Sangenjo: “Test de estrés” para Don Juan Carlos

Más de 21 meses. 654 días. Este es el tiempo que el rey Juan Carlos ha permanecido fuera de España. Aunque a lo largo de todo esta etapa se ha especulado con la posibilidad de que volviera en numerosas ocasiones, no lo hizo hasta ayer, cuando aterrizó en el aeropuerto de Vigo a media tarde. El momento no es baladí. El regreso de Don Juan Carlos se produce tras despejarse su horizonte judicial, sin causa alguna contra él que impida su vuelta –hace una semana se archivaba el último fleco relativo al AVE a la Meca– y después de que Zarzuela oficializara su hoja de ruta para avanzar en ejemplaridad y transparencia, con, entre otras, medidas de fiscalización contable, como que el Tribunal de Cuentas auditará en el futuro sus finanzas.

Hasta ahora no se habían dado las condiciones adecuadas para su retorno. En el Gobierno no se esconde la «incomodidad» que le genera el regreso, una sensación que dicen compartir con Zarzuela, porque consideran que «está mejor fuera». Esta inconveniencia se le ha trasladado al propio Juan Carlos I, aduciendo un perjuicio a la imagen de la institución, ahora en manos de su hijo, que se intenta revertir. La polarización de la opinión pública, tras desvelarse las informaciones relativas a sus regularizaciones fiscales, unidas a la utilización política de su figura para intentar desestabilizar la Monarquía eran argumentos que pesaban para retrasar el momento del regreso y que han propiciado que desde el Gobierno y desde la propia Casa Real se marcaran distancias con Don Juan Carlos.

Sánchez elevó considerablemente el tono y pasó del respeto a las decisiones judiciales que le afectaban a calificar de «inquietantes y perturbadoras» las informaciones que se iban conociendo y a reclamar que diera explicaciones a los españoles. Sin pronunciamiento alguno sobre las polémicas de su padre, Felipe VI se expresó por la vía de los hechos y rompió vínculos renunciando a la herencia de su progenitor –a su dinero– y retirándole la asignación salarial del erario público con la que contaba en ese momento (194.232 euros en 2018).

En todo caso, no estamos hablando de un retorno definitivo. Sangenjo será una suerte de «test de estrés» para Don Juan Carlos, que marcará la pauta a seguir en el futuro, calibrando la repercusión y el grado de aceptación o polémica que despierta su presencia en España. El que fuera monarca hasta 2014 ya manifestó su intención de «continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida». Pero a renglón seguido expresó su intención de volver «con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos», rezaba la misiva que remitió a su hijo Felipe VI el pasado 7 de marzo.

En ese mismo documento quedaba por escrito una condición importante para el Gobierno, que Don Juan Carlos no utilizará durante sus estancias residencias de titularidad pública. «Tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible». Una condición que se cumplirá durante su estancia en Sangenjo donde se alojará en casa de un amigo y su paso por Zarzuela se limitará a una visita exprés el próximo lunes, antes de partir de nuevo hacia Abu Dabi.

Sin embargo, en el Gobierno entienden que esa «privacidad» no se está viendo colmada por el carácter del evento, unas regatas en el Club Náutico de Sangenjo, en el que participará durante el fin de semana. Desde Moncloa, tal como publicó ayer este diario, se lamenta el «espectáculo» y la expectación que se está generando en torno al retorno del monarca. En el Ejecutivo esperaban una estancia más discreta, que permitiera hacer un control de daños y no tuviera impacto sobre la Corona.

Y esto, porque la figura del rey Juan Carlos que, durante décadas contó con el consenso de todo el arco parlamentario, se ha convertido en la última etapa en un elemento de controversia para intentar desestabilizar la institución. Un contexto que ha impedido poder abordar ambiciosas reformas, como una Ley de la Corona o de carácter constitucional como la posibilidad de tocar la inviolabilidad del Rey. El propio Sánchez reconoció su deseo compartido con Felipe VI de circunscribir esta protección especial a la estricta actividad de la Jefatura del Estado. Sin embargo, en Moncloa han abandonado estos planes porque consideran que no existen las mayorías parlamentarias suficientes –necesitan la connivencia del PP– para materializar el cambio, una reforma agravada, que obligaría, además, a disolver las Cortes y convocar elecciones.

La aritmética parlamentaria no es el único obstáculo. Incluso dentro del bloque de la investidura no hay consenso sobre esta cuestión, pues mientras el PSOE se alinea habitualmente con PP, Vox y Ciudadanos para levantar un cortafuegos que defienda la institución; los partidos aliados, soberanistas y nacionalistas, aprovechan cualquier oportunidad para cargar contra su legado y poner en jaque la Corona. Por ello, en el Gobierno se resisten a abrir cualquier debate que acabe derivando en una suerte de referéndum entre Monarquía o República.