Los exjefes de ETA investigados por el atentado de Santa Pola declararán por videoconferencia

Los exjefes de ETA investigados, tras una querella de Dignidad y Justicia (DyJ), por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) cometido el 4 de agosto de 2002 podrán declarar por videoconferencia el próximo 3 de octubre en relación a su supuesta responsabilidad en la acción criminal en la que murió una niña de seis años, Silvia Martínez Santiago, y Cecilio Gallego, de 57, que esperaba el autobús junto a la casa cuartel, y 56 personas resultaron heridas. La explosión provocó más de seis millones de euros en daños materiales.

Así lo ha decidido el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en una providencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que tras haber dado el visto bueno a que María Soledad Iparraguirre, “Anboto”, Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Mújica declaren desde prisión, accede también a que Mikel Albisu, “Mikel Antza” y Ramón Sagarzazu, que se encuentran en libertad, declaren de forma telemática desde los juzgados de San Sebastián. El instructor solo deja pendiente la petición de Félix Ignacio Esparza, que cumple condena en el centro penitenciario de Lannemezan (Francia), dado que para ello deberá librar una orden europea de auxilio judicial.

Como informo este periódico, Su abogado solicitó la medida para garantizar su derecho de defensa (el letrado Aiert Larrarte reside en San Sebastián) para “evitar situaciones de peligro” motivadas por los traslados de los investigados a la sede de la Audiencia Nacional dada la “situación sanitaria actual” causada por la Covid-19.

“Impartir las órdenes” para atentar

Olarra Guridi y “Anboto” declararán por tanto de manera telemática desde el centro penitenciario de Zaballa (Álava); Ainhoa Múgica lo hará desde la prisión de Logroño; y Ramón Sagarzazu y “Mikel Antza”, desde los juzgados de San Sebastián.

Por este doble asesinato fueron condenados en 2012 a 843 años de prisión los integrantes del “comando Argala” Óscar Zelarain y Andoni Otegi como autores materiales del mismo.

Según expuso García Castellón en la resolución en la que acordó su imputación -basándose en un minucioso informe de la Guardia Civil-. Olarra Guridi y Ainhoa Múgica, como responsables del “aparato militar” de ETA ejercían en la fecha del atentado labores de “dirección y control” del “comando Argala”, que fue quien colocó el coche bomba, por lo que hasta que fueron detenidos en Francia en septiembre de 2002, se encargaron de “impartir las órdenes para cometer atentados a los comandos que operaban en España”.

Participación “activa” y “solidaria” en la Zuba

“Anboto”, al frente de la tesorería de ETA según el instructor, también formaba parte del comité ejecutivo de la banda terrorista y la Guardia Civil le atribuye una participación “activa y solidaria” en las reuniones de la cúpula etarra donde se tomaban las decisiones, un papel que igualmente habría desarrollado Sagarzazu, entonces responsable del “aparato internacional”.

“Mikel Antza”, que estaba al frente del “aparato político” (desde 1994 hasta su detención en octubre de 2004) era, señaló el instructor en esa misma resolución, el encargado de definir la línea “política” de la organización y de aprobar, “en el seno del máximo órgano de dirección de ETA”, la estrategia que en cada momento debiera determinar la consiguiente “acción militar”.

Por último, Félix Ignacio Esparza, responsable del “aparato logístico” entre septiembre de 2001 y abril de 2004, cuando fue detenido en Saint Paul les Dax (Francia), fue también para el magistrado corresponsable de las decisiones adoptadas en el seno del comité ejecutivo de ETA.