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¿Debe LaLiga asumir el coste de los operativos policiales durante los partidos de fútbol?

Una ley vasca establece que los clubes pagarán 31 euros por funcionario y hora, por los servicios prestados por la Ertzaintza

Medidas de seguridad a la llegada del autobús que traslada al Betis al estadio Benito Villamarín para reanudar el partido de octavos de final de la Copa del Rey
Medidas de seguridad a la llegada del autobús que traslada al Betis al estadio Benito Villamarín para reanudar el partido de octavos de final de la Copa del Rey FOTO: Raul Caro EFE

“LaLiga, como organismo privado y organizador de la competición de fútbol profesional de España, debe asumir los costes de los amplios operativos policiales que se despliegan cada semana en los partidos que se celebran en nuestro país”. Esta es la conclusión a la que ha llegado el sindicato policial Jupol y por ello ha solicitado a Interior que se pongan en marcha las medidas necesarias para ello.

Una reflexión basada en precedentes europeos donde los entes privados sí costean el servicio de seguridad proporcionado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, citan al Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Bremen, que sentó jurisprudencia obligando a la liga alemana a pagar los gastos policiales originados en los partidos más importantes. También hacen referencia a la Ley 10/2015, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el País Vasco, que en su artículo 111.2 establece que los clubes pagarán 31 euros por funcionario y hora, por los servicios prestados por la Ertzaintza.

Asimismo, desde esta organización sindical señalan que la normativa reguladora de los espectáculos públicos y del deporte establece que la seguridad de los eventos deportivos en el interior y en la zona de acceso de los estadios la realizarán empresas de seguridad privada contratada por el organizador. Sin embargo, la realidad es muy distinta. “En todos los partidos de fútbol, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) son los encargados de mantener la seguridad tanto en el perímetro del terreno de juego como en el apartado reservado para aficiones ultras.

Incidentes en el Betis-Sevilla

Pero esta petición no es nueva. Ya se hizo durante los partidos de la Eurocopa 2020 en España y tras lo vivido este último fin de semana en el derbi sevillano, que enfrentaba al Betis con el Sevilla, se reafirman en sus peticiones. “Ha quedado demostrado que era un partido de alto riesgo, en el que se tuvieron que montar dos dispositivos policiales por los incidentes provocados por algunos aficionados”, explican.

Una barra de plástico lanzada desde la grada obligó a suspender el partido. Tras las investigaciones policiales, un hombre de 29 años fue detenido por desórdenes públicos y lesiones y queda propuesto para sanción por infracción a la Ley del Deporte.

“Dos jornadas de dispositivo de alto riesgo, con un despliegue de más de cuatrocientos agentes el primer día y doscientos policías el segundo día, por las que los funcionarios de la Policía Nacional no percibirán cantidad económica alguna, ya que la Dirección General de la Policía actualmente no está pagando ni compensando estos dispositivos especiales para los partidos de fútbol”, denuncian desde Jupol.

De hecho, destacan, la única recompensa que recibirán los agenets por participar en situaciones especiales como las de este fin de semana serán horas libres.

Falta de previsión

Por otro lado, desde el sindicato policial han denunciado también la falta de previsión en el dispositivo del segundo día, en el que LaLiga informó con tan solo dos horas de antelación a la Policía Nacional. “Tiempo más que escaso para desplegar un operativo formado por más de 200 agentes de la Policía Nacional”, relatan.

Y si no hubo mayores incidentes, fue gracias a los propios agentes, que se mantuvieron operativos para la jornada del domingo a pesar de no tener confirmación oficial de LaLiga sobre la celebración del encuentro. Sin embargo, la falta de previsión de este organismo podía haber generado graves problemas de seguridad. Por no hablar de los problemas de conciliación de la vida familiar y laboral en los agentes.