Transparencia

El viaje de tres días de Sánchez a EE UU costó 230.800 euros solo en alojamientos

Presidencia informa a instancias de Transparencia de la visita de 2021: supuso 7.212,78 euros por cada uno de sus 31 acompañantes y el presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York el segundo día de su gira por Estados Unidos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York el segundo día de su gira por Estados UnidosBorja Puig de la BellacasaPool Moncloa/ EFE

En el verano de 2021, Pedro Sánchez se desplazó a Estados Unidos con una agenda más propia de un ministro que de un presidente de Gobierno. Fueron tres días –21, 22 y 23 de julio– de escaso provecho en resultados prácticos y nulo eco mediático, aunque de cuantioso gasto para el erario público: 235.810,97 euros de los que la mayoría, 230.809,22, se corresponde solo a «alojamientos»; 4.594,02 euros para «manutención», y 407,73 en concepto de «otros gastos», según datos facilitados por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno al Consejo de Transparencia, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Son cifras obtenidas gracias a la petición de un ciudadano particular, denegada en un primer momento por Presidencia, pero recurrida de nuevo hasta que, el pasado 4 de abril, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno instaba al departamento gubernamental a aportar la información solicitada por Guillermo Rocafort, abogado y profesor de universidad.

Estimada «parcialmente» la reclamación por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, este requería el envío «al interesado» de los datos relativos a «personas que han acompañado al presidente, excluyendo a la tripulación y el personal de seguridad; gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y otros; [y] acuerdos que el presidente del Gobierno haya celebrado con las corporaciones y empresas privadas de ese país».

Con fecha de este 26 de septiembre, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno ha respondido con el listado de los acompañantes de Pedro Sánchez, excepto el personal técnico, por su «bajo nivel jerárquico» y al «no tener su actuación implicación directa en la actuación pública a desarrollar en el viaje». El séquito detallado incluye a 31 personas, más el presidente, entre los que destacan Reyes Maroto (ministra de Industria, Comercio y Turismo); Santiago Cabanas (embajador de España en Estados Unidos); Manuel de la Rocha (director del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno); Francisco Polo (alto Comisionado para España Nación Emprendedora de la Presidencia del Gobierno); Emma Aparici (directora del Departamento de Asuntos Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno); Jorge Mijangos (director del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno) y Carmen Pérez (directora General de Información Internacional de la Secretaría de Estado para la Comunicación).

En lo referente a la información sobre los «gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y otros», se indica que estos viajes del presidente «desde Madrid a los Estados Unidos de América, así como los desplazamientos entre los diferentes estados del país, se realizaron en aeronave del Grupo 45 de las Fuerzas Áreas Españolas, dependiente del Ministerio de Defensa, a cuyo presupuesto se imputa el gasto ocasionado».

Respecto a los «desplazamientos internos dentro de las ciudades visitadas», se apunta que «se realizaron en coche, no siendo posible indicar el gasto imputable a estos movimientos ya que esta información podría causar un perjuicio a la seguridad nacional».

«¿Qué resultado tuvo un viaje tan multitudinario como costoso?»

El abogado Guillermo Rocafort, «después de más de un año de lucha», describe como «viaje de placer a costa de los españoles» el periplo del presidente. Rocafort acudirá de nuevo a Transparencia por cuanto el Gobierno «no ha informado de los empresarios privados que acompañaron» a Pedro Sánchez, «dato que estarían obligados a desvelar», ya que «la petición de información incluía a todos sus acompañantes, no solo a sus altos cargos elegidos a dedo».
Entiende el abogado reclamante que «también estaría Presidencia del Gobierno obligada a informar sobre el coste pagado por el alquiler de coches para los desplazamientos, porque no hay ninguna diferencia a este respecto entre alojamiento y modo de transporte. Solo se pidió conocer el coste de los alquileres del convoy presidencial donde se desplazó durante tres días [Sánchez] por un país tan extenso como Estados Unidos y el Consejo de la Transparencia ha dicho que hay que informar del coste de alquiler de vehículos».
Satisfecho solo en parte, se pregunta que «si no se ha visitado al presidente Biden, ni a ningún responsable político de nivel, y tampoco se han cerrado acuerdos con empresas privadas de este país, ¿cuál habrá sido el motivo de un viaje tan multitudinario como costoso y cuáles han sido los resultados?».

Indica la resolución que «conocer el importe abonado por el alquiler de los coches que conforman la cápsula de seguridad en la que se desplaza el presidente del Gobierno permitiría dimensionar con certeza la configuración de la misma y, por tanto, conocer detalles clave del dispositivo de seguridad del presidente en carretera, lo que pondría en peligro los desplazamientos presentes y futuros del jefe del Ejecutivo y del personal de seguridad que le acompaña».

En cuanto a los «acuerdos» que celebró Pedro Sánchez con las corporaciones y empresas privadas del país», en el «ámbito de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno no existe documento o contenido que se corresponda con la información solicitada. En todo caso», consta en la resolución, se «puede encontrar información relacionada con la finalidad del viaje y de las actuaciones realizadas en la página web de La Moncloa».

Con las cifras aportadas, y teniendo en cuenta a las 32 personas que se especifica, del desglose de gastos durante los tres días de estancia en Estados Unidos se deduce que se emplearon 7.212,78 euros por persona en alojamiento y 143,56 en manutención.

Los 31 acompañantes oficiales

Reyes Maroto (ministra de Industria, Comercio y Turismo); Santiago Cabanas (embajador de España en Estados Unidos); Manuel de la Rocha (director del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno); Francisco Polo (alto Comisionado para España Nación Emprendedora de la Presidencia del Gobierno); Emma Aparici (directora del Departamento de Asuntos Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno); Jorge Mijangos (director del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno); Carmen Pérez (directora General de Información Internacional de la Secretaría de Estado para la Comunicación); Juan Ignacio Díaz (director del Gabinete de la ministra de Industria); Miguel Sanz Castedo (director General de Turespaña); Maider Makua (subdirectora General Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno); Valentín Carrera (jefe de la Unidad de logística Informativa de la Secretaría de Estado para la Comunicación); Borja Lasheras (jefe de la Unidad de Coordinación del Departamento de Asuntos Exteriores de la Presidencia del Gobierno); Francesc Pont (vocal asesor de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20); Ana Manzano (asesora-Gabinete de la Presidencia del Gobierno); Pilar Cuadra (coordinadora del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno): Esther Corral (consejera de Información de la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno); Daniel Prada (consejero de Información de la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno); María del Mar González (responsable de Alianzas e Inversión del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora); María Imelda (asesora ministra de Industria); Esmeralda Martínez (asesora ministra de Industria); Carlos Tercero (ayudante del presidente del Gobierno); Fulgencio Sánchez (consejero Técnico del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno); Juan Rodríguez (jefe de Área de Análisis Informativo de la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno); Juan Romero (consejero Técnico de la Secretaría General de Coordinación Informativa Internacional de la Presidencia del Gobierno) y Juan Ramón Bedmar (consejero Técnico de Actividades Internacionales de la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno).