Los jueces ven «inaceptable» el ataque a las instituciones

Los jueces asisten «muy preocupados» al recurrente ataque a las instituciones del Estado por parte del independentismo. Primero fue el Tribunal Constitucional (TC), que tras no permitir la consulta soberanista del 1-O fue tachado de «órgano politizado». Después, el Tribunal Supremo, centro de las críticas del soberanismo por su sentencia del «procés». Y, ahora, el Tribunal de Cuentas, cuestionado en su independencia una vez se ha conocido que eleva a 9,5 millones el dinero público supuestamente desviado al plan soberanista.

Unas críticas tras las cuales las asociaciones judiciales constatan un intento de «desprestigiar» a los organismos constitucionales con el objetivo de –como advierte la magistrada María Jesús del Barco, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– «devaluar las instituciones y la democracia», un derrotero que considera «muy peligroso». «Esto va a acabar con nuestro sistema de libertades, con nuestro sistema constitucional», alerta.

«Se está socavando la legitimidad del sistema –asegura Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria–, fomentando y propiciando la desconfianza y desafección de los ciudadanos hacia sus instituciones». Una deriva que, reconoce, genera a los jueces una «gran preocupación» porque, advierte, «se acaba traduciendo en la pérdida del valor de las leyes: si no confías en las instituciones, dejas de verte obligado a cumplir las leyes que emanan de esas mismas instituciones y eso no puede terminar bien». Fernández Vaquero no pone paños calientes a esta situación de acoso y derribo al poder judicial y a los organismos clave del estado: «Estamos ante una crisis del sistema».

Igualmente crítica se muestra la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín. La magistrada expresa su «rechazo a las críticas permanentes a las instituciones, porque debilitan a las propias instituciones y al Estado». «Una cosa es el ejercicio de la legítima libertad de expresión –defiende– y otra la crítica por la crítica para debilitar a instituciones que dan estabilidad al Estado».

«La crítica es constructiva y siempre sirve para mejorar, pero siempre que aporte algo y tenga un sustento jurídico, y no se haga sólo para denigrar a la institución», asegura Martín.

Tampoco Foro Judicial Independiente comparte ese cuestionamiento permanente de los organismos constitucionales. Su presidenta, Concepción Rodríguez, admite que «todos los poderes públicos están sujetos a la crítica», pero matiza que «una cosa es criticar una resolución y otra bien distinta criticar su composición e independencia», como se ha hecho tanto con el Tribunal de Cuentas como con el Supremo y el TC. «No nos metemos en cuestiones políticas, pero sí defendemos la independencia de los organismos constitucionales».

Y respecto a las palabras del ministro José Luis Ábalos considerando la fiscalización de las cuentas del «procés» por el Tribunal de Cuentas una «piedra» en el camino del diálogo con la Generalitat, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria lo achaca a «una falta de sentido institucional».

«Estamos padeciendo desde hace tiempo –lamenta el magistrado– a personas que no están a la altura de la responsabilidad institucional que ostentan y que afrontan las tareas exclusivamente desde el punto de vista del interés de su partido, arrastrando a las instituciones al juego de intereses de la política». La actuación del órgano fiscalizador, resalta, solo puede considerarse una piedra en el camino «si se ve desde el punto de vista de un partido y no del funcionamiento de las instituciones y del estado de derecho».

«La sentencia del Tribunal Supremo también ha sido una piedra en el camino –sostiene María Jesús del Barco–. Pero, ¿cuál es ese camino? Cualquier gobernante debe perseguir el bien común y no priorizar los intereses partidistas». «Llevamos meses sufriendo ataques continuos», señala la portavoz de la APM, que alude también al cuestionamiento de la independencia del Tribunal Supremo por la sentencia del «procés». «La sentencia era magnífica en octubre de 2019, pero cuando llegamos a la investidura ya no tanto, y resulta que se traslada la idea de que ya no es tiempo de venganza, sino de la política», aventando la impresión –lamenta– de que los jueces «son vengativos por hacer cumplir la sentencia».

Del Barco defiende al Tribunal de Cuentas. «Ahora, como tampoco les gusta la resolución del Tribunal de Cuentas atacan su legitimación, pero tiene la misma que cuando fueron nombrados».

«Estamos en contra de la judicialización excesiva de los temas políticos», enfatiza la portavoz de JJpD, para quien esta queja «es un clamor general de los jueces». La magistrada insiste en que «el principio de separación de poderes es fundamental», por lo que rechaza cualquier «injerencia de un poder en el otro». Pero Ascensión Martín va más allá y señala que «la no renovación en plazo de las instituciones del Estado» también supone «una degradación» de las mismas y merma su «credibilidad ante los ciudadanos».

«Las manifestaciones del Gobierno son reprochables», asegura la presidenta de Foro Judicial Independiente. «El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido por la Constitución como fiscalizador de las cuentas publicas y debe de ser independiente. No puede ser controlado directa o indirectamente por el Ejecutivo». «Como jueces que somos –mantiene Concepción Rodríguez– lo que queremos es que se preserve la independencia de los órganos constitucionales» frente a «cualquier injerencia externa».