Presión

Unidas Podemos vuelve a poner en el foco a Marlaska: reactiva la comisión de investigación por la tragedia en Melilla

Los morados, junto a los aliados parlamentarios, creen que las explicaciones del ministro del Interior “podrían ser cuestionadas tras el análisis de nuevos vídeos e imágenes”, tras la emisión del documental de la BBC

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (i) y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (i) y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique (d), durante una sesión plenaria en el Congreso de los DiputadosJesús HellínEuropa Press

Unidas Podemos sitúa de nuevo en el foco al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su responsabilidad ante la tragedia del salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio en el que murieron una treintena de inmigrantes. Los morados presionan así desde el Gobierno para que uno de sus ministros de explicaciones sobre lo sucedido.

Toda la presión, de nuevo, sobre el ministro del Interior con una nueva comisión de investigación sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en la frontera de España con Marruecos en Ceuta y Melilla, que registran junto a los socios parlamentarios, y que ya fue tumbada en el mes de julio ante el rechazo de PSOE y PP en la junta de portavoces.

Los morados ven ahora más posibilidades, después de que los populares hayan amenazado al Gobierno con apoyarla, según adelantó este miércoles la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, aunque opta por conocer primero las explicaciones del ministro de ramo en el Congreso de los Diputados y exige visionar las imágenes rodadas aquel día.

Además, los morados, ven ahora más razones si cabe, a raíz del documental de la BBC que cuestiona la versión oficial que se ofreció sobre los fallecimientos de este día.

En el texto que han registrado, recogido por Ep, los grupos partidarios de la investigación destacan que el reportaje de BBC ha puesto de manifiesto que las explicaciones ofrecidas por el Ministerio del Interior “podrían ser cuestionadas tras el análisis de nuevos videos e imágenes” y que, a tenor del visionado de los mismos, “podría considerarse que varias de las muertes se produjeron en territorio español”.

También aluden a los cálculos del Defensor del Pueblo, que ha contabilizado que se produjeron unos 470 “rechazos en frontera”, una práctica que “conllevaría un incumplimiento de varias previsiones legales, tanto nacionales como internacionales”. Asimismo, destacan que la institución que dirige Ángel Gabilondo sostiene que “el Ministerio de Interior, a pesar de haberse comprometido a una investigación interna y a la mayor transparencia para el esclarecimiento de los hechos” no ha “facilitado la totalidad de las imágenes grabadas en el perímetro de la valla”.

Estas formaciones, que apuntan que tanto Naciones Unidas como la Unión Africana y numerosas ONG han pedido que se investigue lo sucedido, quieren que la comisión certifique el número de fallecidos y heridos y los identifique.

Otro de los objetivos que persiguen es que se analicen “las actuaciones realizadas por las autoridades competentes en materia forense en cada caso” y el soporte médico, psicológico y legal prestado a quienes fueron acogidos en el Centro de estancia temporal de migrantes (CETI) de Melilla tras los hechos.

La comisión debería analizar también “la justificación y proporción de la fuerza utilizada por las Fuerzas de Seguridad en la frontera, su coordinación de actuación con la Gendarmería marroquí, su compatibilidad con el cumplimiento de los Derechos Humanos”, la “pasividad” de los agentes de la Policía Nacional ante la incursión de agentes marroquíes “para detener a personas que se encontraban” y que, según los firmantes de la iniciativa, “permitió que pudieran ser devueltas a territorio marroquí, contraviniendo la legislación internacional”.

Otro de los objetivos es que se determine si las actuaciones de vigilancia de fronteras realizadas por la gendarmería marroquí “fueron financiadas por el Ministerio del Interior y por otros ministerios”, con detalle de las subvenciones y fondos transferidos, así como la existencia o no de mecanismos de prevención de respeto de los Derechos Humanos que condicionan la transferencia de dichos fondos.

Finalmente, este órgano debería servir para detectar “todos aquellos elementos necesarios para planificar políticas de reparación, prevención y la atención a las víctimas” y, en especial, “para garantizar que las políticas de gestión de protección de las fronteras se realicen en aplicación de protocolos que garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos”.

En estos días, los ministros morados han insistido en la “gravedad” del asunto y en la necesidad de “esclarecer” lo sucedido. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, pidió que se investigue hasta llegar al fondo del asunto después de conocer el documental de la BBC, en el que se responsabiliza al Gobierno de la tragedia. “Los derechos humanos no son relativizables” porque “con los derechos no se juega”.