«El partido no es cómo empieza, sino cómo acaba». Estas declaraciones de un miembro del Gobierno resumen la actitud con la que España llega al Consejo Europeo que se celebrará este jueves y viernes en Bruselas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez va apurar hasta el tiempo de descuento en las negociaciones comunitarias para dar una respuesta a la reforma del mercado energético. La prioridad es alcanzar un acuerdo, pero en Moncloa no descartan ningún escenario y se han enfocado en tejer un frente común con otros países, como Italia, Francia o Portugal, para tener margen de presión ante posibles de cesiones. En el Gobierno dan máxima trascendencia al cónclave de los días 24 y 25, que comparan en importancia con el que decidió sobre los fondos del Plan de Recuperación tras la pandemia de la Covid-19. Consideran que tiene la llave para resolver a corto plazo el modelo de fijación de precios, que sitúan en la raíz del problema del alza de la factura de la luz y que se ha visto acrecentado, por la dependencia del gas ruso, tras la invasión de Ucrania.

En el Ejecutivo asumen que la gira de Sánchez para buscar adhesiones no ha sido todo lo positiva que cabía esperar, al toparse con el rechazo de Alemania, pero sí ha servido para visibilizar el liderazgo de España y un bloque común de países del sur en torno a él. La discusión lleva meses encallada en Bruselas, con dos posiciones claramente enfrentadas: los que abogan por desacoplar los precios del gas de los de la electricidad –apuesta de España– y los que se oponen a esta idea –Alemania, Dinamarca u Holanda– que confían en que la autorregulación del mercado acabará restableciendo el equilibrio. Sin embargo, la guerra en Ucrania dibuja un horizonte de incertidumbre, por lo dilatado de los efectos de la guerra, y ha propiciado que la reforma del mercado energético se aborde tras haberse orillado hasta ahora.

En Moncloa saben que se lo juegan todo a la carta del Consejo Europeo y confían en que se logre una posición de consenso o que, ante lo enconado de las posiciones, se deje manos libres a los Estados para actuar. En el Gabinete están trabajando ya en el paquete de medidas que impulsarán en el Consejo de Ministros inmediatamente posterior, el del 29 de marzo, resistiéndose a las presiones que les empujan a tomar medidas ya para apaciguar el alza de los precios que ha puesto a varios sectores en pie de guerra. «De entrada, lo importante y lo prudente es trabajar en el marco europeo y en función de las herramientas con las que nos dotemos el próximo viernes, ultimaremos, complementando ese paquete, las que queremos aprobar el próximo martes», resumió ayer la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera.

El Gobierno mantiene que «hay que esperar» para «encajar la propuesta europea» en la española, con la confianza de que las medidas europeas sean suficientes y sirvan de parapeto para no tener que ser tan ambiciosos a nivel nacional. En esta línea se expresaba ayer Sánchez en una entrevista en «The Financial Times» asegurando que «si la UE no nos da herramientas para dar respuesta a esta emergencia energética, será difícil no sólo para España, sino para todos los estados miembros soportar el enorme coste económico». En Moncloa saben que «el impacto económico de la guerra será mayor o menor en función de la respuesta europea» y que es necesario que la reunión del viernes acabe con acuerdo.

En todo caso, el Gobierno ha colocado la protección de los colectivos vulnerables en el centro y las medidas que estudia no priorizan la fiscalidad, sino las ayudas o subvenciones estatales para estos colectivos: incrementar el número de familias sujetas al bono social o reforzar a los consumidores industriales que están en una situación comprometida, entre otras. También el mantenimiento de las rebajas fiscales, pero no en esa única dirección, porque –sostienen en el Ejecutivo– «aunque se bajasen los impuestos a 0, si no se reforma el mercado eléctrico y el sistema de fijación de precios, no se conseguiría ningún ahorro». Tampoco está prevista la subida de impuestos a las grandes eléctricas, con quienes se reunió ayer Sánchez en Moncloa y a quienes vio «sensibles» a hacer «esfuerzos», porque «entienden la situación excepcional».