El juez del “caso Ghali” denuncia la “amplia zona de oscuridad” que ha “lastrado” la investigación

El juez que investiga el “caso Ghali” no está dispuesto a remitir la investigación a los juzgados de Logroño. En contra de lo que pretendía la Fiscalía, el magistrado Rafael Lasala ha rechazado inhibirse del asunto para que sean los juzgados de la capital riojana los que intenten esclarecer la supuesta falsedad documental cometida al registrar con pasaporte falso al líder del Frente Polisario en el hospital San Pedro de Logroño, donde estuvo ingresado con el aval del Gobierno del 18 de abril al 1 de junio de 2021 convaleciente de una neumonía causada por el Covid.

En una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el instructor sostiene que al margen de esa posible falsedad documental, subsiste la investigación de una presunta prevaricación, que únicamente fue sobreseída respecto a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y el que fuera su jefe de gabinete Camilo Villarino.

Según Lasala, “no puede accederse” a la petición de la Fiscalía “por estar la posible falsedad documental objeto de instrucción relacionada con la prevaricación no descartada por la Audiencia, pues ésta acordó el sobreseimiento provisional y no libre. Es decir, el hecho denunciado es calificable como delito, pero no hay indicios en estos momentos para predicarlo de una u otra persona, fuera de las que ya estuvieron investigadas, fueran otras”.

“El nido de ambigüedades y desconocimientos en que se ha convertido esta causa -argumenta el magistrado- desaconsejan una inhibición que sería arriesgada en cuanto presumiría con ligereza que no están relacionados ni los motivos ni las personas para (en su caso) prevaricar y falsear el documento de identidad”.

“No se descartan los indicios de prevaricación”

“No se descartan los indicios de prevaricación, pero no hay indicios de su autoría -señala en referencia a la decisión de la Audiencia Provincial de Zaragoza de sobreseer la causa contra Laya-, “luego hay causa por prevaricación y, consecuentemente, las razones que llevaron a aceptar hace un año la instrucción conjunta de ambos delitos por conexidad siguen siendo las mismas”.

Pero el instructor va más allá y hace referencia a las dificultades con las que se ha topado en la investigación al ampararse los investigados en la ley de secretos oficiales. “Son varias las opciones sobre autoría conjunta o concertada precisamente por la amplia zona de oscuridad que padece este procedimiento”, se queja, “lastrado por invocaciones a la Ley de Secretos Oficiales que no son entendibles si tan ajustados y convenientes eran los acuerdos adoptados respecto a la entrada y asistencia en España de Brahim Ghali, pudiendo entender el secreto invocado por las fricciones políticas con un país vecino si éstas no se hubieran producido ya en el momento en que se mencionó en esta causa la Ley de Secretos”.

“Con más claridad en la causa -se lamenta Lasala-, más probabilidades habría para un pronunciamiento certero, el que fuera”. Aunque admite que “no se ha conseguido asentar indicios sólidos sobre unas actuaciones que pueden deducirse con lógica pero que, como decía la Audiencia en su auto de 26 de mayo, no son notorias y, por ello, no necesitadas de prueba”.

El instructor recuerda que el auto en el que acordó el sobreseimiento (apartando a Laya de la investigación y ratificando el archivo respecto a su exjefe de gabinete), la Audiencia de Zaragoza consideró “indudable” que “Ghali accedió a territorio español sin someterse a los controles fronterizos a que debería y esto fue una decisión expresa de personas relacionadas con el poder ejecutivo”. y aunque concluyó que “se trataría de un acto político o de gobierno al que no podría darse trascendencia en sede penal”, precisa Lasala, añadió que “en los límites que podrían señalarse a estos tipos de actos políticos o de gobierno” estaría “lo relativo al cumplimiento de las resoluciones judiciales y a la colaboración con jueces y tribunales” (dado que no se avisó a la Audiencia Nacional de la llegada de Ghali, pese a que tenía dos causas abiertas por delitos de torturas y detención ilegal, entre otros delitos).

En su petición de inhibición, el fiscal Juan Pablo Fraj consideraba que, una vez la Audiencia Provincial de Zaragoza archivó el procedimiento respecto a Laya, el resto de la investigación (por falsificación documental) debía remitirse a los juzgados de la capital riojana.

Las acusaciones populares, en contra de la inhibición

Las acusaciones populares se habían opuesto a que esa inhibición se llevase a efecto. El letrado Antonio Urdiales reprochó a la Fiscalía que en junio de 2021 respaldase que la investigación abierta en Logroño por la falsificación del pasaporte se trasladase a Zaragoza (donde aterrizó el avión del líder del Frente Polisario) y que, un mes después, no se opusiese a que Lasala asumiera la causa.

“En ningún momento”, recalcó Urdiales, el representante del Ministerio Público formuló “objeción alguna a la competencia de este juzgado para conocer sobre el delito de falsedad”. Hasta el punto, recordaba, que fue la Fiscalía la que solicitó al juez que librase una comisión rogatoria a Argelia para que certificase si ese documento a nombre de Mohamed Benbatouche (expedido el mismo día de la llegada a España de Ghali, que tenía dos causas abiertas en la Audiencia Nacional) era falso.

También se opuso a la petición de inhibición impulsada por el fiscal la acusación popular que ejerce el exdiputado valenciano del PP Juan Vicente Pérez Aras, que destacó que fueron las propias actuaciones de la Fiscalía las que “motivaron e impulsaron la asunción de competencia por parte de este juzgado” respecto al delito de falsedad, por lo que según expuso el letrado Juan Carlos Navarro, carece ahora “de toda solidez legal la pérdida de la competencia”.

Petición de información a Argelia

Brahim Ghali se registró con pasaporte falso el 18 de abril del pasado año en el citado centro hospitalario, después de que el Gobierno accediera a la petición de Argel para que el líder polisario fuera tratado en nuestro país. El visto bueno del Ejecutivo de Pedro Sánchez provocó una grave crisis diplomática y migratoria con Marruecos que, meses después, se plasmó en el sorpresivo cambio de política española respecto al Sáhara en un intento de apaciguar las relaciones con Rabat.

Fue efectivamente a instancias de la Fiscalía que el magistrado cursó esa comisión rogatoria a Argelia el pasado septiembre, con escasas esperanzas de que prospere, (el recorrido de la petición de información a Argel cursada en una de las causas contra el líder polisario en la Audiencia Nacional, por delitos de torturas y detención ilegal, no invita al optimismo).

Lasala espera que Argelia certifique si la fotocopia del pasaporte (con el que su hijo o el médico que viajaba con él le dieron de alta) “se corresponde en su forma con pasaporte expedido por ellas de manera regular, indicando asimismo si el número de pasaporte que figura en tal fotocopia se corresponde con expediente alguno tramitado”.