Begoña Gómez reconoce ya la intervención de la asesora de Moncloa en asuntos de la cátedra

Begoña Gómez quiso dejar claro ayer en su cuarta declaración ante el juez Juan Carlos Peinado que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez «jamás» le ayudó «en actividad profesional alguna».

Pese a esta rotunda afirmación, la mujer del presidente del Gobierno admitió que la alto cargo de Presidencia del Gobierno sí que le acompañó «de manera puntual» en «actos particulares» y mandó mails relacionados con la cátedra extraordinaria que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Según defendió, Álvarez lo hizo porque «era su amiga» y no en calidad de trabajadora pública. E, incluso, apuntó que fue ella misma la que pidió «esporádicamente» que enviase estos correos electrónicos.

Es en lo que insistió a lo largo de su comparecencia para negar que pudiese haber una malversación de caudales públicos en las distintas gestiones que Álvarez hizo vinculadas a su vida laboral privada de su jefa.

Un delito de desviación de fondos de la Administración que se cuantificaría, en este caso, en los más de 300.000 euros que ha cobrado en los últimos 7 años.

De igual forma, la esposa de Pedro Sánchez reconoció que la asesora «era conocedora de su agenda particular» y tenía acceso a su correo electrónico. «Iba en copia y emitía y recibía correos», llegó a decir en sede judicial.

Sin embargo, Gómez lo justificó con que Álvarez tenía que conocer esta información de su actividad como codirectora de la extinta cátedra de Transformación Social Competitiva para «evitar solapamientos» con sus compromisos como pareja de la segunda mayor autoridad del Estado.

Gómez, que solo contestó a seis cuestiones formuladas por su letrado, explicó también que la eligió como asistente después de que, a su llegada a Moncloa, le informasen de que tenía derecho a tener una, como sus antecesoras. Y sacó pecho de que ella solo optó porque se contratase a una, cuando las anteriores consortes habían tenido «entre 2 y 4 asistentes».

Eligió a Álvarez –aseguró– porque en el Ejecutivo le indicaron que la elegida debía ser una persona «de su confianza y entorno». Como ya había trabajado con ella previamente en la empresa privada donde se conocieron y, a partir de ahí, se convirtió en su amiga, tuvo claro que quería que fuese ella la que ocupase el cargo de directora de Programas.

La asesora investigada, en cambio, optó ayer por el silencio y se acogió a su derecho a no declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Pero la nueva jornada de declaraciones no fue la única novedad en el «caso Begoña Gómez». El magistrado ha dado nuevos pasos en la instrucción.

En el marco de esta pieza separada de la malversación, da un plazo máximo de 10 días a la UCM para que entregue todos los correos que el exvicerrector Juan Carlos Doadrio se cruzó con la asesora de la esposa de Sánchez.

Fue el propio Doadrio el que admitió cuando acudió a declarar como testigo en la causa, que tenía en su buzón de mail «cientos» de mensajes con la alto cargo y Gómez.

Esta diligencia, ahora aprobada por el magistrado, había sido solicitada por la acusación popular unificada, que lidera Hazte Oír.

Además, el juez Peinado ha encargado un nuevo informe a la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la creación de la cátedra extraordinaria que Gómez codirigió durante cuatro cursos escolares y el software de la universidad que se investiga si se pudo apropiar indebidamente.

En primer lugar, ordena enviar una copia a la Guardia Civil de los convenios de fundación de las distintas cátedras extraordinarios que ha habido en la Complutense a lo largo de los años.

Y, en lo relativo al programa informático, el instructor ha acordado remitir los «repositorios» aportados por las distintas empresas privadas que desarrollaron, de manera altruista, la plataforma para la cátedra que codirigía Gómez. Concretamente, los remitidos al juzgado por Telefónica, Google, Minsait, Devoteam y Flat 101.

Todas ellas colaboraron para crear la plataforma de medición del impacto social y medioambiental en pequeñas y medianas empresas (pymes), que supuso una inversión total estimada por encima de los 300.000 euros.

Asimismo, el magistrado remite también a los investigadores para su análisis una copia de la declaración que prestaron, en calidad de testigos, responsables de estas compañías antes del verano.

Hay que recordar que el programa se creó para ser propiedad exclusiva de la universidad, pero acabó en una web a nombre de Gómez, que también lo registró como marca.