Moncloa-Zarzuela: un “cortafuegos” para proteger a Felipe VI

El PSOE es un partido con alma republicana que se ha resuelto clave para la continuidad de la Monarquía parlamentaria en España. Especialmente trascendente fue el papel que jugó Alfredo Pérez Rubalcaba en 2014. Cuando Don Juan Carlos le comunicó su intención de abdicar, supo la misión que le estaba encomendando. Había que aprobar una ley en el Congreso sorteando las reticencias de algunas voces socialistas. El entonces secretario general del PSOE retrasó la dimisión que ya tenía decidida y mantuvo prietas las filas, garantizando un relevo tranquilo y manteniéndose al frente de Ferraz hasta que se materializó la sucesión. En la misma línea, Pedro Sánchez, cuando llegó al poder, aparcó su republicanismo reconocido y, desde entonces, ha defendido la institución, reivindicando ante sus socios la “plena vigencia del pacto constitucional”. “España necesita de estabilidad y de instituciones robustas, y éstas tienen que abonarse con ejemplaridad, transparencia y regeneración. La línea marcada por la Casa Real considero que es la adecuada”, ha asegurado.

A lo largo de todo el goteo de informaciones sobre Juan Carlos I la posición de Sánchez ha ido variando, aunque siempre bajo la vocación de que “la Monarquía no está en peligro”. En un principio se llegó a reivindicar la “presunción de inocencia” del que fuera rey y se intentaba delimitar el impacto del escándalo. “Estamos juzgando personas, no instituciones. Por lo tanto, no podemos mezclar una cosa con la otra”, dijo, pero cuando estas informaciones se multiplicaron, el presidente acabó por tildarlas de “inquietantes” y “perturbadoras” para evitar el “efecto contagio” al Gobierno de la crisis reputacional de la Corona. A partir de entonces, el Gobierno ha ido elevando el tono de la crítica hasta la petición de que el monarca rinda cuentas ante los españoles y les dé “explicaciones”, pero siempre con un apunte inmediato en el que se reivindica el esfuerzo de ejemplaridad y transparencia que está haciendo la actual Casa Real.

Esa es la máxima que impera, levantar un “cortafuegos” en torno a la figura de Felipe VI para proteger la institución. El Gobierno ha participado en las operaciones de Estado que supusieron la salida y reciente vuelta de Juan Carlos a España. En el Ejecutivo creen que el que fuera rey está mejor lejos de España, pero se hacen cargo de que, una vez resuelto su horizonte judicial y sin causas que le impidieran volver, había que preparar el terreno para su regreso. Ejecutivo y Zarzuela llevaban meses preparando una hoja de ruta de transparencia y ejemplaridad que se activó el pasado mes de abril ante la inminencia del retorno de Juan Carlos. Aunque en un principio se especuló con que se trataría de una ley de la Corona, desde Moncloa negaron pronto esta eventualidad por la complejidad técnica y parlamentaria que llevaría aparejada. Finalmente se optó por un real decreto, cuya fórmula jurídica permite evitar el debate en el Congreso, para impulsar una mayor fiscalización de las cuentas de la Casa Real.

En esta empresa de protección de la Corona, el Gobierno se ha enfrentado a sus socios dentro y fuera de la coalición. Todos los pasos que se han dado en este sentido se han tomado en solitario o con la connivencia del PP, pero siempre aislando a Unidas Podemos, que han conocido los detalles minutos antes de que se hicieran públicos. De manera sistemática, los aliados de Sánchez han instrumentalizado la figura del rey para intentar desgastar la institución y promover iniciativas en su contra. En paralelo y también sistemáticamente, el PSOE se ha opuesto y se ha alineado en una inédita entente con PP y Vox para evitar que prosperasen.

En el Ejecutivo han intentado durante estos días mantener un perfil bajo, el mismo que esperaban para la visita de Don Juan Carlos y trasladaban toda la presión hacia la Zarzuela, asegurando que no “competía” al Gobierno pronunciarse sobre una cuestión “de carácter personal”. Sí lamentan que la visita no haya tenido la discreción debida y que se haya convertido en un “espectáculo”, asegurando que se hace un “flaco favor” a la institución. No obstante, en Moncloa son conscientes de las dificultades en las que el que fuera rey está poniendo a su hijo, a quien apenas avisó horas antes de poner rumbo a España. “Sobre Don Juan Carlos no manda nadie”, aseguraba un miembro del Gabinete. Este viaje de cuatro días será el mejor test de estrés para calibrar el impacto de su presencia en España y hasta qué punto se puede normalizar.