Asociaciones católicas piden amparo al TC por la decisión del Congreso de investigar los abusos en la Iglesia

Varias asociaciones católicas lideradas por E-Cristians y One of Us han recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la decisión del Pleno del Congreso del pasado 10 de marzo en encomendar, a instancia de PSOE y PNV, al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente con el objetivo de elaborar un informe sobre las denuncias por abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica, una iniciativa que consideran discriminatoria y que acarrea una “inevitable” “estigmatización y criminalización de los católicos”.

“Circunscribir la investigación del grave delito que se pretende investigar en exclusiva a la Iglesia Católica, a sus miembros seglares y religiosos, sin datos objetivos que justifiquen esa selección, y la exclusión de otros ámbitos o grupos sociales, implicaría prejuzgar la culpabilidad o, al menos, la complicidad de la Iglesia en los casos de pederastia”, argumentan.

Los recurrentes consideran que la proposición no de ley de socialistas y nacionalistas vascos -cuya nulidad reclaman al TC- “impacta de forma directa” en el derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Y lo hace -añaden- en una vertiente sobre la que hasta ahora “el Tribunal Constitucional no ha tenido ocasión de pronunciarse, esto es, la creación de perfiles en base a características específicas de grupos de personas para ser objeto de exclusiva o preferente investigación por delitos”.

“Señalamiento y criminalización”

Según exponen en su recurso -que firma Manuel Silva, abogado del Estado en excedencia y antiguo miembro del Consejo de Estado- la iniciativa “afecta a la Iglesia Católica en España, tanto a sus miembros seglares como religiosos, al ser señalada de forma exclusiva en la iniciativa del Defensor del Pueblo, aprobada por el Congreso de los Diputados”, que ven así sus derechos fundamentales (a la igualdad y no discriminación) “conculcados”.

Para las asociaciones que piden amparo al TC, la medida acarrea un “señalamiento y criminalización exclusivos” para “todos los miembros de la Iglesia Católica”, lo que en su opinión limita también el derecho fundamental de libertad religiosa e ideológica.

“Resulta difícilmente justificable -señalan- que la actuación de profesores en centros educativos de ideario católico esté señalada y sujeta al escrutinio del Defensor del Pueblo y la Comisión por él presidida, mientras que la actuación de profesores en centros públicos, o en centros concertados de ideario no católico, no lo esté”.

Las asociaciones que han recurrido al TC recuerdan además que la Conferencia Episcopal “ha encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo una auditoría independiente sobre los casos de abusos sexuales”.

“Manifiesta discriminación”

“Nos encontramos ante una manifiesta discriminación -se quejan-, que, en el mejor de lo casos podría calificarse de encubierta, pero discriminación, al fin y al cabo, igualmente proscrita constitucionalmente”.

Los recurrentes consideran que “no existe ningún elemento que singularice los delitos de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica, por seglares y religiosos, en relación con los cometidos en otros ámbitos”. “Ni el número de casos (reducido porcentaje), ni su extensión en el tiempo y en el territorio, ni la pretendida impunidad (basada en la ocultación y secretismo), ni la falta de diligencia de la Iglesia católica”, subrayan.

En todo caso, argumentan invocando el principio de preferencia del enjuiciamiento penal, el Defensor del Pueblo debe “suspender su escrutinio y apartarse, dando traslado al Ministerio Fiscal, en aquellos casos en que el delito pudiera no estar prescrito”.

“Chivo expiatorio”

En un comunicado, las asociaciones denunciantes exponen que este recurso ante el Constitucional “abre el camino para acudir posteriormente a las instancias europeas e internacionales, que protegen los derechos humanos”.

Asimismo, se refieren al “reciente cómputo de la Fiscalía General del Estado sobre denuncias y querellas registradas” en relación a este tipo de delitos, que “apuntan a que apenas un 0,5%, que puede ser solo el 0,2% si se considera la última década, de los delitos sexuales en menores tienen que ver con entornos católicos”

Estas asociaciones plantean una reflexión: “si el Congreso hubiera acordado que el Defensor del Pueblo investigara los robos con violencia sólo en ámbitos gitanos, o de inmigración eslava, o latina, o de cualquier otro grupo social, ¿no señalaría todo el mundo, con razón, que sería una discriminación al relacionar un grave delito con un único colectivo específico? Pero es lo que se hace con la Iglesia convertida en chivo expiatorio, mientras se mantiene fuera de foco el 99,5% de los casos”.