La Fiscalía del Supremo defiende a Llarena: «Es modelo de imparcialidad»

La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado han mostrado su rechazo frontal a la recusación al magistrado Pablo Llarena que el expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, entre otros, solicitó el pasado mes de noviembre. LA RAZÓN ha accedido a sendos escritos en los que se defiende que el instructor del «procés» «es un modelo referente de imparcialidad objetiva y subjetiva». La Sala de lo Penal del alto tribunal ha designado ya a un instructor, Julián Sánchez Melgar, que será quien decida si continúa con el trámite de apartar al juez.

El motivo por el que, para Puigdemont, Llarena no debe seguir al frente del caso se basa en haber aceptado un premio de la Fundación Villacisneros porque esta «organización nacionalista española» ha venido reclamando el encarcelamiento del político fugado. En el informe del Ministerio Público, los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadena se oponen a este argumento, alegando que la recusación tiene una «finalidad espuria» y que «se evidencia manifiesto abuso del derecho y fraude de ley». Dice la Fiscalía que los «procesados rebeldes» (como califica además de a Puigdemont, a los exconsellers también recurrentes Clara Ponsatí y Lluig Puig) «carecen de legitimación» para promover la recusación.

Para ello, se apoyan en la decisión que ya tomó el alto tribunal en septiembre de 2018 cuando antes del juicio los líderes del 1-O quisieron apartar a los magistrados que iban a enjuiciarlos. «Es un contrasentido que los procesados rebeldes que se han sustraído voluntariamente a la acción de la justicia, incumpliendo tan elemental obligación procesal, apartándose de la autoridad del juez e incumpliendo sus medidas cautelares y órdenes de presencia en el proceso, gocen del derecho de recusar al juez destacado para inhabilitarlo en la misma causa en que están declarados rebeldes por aquel», expone el escrito.

Además, los fiscales consideran que el intento de dejar fuera al magistrado es «extemporáneo», ya que el premio fue concedido en noviembre de 2021 y la recusación se solicitó el día 30 de ese mes, habiendo pasado más de 10 días que son los que permite la ley.

Por su parte, la Abogacía del Estado reprocha a los políticos que mencionen el premio que se le otorgó al juez y diferentes palabras de miembros de la Fundación, pero no hayan hecho constar «ni una sola referencia» a lo que Llarena dijo. La letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno, Rosa María Seoane, desglosa con minutado incluido, el vídeo del acto en el que el magistrado del Supremo agradece «a los profesionales que luchan contra las leyes de la naturaleza» y destaca la importancia de «las ciencias humanísticas, por su análisis de la libertad, la solidaridad, el respeto y la justicia de estas convenciones sociales en las sociedades democráticas». Asimismo, resalta «la obligación de garantizar en el proceso el pleno respeto de los derechos de los investigados».

«Nada de lo cual», continúa Seoane «puede identificarse con manifestaciones que evidencien ningún interés particular». Señala la Abogacía del Estado que no porque se entregue un premio, todos los principios de esa Fundación se transfieren al quien se le concede el galardón («no convierte al distinguido con el mismo en miembro de la entidad pública o privada otorgante y menos aún conlleva la suscripción acrítica de todos los postulados»).

El propio juez ya se posicionó el pasado 10 de enero en contra de apartarse. Considera que está recibiendo una «persecución personal, injustificada y arbitraria» por parte de los acusados y detalla que en su trabajo a lo largo de estos años ha validado resoluciones en favor de los acusados. «Son diversas las instituciones, entidades o medios de comunicación que han reconocido el esfuerzo y rigor de la actividad personal de quien informa», dijo el juez, y no por eso estas consideraciones públicas comprometen por sí misma la credibilidad de la neutralidad del juez.

Con estos tres escritos sobre la mesa, Sánchez Melgar decidirá si sigue con el trámite para que el pleno decida o si rechaza de plano.