El Gobierno busca rescatar a ERC: da el plácet para el acuerdo que esquiva el 25% de castellano

El Gobierno ha apostado desde el primer momento por ponerse de perfil con la cuestión del 25% de castellano y, ahora, que es una de las carpetas más candentes también ha continuado por los mismos derroteros. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha evitado este miércoles hacer un pronunciamiento claro para que se ejecute la sentencia del castellano en Cataluña, que debe aplicarse antes del 30 de mayo. La ministra se ha limitado a decir que prestaría la ayuda que reclame el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mediante la Alta Inspección (que debe velar por el cumplimiento), pero, acto seguido, ha pasado al ataque contra el PP por exigirle medidas: acusó a los populares de tener un discurso «destructivo».

Y, lo cierto es que el Gobierno sabe que es una materia muy sensible para su supervivencia: si pone palos en las ruedas, Esquerra puede acabar dinamitando la legislatura. Por ello, ha dado el plácet al PSC para que negocie una salida a la sentencia junto a Podemos, ERC y JxCat. Y esa salida ha sido una proposición de Ley que se votará este viernes en el Parlament y que sitúa al castellano como «lengua curricular», mientras que mantiene el catalán como «lengua vehicular». El texto admite muchas interpretaciones y desde el PSC aseguran que la idea es la misma: afirman que esta reforma legal no sirve para esquivar la sentencia, sino para «darle un mejor cumplimiento» porque es «muy rígida» al poner porcentajes (un 25% de castellano) y la intención es que ambas lenguas tengan un espacio en cada centro escolar en función de la realidad sociolingüística.

Esta proposición de Ley se aprobará este viernes (se puede retrasar porque Vox, PP y Cs llevarán la norma al Consell de Garanties Estatutàries) y, posteriormente, está previsto que el Govern apruebe un decreto para desarrollarla. No obstante, entre los grupos impulsores, hay quien espera también que la Asamblea por una Escuela Bilingüe interponga un recurso si el martes no se ordena a todos los centros escolares que cambien los proyectos lingüísticos para que se apliquen un mínimo del 25% de las clases en castellano. Y, en este sentido, hay quien asume también que la Justicia tumbará esta propuesta legislativa, aunque también se tiene la intención de llegar al Tribunal Constitucional para que estudie la causa teniendo en cuenta los cambios introducidos en la nueva Ley Educativa (Lomloe), que suprimió la referencia explícita del castellano como lengua vehicular.

En cualquier caso, lo cierto es que el Gobierno ha operado en esta cuestión con la intención de contentar a Esquerra en todo momento. Ha negociado con la Generalitat para buscar una salida y ha evitado cualquier cuestión que pudiera generar crispación con sus socios, en un momento de máximo distanciamiento. Es el temor que se comparte también en el PP, donde no tienen duda de que el Gobierno ha «autorizado» al PSC a incumplir el 25% para seguir en Moncloa.

Y es que en el Ejecutivo admiten que las relaciones con sus socios vuelven a erosionarse, y una posición más neutra sobre este asunto puede ser una vía para firmar una tregua. Más todavía cuando los independentistas reclaman más pasos para depurar responsabilidades políticas por el «caso Pegasus». Hoy, ERC aprovechará el pleno monográfico sobre el espionaje para volver a evidenciar la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. «Están dolidos», admiten fuentes gubernamentales, que si bien esperan contar con sus principales aliados de cara al término de la legislatura, no confían en ello, a día de hoy. «No les vemos por la labor de hacer nada para apoyarnos», lamentan, lo que, dicen, les obliga a negociar con el PP, algo que genera recelo. Pero el Ejecutivo está dispuesto a dar cumplimiento a la agenda legislativa y ven ya a ERC en la carrera electoral, y en su competición con Junts. «Están mirando el retrovisor», zanjan.