El PP denuncia los “abusos” de Sánchez al Poder Legislativo y amenaza con llevarlo al TC

El PP advierte de la «falta de respeto» que el Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo contra el Poder Legislativoal que, subraya, está «laminando» y «degradando» de forma reiterada, «hurtándole» la capacidad de «mejorar» los decretos convalidados para que se tramiten como proyecto de ley, obviando los informes preceptivos de órganos constitucionales o evitando las comparecencias de colectivos en la sociedad civil en las leyes que les afectan.

El Grupo Popular que dirige Alberto Núñez Feijóo denuncia las «ansias de poder» del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos y cómo están repercutiendo en la «intromisión» del poder legislativo. Lo que está ocurriendo, apuntan, no se había producido en «44 años de democracia» y, fuentes del partido aseguran que van a «dar la batalla» y recurrirán, en amparo al Tribunal Constitucional si persisten estas «argucias» que «deterioran la labor parlamentaria y afectan a la seguridad jurídica de las normas».

Como principal partido de la oposición, los populares censuran el «abuso» que se está haciendo, por parte del Gobierno del Real Decreto-Ley, que, recuerdan, está limitado a casos de «urgente necesidad» pero que, con el actual Ejecutivo, esa «excepcionalidad se ha convertido en la normalidad», haciendo que el Legislativo se convierta en un mero «convalidador» de leyes, donde el legislador es La Moncloa. Y es que Sánchez ha usado ya los decretos-ley 129 veces.

Y es que, muchas de esas convalidaciones se aprobaron con la promesa de que se tramitarían como proyecto de ley, pero, es una quimera porque luego, denuncian fuentes del PP, los aliados del Gobierno las «paralizan» y «bloquean» en la Mesa del Congreso, «cercenando» el poder parlamentario con la «complicidad» de la Mesa, donde los grupos que apoyan al Gobierno tienen la mayoría. Así ocurrió con la ley que afecta a los fondos europeos. En algún caso han llegado a pedirse 70 ampliaciones del plazo de enmiendas», y que así, terminen “muriendo». Este comportamiento supone «secuestrar» la actividad parlamentaria e impedir a los diputados mejorar y perfeccionar esas normas. Fuentes del PP indican que hay un «engaño» y «fraude parlamentario» a los grupos por parte del Ejecutivo.

Los populares dan varios ejemplos: la Ley de Eutanasia, la derogación del artículo 315 del Código Penal y dos reformas del Consejo General del Poder Judicial fueron tramitadas desde los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos, y no desde el Gobierno, que está obligado a requerir informes de varios organismos, «no por capricho», subrayan, sino «para que las normas sean garantistas». «Se utiliza la Proposición de Ley para que no se informe. Incluso, cuando se tramitan como decreto ley, se saltan informes preceptivos».

Cuando hay una tramitación como proyecto de ley, el Gobierno también «se salta muchos informes que son preceptivos» como ha ocurrido con la Ley del Aborto, donde el CGPJ «aún no ha tenido tiempo» de emitirlo, pero la norma ya fue aprobada por el Consejo de ministros y remitida al Congreso. Un caso similar ha ocurrido con la Ley de Bienestar animal, que no cuenta con informe del órgano de gobierno de los jueces, ni del Consejo de Estado. Asimismo, advierten de cómo, «desde los Ministerios de Podemos se impulsan reformas legislativas de áreas que dependen de Ministerios del PSOE. Es como si hubiera dos gobiernos, y la remisión fuera que el ministerio de Podemos tiene su propio ministerio de Justicia». Ocurre, por ejemplo, con la reforma del código penal sobre el bienestar animal que, en vez de ir a la comisión de justicia está en la de servicios sociales. «Aquí se legislan cosas importantes, no se puede hacer como si fuera una asamblea de una universidad», critican.