitucional.

Que los jueces elijan a los vocales judiciales, ¿alejaría la sombra de politización del Consejo?

La situación actual es la que ha traído esa imagen de politización, con lo cual es evidente que tenemos que salvaguardar la imagen de imparcialidad e independencia de los jueces y uno de los primeros pasos es éste: vamos a cambiar el sistema de elección. Creo que desde luego esto daña nuestra imagen de independencia. Lo que no se puede es cercenar la democracia y uno de sus pilares esenciales, como es la división de poderes.

La APM ha sido muy crítica con la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando está en funciones.

Son nombramientos que son esenciales. La reforma es un intento de chantajear a la oposición, en este caso al PP, para que se alcanzara un acuerdo. Se ha privado al Consejo de una de sus funciones esenciales. Es una garantía de la división de poderes y de la autonomía del poder judicial. Estamos viendo las vacantes que hay, no solo en el Tribunal Supremo, que es quien fija la doctrina jurisprudencial. Los jueces cuando dictamos una sentencia en una cuestión novedosa lo primero que hacemos es consultar la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Si la situación se alarga aún más, ¿la labor jurisdiccional puede entrar en una situación crítica?

Si el Tribunal Supremo entra en una situación crítica, ¿quién va a sentar jurisprudencia en España? Es esencial que pueda funcionar con normalidad. La situación es insostenible. Si se esperara a las próximas elecciones me parecería una auténtica irresponsabilidad por parte de los partidos políticos, que no sean capaces de alcanzar ese acuerdo en los términos que dijo Reynders (comisario europeo de Justicia): un compromiso claro, firme e irrevocable de que se va a reformar la ley orgánica. Europa lo está reclamando desde hace mucho tiempo, pero últimamente con más ahínco. No sé que más necesitamos.

La asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia reclama la dimisión de los vocales. ¿Eso es una solución?

Lo cierto es que ahora mismo tenemos a un Consejo que no cumple una de sus funciones esenciales, que es la de los nombramientos, y tenemos a unos vocales que como no están tampoco en la Comisión Permanente no sabemos qué funciones tienen, pero creo que la responsabilidad institucional impide, al menos ahora, esta dimisión. Por otro lado, es verdad que Jueces para la Democracia está pidiendo la dimisión de los vocales pero no me consta que ninguno de los vocales que llegaron al Consejo a propuesta suya haya dimitido.

¿Le preocupan las críticas al poder judicial por parte de algunas formaciones políticas?

Me preocupan porque llevamos meses viviendo una auténtica campaña de acoso y derribo al poder judicial. Se cuestiona nuestra legitimidad democrática, nuestra independencia y labor diaria, porque al final lo que se quiere es desprestigiar al juez y justificar el incumplimiento de las sentencias y obviar un principio esencial de la Constitución, que es la sujeción a la ley de todos los ciudadanos y poderes públicos, también de los políticos. Me parece irresponsable que por parte de quienes tienen una responsabilidad política, que son los que deben dar ejemplo institucional, se cuestionen las sentencias de los jueces cuando no nos gustan. Ese desprestigio es propio de regímenes totalitarios.

La ministra Ione Belarra tildó de prevaricación la decisión del Tribunal Supremo de condenar al diputado Alberto Rodríguez. ¿Ampara la inviolabilidad parlamentaria el ataque a las instituciones?

Eso es una auténtica barbaridad. Esas manifestaciones se hicieron en Twitter y la inviolabilidad parlamentaria ampara las manifestaciones hechas en el Parlamento. Twitter es una red social. Gobernar a través de Twitter es un poco lamentable.

Al hilo de la polémica respecto a la fiscal general, ¿cree que Dolores Delgado es idónea para el cargo?

Objetivamente no lo sé, porque no sé como trabaja, pero si queremos preservar la imagen de independencia del poder judicial, no parece razonable que pases de ser ministra de Justicia a ser fiscal general del Estado. Estéticamente no queda muy bien. ¿Qué mensaje le trasladas al ciudadano? Puede pensar que el fiscal general lo que hace es obedecer lo que le diga el presidente del Gobierno, porque si total hasta ayer fuiste ministra... No digo que sea así, pero el ciudadano puede pensarlo y eso daña enormemente la imagen de la justicia.

Cuatro años después del referéndum soberanista en Cataluña, Puigdemont sigue huido y la OEDE no se ha ejecutado aún. ¿Tanto cuesta convencer a Europa de que tiene que ser juzgado por sedición en España?

Cuando se crea el instituto de la OEDE se basa en la confianza mutua de los países de la Unión, por lo que a veces piensas que algo a lo mejor está fallando. Pero después del referéndum ilegal, de la sentencia condenatoria del “procés” y de los indultos la situación es para mí, como juez que creo en el sistema, un poco desalentadora.

Se nos dice que con la sentencia del Supremo que los jueces actuamos por venganza y que el indulto se convierte en un instrumento de concordia. No sé qué pensarán los padres de este niño al que acosan en las redes sociales por querer estudiar un 25% de las clases en castellano en España, como exige una resolución judicial, no sé si esto es el espíritu de concordia.

¿Comparte los criterios que expuso el Tribunal Supremo para oponerse a los indultos del “procés”?

Absolutamente. El informe de la Sala Segunda me pareció brillantísimo. Pero quien tiene la capacidad de indultar o no es el Gobierno. Habría que concebir el indulto como algo excepcional, pues con carácter general quebranta el principio de división de poderes.

¿Es posible un referéndum de autodeterminación en Cataluña con la ley en la mano?

Con la Constitución en la mano no, pero la propia Carta Magna prevé sus mecanismos de reforma. Cualquier cambio constitucional, y esto afecta a la unidad de todo el Estado y a su configuración territorial, debe hacerse en la forma que determina la Constitución.

¿Cómo califica la decisión de la Generalitat de abanderar el incumplimiento de la resolución del Tribunal Supremo que avala que al menos el 25 por ciento de las clases se imparta en castellano en Cataluña?

No deberíamos acostumbrarnos a que quien tiene responsabilidad política anime al incumplimiento de una resolución judicial. ¿Queremos trasladar al ciudadano que el incumplimiento de una resolución judicial es la norma o que el político está exento de cumplirlas o solo cuando le gusten?