Varapalo a Marlaska
Un juzgado de Ceuta ordena al Gobierno a devolver a los menores que repatrió a Marruecos
El juez cree que se vulneraron los derechos de un grupo jóvenes que la ciudad autónoma retornó al país vecino entre el 13 y el 15 de agosto después de la crisis migratoria sin haber analizado caso a caso
La devolución de los menores de Ceuta a Marruecos entre el 13 y el 15 de agosto que el Gobierno activó vulneró los derechos de los jóvenes. Así lo ha estimado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta que, además, ha ordenado a la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma -que fue la que coordinó el operativo- que “adopte las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados”.
En dos sentencias del pasado 14 de febrero, a las que LA RAZÓN ha tenido acceso, el magistrado Ignacio de la Prieta explica que la administración actuó al margen de la legalidad porque no se hicieron los trámites obligatorios para analizar caso a caso y determinar si era preceptiva la repatriación. “Ni ha existido incoación de procedimiento, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores, es decir, no existe traza alguna de expediente de repatriación”, dice la sentencia.
Esta es la respuesta de la justicia a los recursos interpuestos por dos ONG -Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces- que en este momento de agosto paralizó la entrega porque la delegación de Gobierno de Ceuta tenía el visto bueno del Ministerio del Interior para continuar con la devolución de más menores. El departamento de Fernando Grande-Marlaska se escudaba en un convenio bilateral de 2012, pero los recurrentes alegaron que se estaban olvidando de un procedimiento esencial: que hay que estudiar niño a niño para decidir. El juzgado frenó cautelarmente las repatriaciones a las espera de analizar a fondo si se estaban dando las garantías necesarias.
Ahora el juez ha entrado, por tanto, en el meollo de la cuestión y aclara en esta sentencia que sí se vulneraron los derechos de los menores: “Todas las carencias referidas conducen a estimar que nos encontramos ante una situación de riesgo relevante para la integridad física y moral de los menores en la medida en que no consta que nadie se vaya a hacer cargo de los mismos una vez sean repatriados”.
Este caso concreto trata sobre 20 niños que entraron a Ceuta durante la crisis que se produjo el pasado verano entre Marruecos y España, después de que el hospital de Logroño acogiera al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, durante semanas por razones humanitarias. Los pequeños fueron alojados en naves industriales en el Polígono Industrial del Tarajal y después en el Polideportivo Municipal de Santa Amelia, donde estuvieron hasta que fueron devueltos. Todo esto en un contexto en el que unas 10.000 personas en total entraron en la ciudad autónoma provocando una de las mayores crisis migratorias de la historia del país.
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