El pulso nacional llega a Bruselas

La batalla nacional entre Gobierno y PP estallará también en Bruselas. Ha habido ya amagos en relación a la negociación del Poder Judicial, pero el plato fuerte viene con los fondos europeos y se materializará antes de que hayan sido ejecutados. La decisión de la dirección nacional del PP es exportar sus denuncias contra el Gobierno español al marco europeo, en concreto al Parlamento comunitario. Es previsible que en este tema, igual que en la denuncia ante la Justicia, el primer paso lo dé también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Ejecutivo acusa a los populares de deslealtad y de estar perjudicando los intereses de España, y la defensa del PP se sostiene en que lo que realmente perjudica a España es que los fondos no se estén gestionando bien y se estén repartiendo, supuestamente, con criterios no objetivos.

La sombra de la duda sobre el mal uso de los fondos europeos está ya en la campaña de las elecciones de Castilla y León, y el PP no soltará la presa, sino que, además de convertirla en una de sus banderas en el ámbito doméstico, de cara también a las elecciones andaluzas, utilizará Bruselas para dar más eco a sus denuncias.

Para Sánchez, el nuevo año se juega en los fondos y en la recuperación económica. El principal partido de la oposición ha diseñado su estrategia sobre la hipótesis de trabajo de que Berlín impondrá un cambio en la flexibilidad de las reglas fiscales comunitarias. Alemania no necesitará liquidez, y, ante la inflación, cortará el grifo del Banco Central Europeo, de tal manera que los países a la cola, como España, según el análisis del PP, serán los más perjudicados en el nuevo contexto. Si a esto se le suma la convicción de que los fondos europeos no tendrán el efecto rebote en la economía que ha anunciado Sánchez, en Génova ven su aterrizaje en Moncloa más que encarrilado.

Para ello, tienen que cumplirse estas premisas, y, a poder ser, una tercera, la de que Vox se conforme con seguir mirando los toros desde la barrera y no exija un reparto de los sillones de los gobiernos para garantizar investiduras del PP, ya sean autonómicas o la de Pablo Casado, si gana las próximas elecciones generales.

El esquema del Gobierno dice que la economía española tiene severos problemas estructurales, pero el argumento de que somos demasiado grandes para caer le lleva a confiar en que los ajustes, porque la deuda hay que devolverla, no caerán en esta Legislatura sobre la cabeza de Sánchez. Y las cifras de empleo y de crecimiento tendrán un efecto narcotizador sobre los españoles, aunque los agujeros acumulados en nuestro balance hagan cada vez más grande el empobrecimiento del conjunto.

En Bruselas chirrían algunos de los desencuentros que mantienen Gobierno y oposición. Pero todavía no han visto explosionar el que se prepara en la «cocina»: el PP irá allí a explicarles que, aunque el Gobierno tenga la potestad para decidir políticamente cómo destina los fondos, no está informando en el Parlamento, como sí ocurre en otros países como Italia o Francia, donde hay comisiones parlamentarias y el Senado y el Congreso reciben información en tiempo real sobre ellos. «Explicaremos que aquí están llegando tarde, y con muy poco margen de ejecución. Y que esto está dañando los intereses de la empresa española y de las Administraciones».

En el ámbito doméstico, la presidenta de la Comunidad de Madrid puso la primera piedra de esta ofensiva con su decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo el reparto de una parte de los fondos, en materia de formación de empleo y cedidos sólo a unas comunidades, y ha tenido el apoyo de otros dirigentes autonómicos como el candidato y presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Aunque esta estrategia plantea algunas dudas en otros líderes regionales del partido. De los fondos también depende la recuperación de las comunidades autónomas y, frente a la vía del choque total, están los que creen que hay que seguir buscando fórmulas de entendimiento.

En clave nacional, sin embargo, la decisión está tomada, y en Génova no ven ya margen de entendimiento alguno con el Gobierno ni en esta cuestión ni en otros temas pendientes como el de la renovación del Poder Judicial. «El acuerdo es posible, tienen que aceptar cambiar la ley, como hemos planteado».

La ofensiva legal por el reparto de los fondos no ha hecho más que comenzar, y con palabras mayores como las que ayer se escucharon en un acto de la campaña en Castilla y León. La justificación de esta ofensiva fue que el objetivo del PP es blindar este dinero, que debe servir para atender las necesidades de las empresas o en materia social, para que «Sánchez no haga con él lo que el PSOE con los ERE».

Ayer, fue el secretario general del partido, Teodoro García Egea, el que confirmó que, igual que ya ha anunciado Ayuso, Génova también llevará a la Justicia el reparto de los fondos europeos «para que se haga de forma objetiva». «Desde Moncloa se están repartiendo estas ayudas para la recuperación entre los que votan al PSOE. Los fondos europeos están siendo utilizados como si fueran subvenciones de la sede del PSOE para la gente que les vota».

Al margen de este debate, el PP se lanza a convertir la campaña del 13-F en unas elecciones nacionales con el lema de que en ellas «España se juega el cambio para siempre». Los sondeos les son favorables, y la polémica con el sector ganadero, por las declaraciones del ministro Garzón, les dan alas para afrontar las urnas con mayor optimismo.

Esta controversia les permite marcar posición frente a Vox, que es su principal adversario electoral, y, asimismo, divide a la izquierda y debilita al PSOE por su ambigüedad. La caída del PSOE, a su vez, amplía sus posibilidades para tener una mayoría suficiente, sin necesidad de contar con los escaños de Vox, porque no haya alternativa en el flanco de la izquierda.