Sánchez utiliza Moncloa para hacer campaña en Castilla y León

El Gobierno central está en campaña. En la semana decisiva de la contienda en Castilla y León, el Gabinete de Pedro Sánchez está echando el resto en su actividad ejecutiva para movilizar al máximo a los indecisos y al voto moderado, el gran botín que se disputan PP y PSOE y que puede marcar la diferencia de cara a la aritmética final. Los socialistas han puesto toda su maquinaria a funcionar para apuntalar el discurso del candidato socialista, Luis Tudanca, de que con un liderazgo socialista la forma de gestionar es más «justa» que cuando el PP está al frente. Una maquinaria que trasciende el aparato del PSOE y que despliega sus tentáculos también desde La Moncloa. Tras la polémica de las macrogranjas, que capitalizó la precampaña en Castilla y León y que colocó a los socialistas en una posición controvertida, desde el Gobierno se afanan ahora en cargar de razones a su candidato para que concurra a las elecciones impulsado por el «efecto Moncloa».

El Consejo de Ministros capitalizó ayer su reunión de los martes con medidas que se leen en clave electoral. Por un lado, aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para el sector agroalimentario, que riega al sector primario con 1.000 millones a cargo de los fondos europeos. «Un nuevo proyecto estratégico para impulsar la transformación de la cadena agroalimentaria, la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial», señalan desde el Ministerio de Agricultura. El proyecto se ha puesto en marcha en tiempo récord, coincidiendo con la campaña, para remarcar la apuesta por «mejorar la competitividad, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad del sector; fortalecer su competitividad y rentabilidad; fomentar el empleo de calidad e impulsar la vertebración del medio rural».

No es el único guiño que se ha hecho a la región desde la mesa del Consejo de Ministros. La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rodríguez, también pasó revista de los cumplimientos alcanzados e inversión movilizada en el marco del Plan de Reto Demográfico. Una estrategia de 130 medidas para combatir la despoblación, que va en la línea de las demandas que hacen desde los partidos de la España Vaciada, que tendrán representación también en las elecciones del próximo domingo. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, recordó que hasta 2023 se invertirán 10.000 millones de euros. «El plan está en marcha y muy avanzado», dijo, cuantificando que ya existe un impacto real en pequeños municipios y áreas rurales, en concreto, en dos de cada tres municipios de menos de 5.000 habitantes. A día de hoy ya se han tramitado 4.000 millones del presupuesto y para el presente ejercicio hay consignados otros 4.200 millones más, lo que supone una inversión en dos años de 8.000 millones en el medio rural. «Estamos muy satisfechos con la ejecución de este plan», señaló la portavoz, que defendió que el Gobierno asume el reto demográfico «no solo como una cuestión de justicia, sino como un reto democrático fundamental para anclar población».

No es un caso aislado, la semana pasada, también en campaña, el Consejo de Ministros ya dio el primer paso en su estrategia de desconcentración de organismos públicos. Una estrategia que apenas se esbozó y que no empezará a dar frutos en el corto plazo, pero que permitió al socialista Luis Tudanca presentarse en el primer debate electoral citando los siguientes proyectos: «El instituto de ciberseguridad en León, la ciudad de la energía en León, el centro de enfermedades raras en Burgos, el centro de investigación de la evolución humana en Burgos, el centro de datos de Soria, el Museo Nacional de Fotografía de Soria, el centro de competencias digitales de Renfe en Miranda de Ebro, el centro de Innovación de formación profesional en Segovia y el cuartel de Montelareina en Zamora». Una descentralización de organismos cuidadosamente concentrados en Castilla y León.

Justo un día después, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, cuatro parlamentarios socialistas hicieron algo poco habitual: formular «preguntas florero» para que los ministros de su ramo pudieran explicar las bondades de su gestión en Castilla y León en materia de pensiones, educativa, de lucha contra la despoblación o de inversiones públicas.