Decepción en el Supremo tras la reunión con Llop: “Parece que se pretende que el tribunal toque fondo”

Fuentes del TS consideran que el Gobierno quiere llevar al límite a la institución, que acumula ya doce vacantes, para “echar la culpa a la no renovación del Consejo”

El Tribunal Supremo reclama al Gobierno medidas “urgentes” para aligerar la carga de trabajo que arrastra desde hace años por el aumento de la litigiosidad, una situación agravada por las doce vacantes que siguen sin cubrirse por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tras la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos no puede hacer nombramientos mientras siga en funciones (y así lleva, por ahora, más de tres años).

Como no podía ser de otra forma, la incapacidad de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que agotó su mandato en diciembre de 2018- ha estado muy presente en la reunión que han mantenido la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, encabezada por el presidente de la institución, y del CGPJ, Carlos Lesmes (quien según fuentes presentes en el encuentro ha hecho “una intervención muy crítica”) y la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Fuentes del alto tribunal califican la reunión de “decepcionante”, porque entienden que la ministra se ha “enrocado” en la tesis de atribuir los problemas de funcionamiento de la institución a la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial, que si no se produce el desbloqueo hará que el Supremo tenga el 20 por ciento de sus plazas vacantes el próximo octubre. Hasta el punto de que, lamentaban tras el encuentro, “la sensación es que se pretende que el Tribunal Supremo toque fondo para echar la culpa a la no renovación del Consejo”.

“Preocupación extraordinaria” en el Supremo

Y es que desde el alto tribunal insisten en que las necesidades de medios personales y materiales para disminuir la carga de trabajo se arrastran desde hace años y no son achacables en exclusiva a la falta de acuerdo político para elegir a un nuevo CGPJ. De hecho, aunque la Sala de Gobierno (integrada por Lesmes y los presidentes de cada Sala, entre otros) ha puesto de manifiesto su “preocupación” por la no renovación del Consejo, ha matizado -señala en una nota informativa la institución- que también existen “otros planos de preocupación extraordinaria importancia ajenos a esta situación que se están prolongando en el tiempo”.

Ante esa disparidad de diagnóstico, la ministra ha instado a Lesmes a elaborar un informe en el que se detalle qué necesidades del Supremo son fruto del aumento de la litigiosidad (que se ha acentuado aun más si cabe por la pandemia) y cuáles se deben al bloqueo del órgano de gobierno de los jueces.

El Ministerio de Justicia, mantiene Llop, “no puede tratar con normalidad una situación que no es de normalidad”, por lo que ve necesario “disociar una cosa de la otra”. “Hay numerosos problemas estructurales que se arrastran desde hace años -subraya-. Lo que es nuestra competencia, lo estamos resolviendo”.

Como suele suceder en estos casos, el Tribunal Supremo ha puesto sobre la mesa sus reivindicaciones y el departamento que dirige Llop, las reformas que se han puesto en marcha desde Justicia para mejorar la situación. Sobre todo, el refuerzo aprobado en abril del pasado año que se plasmó en el nombramiento de doce letrados para reforzar el Gabinete Técnico del TS en las tareas de admisión o inadmisión, incidentes de nulidad y quejas, entre otros asuntos. “Una medida de carácter extraordinario” para la ministra, pero insuficiente para el alto tribunal porque -se queja- “no se vio acompañado por el incremento de personal administrativo” que auxiliara a esos letrados en su trabajo (el tribunal reclama un funcionario de tramitación por cada cuatro letrados de refuerzo).

¿Qué reclama Lesmes?

Pero, ¿cuáles son las principales demandas del Tribunal Supremo al Ministerio de Justicia? En la Sala de lo Civil (una plaza vacante y un aumento del 42,5% de la carga de trabajo por la pandemia) considera “extremadamente necesario” el nombramiento de cinco letrados. En la Sala Penal (la única que a día de hoy no tiene una sola vacante, pero que ha visto aumentar la litigiosidad un 27% en 2021), la reclamación hace referencia a la alta interinidad de la plantilla de funcionarios, por lo que se pide incentivos económicos que eviten tantos traslados.

La Sala de lo Contencioso es la que más vacantes arrastra, seis (que serán ocho con la inminente jubilación de dos magistrados), una situación que se verá agravada, advierte el TS, por la “litigiosidad masiva” con el aluvión de recursos previstos reclamando la responsabilidad patrimonial del Estado por las medidas aplicadas para frenar la pandemia.

En la Sala de lo Social, tres son las vacantes, y dos más se producirán en 2022, lo que reducirá a ocho la plantilla de magistrados, lo que impedirá formar las dos secciones encargadas de deliberar y resolver los asuntos. De ahí que la petición sea muy concreta: cuatro nuevos letrados y dos funcionarios de apoyo. Por último, la situación de la Sala Militar no es mucho mejor, con el 25% de sus plazas vacantes (dos de ocho magistrados) y un aumento de un 43,85% de los asuntos pendientes en los últimos dos años.

Justicia pone en valor su “plan de choque”

Además, la Sala de Gobierno ha puesto sobre la mesa la necesidad de abordar reformas legales para instaurar un único recurso de casación en la jurisdicción civil y para eliminar el trámite de alegaciones del que ahora disponen los recurrentes en el ámbito penal cuando la Fiscalía o el resto de acusaciones impugnan su recurso. En esta misma jurisdicción, el TS apuesta por plantear la insostenibilidad de la pretensión en casación. Asimismo, reclama que se dote a la jurisdicción contenciosa de instrumentos procesales eficaces para hacer frente a la “litigiosidad masiva” y que se instaure la doble instancia penal militar.

Justicia también saca pecho por la subida de sueldo a los funcionarios del Supremo -acordada con los sindicatos, recalca- para equiparar sus salarios con los de sus homónimos de las autonomías con las competencias transferidas, atendiendo así “una reivindicación histórica paralizada más de diez años”.

Asimismo, desde el Ministerio -que pone en valor los 13,2 millones de euros reservados en los presupuestos de 2022 para mejorar el funcionamiento del Supremo- se hace hincapié en que la ley de eficiencia procesal simplifica la concepción del recurso de casación en la jurisdicción civil y garantiza la “celeridad” en los tiempos de respuesta. Y en cuanto al ámbito penal, resalta que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal garantizará la simplificación del trámite casacional, ampliará la inadmisión por providencia e introducirá la insostenibilidad de la pretensión en casación.