Feijóo cambiará la política de asilo para primar la inmigración de «países seguros»

El plan con el que el Partido Popular quiere situarse en el debate de la inmigración, para atraer tanto a votantes de izquierda como de derechas, está a punto de ver la luz. Quedan horas. Será mañana, en la ciudad de Barcelona, enclave significativo para la materia, cuando Alberto Núñez Feijóo lo presente.

Estará acompañado por su vicesecretaria de Acción Sectorial, Alma Ezcurra, responsable de pilotarlo. Con cuentagotas, el PP, desde hace semanas, ha desvelado algunas de sus propuestas. Otras, se las ha reservado para el gran día.

Como la que ha conocido en exclusiva LA RAZÓN: una reforma del sistema de asilo, a fin de que sea más «ágil y riguroso», con un procedimiento «ultrarrápido» para los solicitantes procedentes de «países seguros».

Además, el PP aboga por «reforzar con más medios y personal las oficinas responsables de tramitar solicitudes, acelerando los tiempos de respuesta». Y, por último, pide aprobar «una lista de países seguros donde no existen riesgos graves de persecución, de modo que las solicitudes de nacionales de esos Estados se resuelvan mediante un procedimiento ultrarrápido».

Una idea que sigue la estela marcada por Bruselas. El pasado mes de mayo, la Comisión Europea, en su Pacto de Inmigración y Asilo, propuso facilitar la aplicación del concepto de «tercer país seguro», que permite a los Estados miembros considerar inadmisible una solicitud de asilo cuando el solicitante pueda recibir una protección efectiva en un tercer país que se considere seguro para él.

Para aplicar este concepto, el Derecho de la UE exige actualmente a las autoridades de asilo que demuestren la existencia de una conexión entre el solicitante y el tercer país seguro de que se trate.

La premisa con la que nace el plan del PP es que la inmigración tiene que ser «legal y ordenada». Y no solo. Recientemente, Feijóo señaló cuáles eran sus principios elementales. Entre otros: «La inmigración que llegue a España preferentemente debe ser culturalmente próxima, más cercana. La hispanidad es compartir vínculos idiomáticos, de comportamiento, que deben tener una discriminación positiva».

Para las personas que deseen establecerse en nuestro país, el PP establece un primer requisito: «Respetar nuestras costumbres, derechos y obligaciones, los valores españoles y europeos de la libertad, la tolerancia y el pluralismo».

Para quien no esté dispuesto a pasar por el aro, el mensaje es el siguiente: «No puede permanecer en nuestro país». Hasta la fecha, todas las medidas que ha trasladado el partido van orientadas a incentivar los flujos migratorios en de manera regular y con capacidad de integración en el territorio, y a frenar el «efecto llamada» que, según el PP, practica el Gobierno.

Para que los que llegan de forma ilegal, el planteamiento es poner coto al acceso a las ayudas sociales. «No se puede venir a España a vivir de subsidios que se financian con los impuestos de todos. La inmigración debe estar para garantizar el Estado del bienestar, no nos podemos permitir ni tasas de paro ni tasas de precariedad superiores a la población nacional», afirmó Feijóo hace poco.

Otra pata del plan migratorio es la lucha contra la delincuencia. Con propuestas para actuar con mayor contundencia contra todos aquellos inmigrantes –sean legales o no– que delinquen.

El pasado viernes, Alma Ezcurra defendió que aquellos «con vínculos criminales y radicales violentos» deben perder la residencia «de forma automática». No hacerlo, contrapuso, «sería inhumano e insolidario y tirar por la borda el esfuerzo de tantos millones de personas españolas y extranjeras que cada día madrugan para levantar el país».

La número tres del PP, en una suerte de previa a la presentación del Plan de Inmigración, se entrevistó con dos hermanas ecuatorianas que se establecieron en España hace 25 años y que han levantado una empresa que genera decenas de puestos de trabajo. Justo después, ante los medios, censuró la «moda política de victimizar a los inmigrantes [por el PSOE] o criminalizarles [por Vox]».

El ejemplo, recalcó, es el de una de las empresarias extranjeras con las que se acababa de ver, Nelly: «Su testimonio habla de la fuerza de la verdad, de que todo ser humano es digno, libre y capaz».

Para el PP, hay «derecho y la obligación» de todos los españoles para decidir «quién entra, cómo y para qué». Nada que ver, con lo que hace el Gobierno de Sánchez: «Condenar a la ilegalidad» a muchos inmigrantes, por no hacerse cargo de ellos a fin de que se integren. O bloquear las vías de entrada legal en España. «Ha llegado el momento del orden y la legalidad», anticipó Ezcurra.

A tal efecto, Feijóo pidió establecer un «visado por puntos», siguiendo la estela de países como Australia, Canadá o el Reino Unido, para favorecer la entrada de «de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra». Y dar preferencia a «quien conoce mejor nuestra cultura y tiene mayor capacidad de integración».

Además, propuso computar «el compromiso de países de origen» con una «política migratoria» similar a la que se aplica en nuestro territorio. «Si nos ayudan, serán recompensados. Si incentivan el desorden, no», fue la máxima.

Es decir: «No tendrán visado las personas que vengan de los países que no se comprometan a mantener el orden». Como publicó ayer este diario, en la cúpula creen que la estrategia migratoria ha dado un impulso al partido en un momento en el que Vox parece atravesar una primavera demoscópica.