El Gobierno responde al juez que investiga el ‘caso Pegasus’ que no hay nada secreto que desclasificar

El Gobierno ha respondido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el ‘caso Pegasus’, que “no hay nada secreto que desclasificar” que pueda afectar a la declaración en calidad de testigos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así lo han confirmado fuentes de Defensa a Europa Press tras hacerse público este martes que el Ejecutivo ha acordado resolver sobre la desclasificación solicitada en el suplicatorio del magistrado de 28 de julio de 2022.

Ese día, Calama dictó resolución por la que acordaba la declaración de Grande-Marlaska y Robles, y a la par ordenaba enviar suplicatorio al Consejo de Ministros para que procediera a desclasificar "los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados" por dichos testimonios.

En esta causa se indaga en la infección de los móviles de estos dos ministros ahora citados como testigos, del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del intento de infectar el terminal del titular de Agricultura, Luis Planas, con la herramienta informática Pegasus.

Calama acordó citar como testigos a Robles y Grande-Marlaska -responderán al juez por escrito- a la vista del contenido de las declaraciones testificales de la exdirectora del CNI Paz Esteban, del funcionario de este organismo número 7613 --que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado-- y del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

Cabe recordar que ya en mayo el Gobierno autorizó al Centro de Inteligencia Nacional (CNI) a que colaborara con Calama en la investigación. Ya entonces, fuentes gubernamentales consultadas por esta agencia, avanzaron que, al margen de las eventuales declaraciones, no había más información relevante para esta causa que hubiera que desclasificar.

Calama abrió diligencias previas el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles de miembros del Ejecutivo.

Según esa denuncia inicial, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el pasado 30 de abril, se había tenido conocimiento de que los mismos “fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, ‘software’ espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021″.

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que “el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)”, mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

En sendos casos, recogía Calama en su auto, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".

En plena crisis con Marruecos

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Precisamente, este último declaró el 1 de junio de 2021 como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.

En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.

El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.