Las urnas decidirán las mayorías en los próximos nombramientos de Delgado

Muchos aluden a la poca independencia del Ministerio Público respecto del Gobierno con el famoso «¿y la Fiscalía de quién depende?» de Pedro Sánchez y lo cierto es que pocos saben que hay un órgano, asesor de la fiscal general del Estado, que es de lo más democrático dentro de la Institución. Las elecciones se celebran cada cuatro años y ayer se inició la campaña en la que se decidirá quién acompaña a Dolores Delgado en las votaciones a los nombramientos en la cúpula de la carrera.

Los cerca de 2.500 miembros de la carrera se enfrentan a quince días en los que se retoman conversaciones y se animan unos a otros a votar a los candidatos de tres asociaciones distintas. No se presenta ningún independiente porque, básicamente, nunca uno pudo conseguir los votos suficientes para entrar en el órgano. Se eligen nueve miembros que se unen a los que son natos (en total hay 12), entre los que están la propia Delgado, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Mª Ángeles Sánchez Conde y la fiscal jefa de la Inspección, Antonia Sanz Gaite. Ambas dos, elegidas durante el mandato de Delgado, se posicionan siempre de su lado. Por eso, la jefa del Ministerio Público suma estos avales a los actuales 4 consejeros que tiene la que fuera su asociación la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Lo que le da siempre la ventaja.

En la letra pequeña de estas elecciones que cristalizarán el próximo 4 de mayo está el análisis a la gestión de estos años. La AF aspira a reconquistar el territorio que perdió en las urnas hace 4 años cuando ellos entonces tenían mayoría, pero la UPF tampoco está dispuesta a perder territorio ganado. Cada cual juega sus bazas: la primera se presenta como el contra poder a la fiscal general; mientras la segunda lo hace con su trayectoria en la lucha por los derechos humanos y la igualdad como bandera. Una tercera, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) vuelve a intentarlo después de diversas derrotas en todas las elecciones pasadas.

En las instrucciones que este año se han repartido a los candidatos a vocales, como cada años, existe la prohibición expresa de hacer pública la campaña y utilizar redes sociales. «Quedan prohibidos los actos públicos o de convocatoria abierta y la utilización de medios de comunicación social, salvo aquellos cuyo acceso esté restringido», dice el documento. Así que todo el «mailing» y los vídeos se organizan de puertas para dentro de la carrera. Las fuentes consultadas en la Fiscalía explican que cada cual expone las líneas maestras de lo que pretenden hacer si llegan a este órgano asesor que es el que tiene capacidad, por ejemplo, de aprobar o desaprobar los informes sobre leyes que tramita el Gobierno. Es el que decidirá, otro ejemplo más, sobre los términos de una renovación del Estatuto Fiscal que tanto reclaman desde hace años estos funcionarios para dotar al Ministerio Público de independencia económica, entre otras muchas cosas.

El tono, dicen los consultados, será «duro» especialmente esta vez porque creen que Delgado está haciendo atravesar a la Fiscalía General por una de las mayores crisis reputacionales que se conoce. Palabras gordas que comparten algunos fiscales de Sala del Tribunal Supremo como Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, esta última fue también fiscal general del Estado. «He conocido hasta 15 fiscales generales del Estado (...). Pero hasta donde la memoria me alcanza no recuerdo una situación de crisis institucional de tanta gravedad y calado como la que está afrontando en estos momentos el Ministerio Público», escribió Zaragoza (que pertenece a la UPF) hace unos días en El Mundo.

Delgado tiene abiertos varios frentes en los tribunales directamente contra su gestión. Por un lado, el Tribunal Supremo anuló uno de sus nombramientos, el del fiscal de Sala de Menores por considerar que no estaba lo suficientemente motivado con respecto a otro candidato que se presentaba (de la asociación contraria) y con un puesto más alto en el escalafón. Por otro lado, la AF ha recurrido el hecho de que Delgado dejara sin efecto la Comisión Ética que se había creado en el Ministerio Público; como también ha interpuesto otro recurso para tener acceso al expediente del «caso Stampa». Sin embargo, la UPF no quiere que se le vincule única y exclusivamente con Delgado explican, desde dentro, que el trabajo de sus miembros a lo largo de estos años ha ido siempre en la avanzadilla de la conciliación, la mejora de las condiciones de la carrera y el feminismo.

Así las cosas, los nuevos elegidos en el Consejo Fiscal tienen algunos nombramientos jugosos sobre la mesa de cara a los próximos meses. Entre ellos el «segundo» de la Audiencia Nacional, actualmente ocupado por Miguel Ángel Carballo, y el jefe del Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón a quien le vence el mandato en junio. Este último es una de las piezas estrella porque manda sobre la mayoría de casos de corrupción que afectan a miembros de partidos políticos como «Gürtel», «Púnica», «Villarejo» o, algunos más recientes, como el que afecta al hermano de Isabel Díaz Ayuso o a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño por la venta de mascarillas.

Entre los candidatos, tal y como avanzó LA RAZÓN, se encuentran dos fiscales de Anticorrupción como son Jorge Andújar por la AF y Teresa Gálvez por la APIF (que nunca ha entrado en el Consejo Fiscal), así como la UPF propone el perfil joven (la única de tercera categoría) de la fiscal provincial de Barcelona Alexandra García.

La lista completa

Por la AF:

• Jorge Andújar - fiscal de Anticorrupción a cargo de algunas piezas del macrocaso sobre el comisario Villarejo
• Roberto Valverde, de la Fiscalía Provincial de Barcelona
• Beatriz Sánchez, de la de Las Palmas
• Eva Más, fiscal de Sevilla
• Isabel Gómez, de la Fiscalía de Cuenca
• Miguel Rodríguez, fiscal de Asturias

Por la UPF:

• Santiago Mena, Fiscal Superior de la Fiscalía de Castilla y León
• Luis del Río, Fiscal Superior de la Fiscalía de Canarias
• Yolanda Ortiz, fiscal delegada de Medio Ambiente en Sevilla
• Belén Marín, fiscal provinciales de Barcelona
• Alexandra García, fiscal provinciales de Barcelona
• Francisco Montijano, fiscal Anticorrupción en la fiscalía provincial de Málaga

Por la APIF:

• Salvador Viada, el propio presidente y Fiscal del Tribunal Supremo
• Teresa Gálvez, fiscal Anticorrupción, que ha practicado la mayor parte del caso «Púnica»
• Silvia López, de la Fiscalía provincial de Madrid.