La división del bloque de investidura enfría la reforma de la malversación

El bloque de la derecha se ha opuesto rotundamente al pacto entre Gobierno y Esquerra para suprimir el delito de sedición del Código Penal. Eso se podía esperar en la Moncloa, pero lo que no podía prever el Ejecutivo es que ir un paso más allá y reformar también el delito de malversación para incrementar los beneficios a los condenados por el «procés» se podía convertir en una fuente de división e inestabilidad en el bloque de la investidura y esa circunstancia es lo que ha hecho que la reforma del delito que castiga el uso fraudulento de los recursos público, que ayer en un primer momento tomó forma entre parte de los grupos parlamentarios de izquierda después de que el propio Gobierno abriera la puerta a la reforma del delito de malversación, poco después acabara enfriándose.

En Esquerra aseguran que siguen negociando con el Gobierno, pero también algunas voces reconocen que las desavenencias en el bloque de la investidura y las dificultades que hay invitan a pensar a que en el «corto plazo» pueda ser complicado reformar ese tipo penal. En todo caso, mantienen la puerta abierta a los cambios y conservan las negociaciones, pero también reconocen que con la supresión de la sedición han conseguido ya un logro más que importante.

Lo cierto es que la reforma de la malversación tiene un complicado encaje porque podría abrir la puerta a dar beneficios a condenados por corrupción, una imagen que podría dañar mucho a los autores de la modificación y más, en un año electoral. En concreto, hay dos caminos señalados: un sector de Unidas Podemos encabezado por Jaume Asens defiende diferenciar el delito de malversación entre las penas a los que se lucran personalmente (es decir, quien se lleva dinero público a su bolsillo) y quien hace un uso inapropiado (es decir, quien hace un uso de dinero público destinado a acciones ilegales, como el proceso independentista). Esa vía ha sido apoyada por ERC y otros partidos como el PDeCat, pero a la vez echada en freno por parte de Podemos y Compromis entre otros grupos.

En todo caso, tal y como reconoció Gabriel Rufián ayer, la ambición de esa reforma es «definir» y «acotar» lo máximo posible los delitos del Código Penal para «modernizarlo» y evitar que los jueces puedan «retorcerlo». Es por ello que el portavoz de ERC habló de un cambio «quirúrgico». Si bien, el portavoz republicano reconoció que es una reforma sensible y quiso ser especialmente prudente al respecto . Tan delicada es que ha despertado la oposición de algunas formaciones del bloque de izquierdas en el Congreso de los Diputados: de hecho, algunas como Bildu, han optado por el silencio por ahora (una actitud que es, en sí misma, una señal del enredo en el que puede acabar esta reforma jurídica).

En Unidas Podemos, este asunto llega ahora en medio de la tormenta que asola al espacio confederal en medio de la pugna ya abierta con la vicepresidenta Yolanda Díaz, por la construcción de «Sumar». Pero el fondo es superior porque es vicepresidencia quien negocia por parte de Unidas Podemos con Moncloa este asunto. De hecho, la reforma del delito de sedición fue llevada en total secretismo para evitar «filtraciones» en palabras del jefe del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, –designado por Díaz para llevar las negociaciones. La marginación de los morados molestó en la sede de Podemos.

En cuanto a la reforma del delito de malversación también genera fuertes divisiones. Las declaraciones que los portavoces dan en los medios no se consensuan antes en privado. Jaume Asens aseguró el lunes que el espacio se mostraba partidario de que la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición afecte también al de malversación. Un día después, en Podemos echaban el freno y limitaban esa opinión a la del portavoz de los comunes. El portavoz morado Pablo Echenique advertía de que todavía no se había debatido la posición del grupo parlamentario sobre la rebaja del delito de malversación y pedía cautela ante un tema «delicado» y «con muchas aristas». Los morados buscan primero estudiar la propuesta una vez que se redacte, antes de pronunciarse.

Una posición en la que Podemos se encuentra solo en el espacio confederal, donde surgen ya voces que lamentan esta «forma de negociar» al no contar con la voz de toda la coalición. Por su parte, el portavoz de IU, Enrique Santiago también se mostró a favor de reformar el delito y argumentó que es necesario , «al igual que sedición, adaptar otros tipos penales que tampoco están actualizados».

En Compromís también existen reparos a la hora de hablar sobre la reforma. De hecho, su portavoz Joan Baldoví se posicionó ayer en contra, al defender que no tenía claro que se pueda «diferenciar» un tipo de malversación de otro. «Al fin y al cabo todo son caudales públicos. Esperaremos al texto definitivo para poder opinar», dijo.

El debate sobre la reforma del delito y la división en la izquierda se genera, sobre todo, por los casos con nombres y apellidos que podrían revisarse. El socialista José Antonio Griñán podría ser uno de los beneficiados, pero también el expresident del Govern Balear Jaume Mas, condenado por malversación en el «caso Nóos»; el fallo de «Gürtel», «Púnica», «Lezo»... todas las sentencias tendrían que pasar el nuevo filtro del Código Penal.