La Abogacía del Estado insta al juez del “caso Ghali” a “paralizar” la causa

A la Abogacía del Estado no le ha sentado nada bien que el juez del “caso Ghali” prorrogue seis meses más la investigación tras archivar la causa respecto a la exministra de Exteriores Arancha González Laya, como le ordenó la Audiencia Provincial de Zaragoza.

En el recurso -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- en el que pide al propio instructor, y en apelación a la instancia superior, que se anule esa resolución, la abogada del Estado reprocha esa decisión al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa, Rafael Lasala, por considerarla contradictoria con el sobreseimiento provisional acordado en el auto de la Audiencia. De hecho, le reprocha que tiene “la obligación de mantener paralizada la causa hasta que no aparezcan datos o informaciones nuevas”.

Según los Servicios Jurídicos del Estado (que han defendido en el procedimiento a Laya y al que fuera su jefe de gabinete Camilo Villarino), continuar adelante para esclarecer la posible comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental (en este último caso debido a que el líder del Frente Polisario se registró en el hospital de Logroño donde fue ingresado con un pasaporte falso) supone una “manifiesta indefensión” respecto a ambos. Y es que, argumenta, no ostentando ya ninguno de los dos la condición de imputados, “el instructor continuará investigando este delito sin la presencia de su defensa”.

Solo si aparecen “nuevos indicios”

Y aunque admite que la Audiencia de Zaragoza acordó el sobreseimiento provisional “sin perjuicio de la reapertura para el caso de que resultasen nuevos indicios” contra Laya, precisa que esos hipotéticos indicios “nunca podrían ser en la instrucción de este procedimiento, sino en otros ámbitos”, como pesquisas policiales, otro procedimiento o por la aportación de nuevos indicios por parte de las acusaciones.

Para la abogada del Estado María del Mar González Bella, continuar instruyendo la causa (aunque sea ya sin la exministra como imputada) supone “no sólo desatender lo resuelto por la Audiencia Provincial”, sino también “hacer de peor condición a quien ha obtenido el sobreseimiento provisional frente a quien ostente el carácter de investigado” (que sí puede estar representado por su defensa, aunque ahora mismo no hay ningún imputado en la causa una vez apartados Laya y quien fuera su jefe de gabinete).

Para evitar esa posible indefensión, Lasala ofreció a la Abogacía del Estado seguir personada en la causa, en la que ahora el instructor intenta localizar al hijo de Ghali, Luali Brahim Sid el Mustafa (que supuestamente fue quien registró a su padre en el hospital San Pedro de Logroño con un pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche), para avanzar en la investigación por falsedad documental.

“Sin justificar su necesidad”

Lasala llegó a pedir a la delegación del Frente Polisario que le informase del domicilio del hijo de Ghali y de cómo se gestionó la llegada a España del líder polisario, quién contactó con las autoridades españolas y con quién y si se ofrecieron garantías de que no sería detenido (tenía dos causas abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal, entre otros). Pero el Frente Polisario contestó escuetamente que no sabe nada de nada al respecto.

Para la Abogacía del Estado, el magistrado prorrogó la instrucción “sin justificar su necesidad y mucho menos tan extensa duración”. Y recuerda que la propia acusación popular solicitó que se prolongase dos meses “admitiendo que la instrucción se encontraba ya prácticamente finalizada”.

Según su criterio, la investigación por falsedad documental “carece de justificación” porque al haber ordenado la Audiencia de Zaragoza el archivo respecto a Laya los juzgados competentes para, en su caso, abordar este asunto son los de la capital riojana.

Las acusaciones populares ya se han opuesto al recurso de la abogada del Estado. Para el letrado Antonio Urdiales, no es cierto que el juez continúe investigando una posible prevaricación, una vez la Audiencia Provincial de Zaragoza dejó claro que la decisión de acoger en España a Brahim Ghali para que fuera tratado de una neumonía grave causada por el Covid fue “un acto político”.

Las acusaciones populares respaldan a Lasala

Pero recuerda que la investigación se abrió también por encubrimiento y falsedad documental y subraya que el hecho de que Laya y su entonces jefe de gabinete no fuesen imputados por este último delito “no elimina el deber de investigar”, pues “aquí se investigan hechos”, unos hechos que -defiende- “nos obligan a seguir investigando con respecto al delito de uso de documento falso”.

Y en esas pesquisas, Urdiales considera que tras la decisión de la Audiencia de Zaragoza “lo relevante desde el punto de vista penal es el pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche cuya fotocopia se encontró en el Hospital San Pedro y cuyo original sólo Dios sabe donde se encuentra”.

La acusación pide incluso al instructor que cite a declarar de nuevo a Laya como investigada por encubrimiento tras unas declaraciones a El Correo en las que, tras el archivo de la causa, aseguró que no se arrepentía de su actuación porque Ghali era “un ciudadano español que necesitaba ayuda”. Y es que según el letrado la entonces ministra solo pudo conocer ese dato a través del informe que la Comisaría General de Información remitió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el 18 de marzo de 2021, un mes antes de la llegada de Ghali a España, en el que constaba la nacionalidad española del líder polisario y la existencia de dos causas penales contra él en este tribunal (la Policía trasladaba al instructor que no había sido localizado aunque continuaban las averiguaciones para conocer su paradero).

Y es quetras reabrir un mes antes la querella del activista Fadel Breica contra Ghali por delitos de detención ilegal y torturas, Pedraz había ordenado en febrero del pasado año la identificación y localización de los denunciados, entre ellos el propio Ghali.