El Congreso, sin criterio para frenar la escalada de insultos

La escalada de descalificaciones y tensión en el Congreso sigue sin freno y acaba enfangando el debate parlamentario y desprestigiando el poder de la palabra.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se descolgó ayer acusando al PP de «promover la cultura de la violación», un exabrupto que desató un terremoto en el hemiciclo. Esas palabras de Montero no hicieron más que alimentar la hostilidad en el hemiciclo, que, por momentos, parece desbordar a la presidenta Meritxell Batet, que sigue sin encontrar un criterio para poder frenar la actual deriva. De momento, Batet apela al decoro y la ejemplaridad de los diputados (viene a pedir el uso de términos «adecuados» que contribuyan a la convivencia en el hemiciclo y en la sociedad) y el martes, en la reunión semanal de la mesa del Congreso, invitó a una «reflexión colectiva», pero todo ello ha resultado poco eficaz a tenor de lo ocurrido en las últimas 48 horas.

Batet , sin embargo, se negó a modificar el código ético, como pedían desde Unidas Podemos: lo cierto es que tiene armas en el reglamento para, al menos, reprender con acciones a los diputados que degraden el debate o a sus compañeros. Concretamente, Batet podría aplicar el artículo 106 del citado documento, en el que se advierte de que cualquier persona que «promoviere desorden grave con su conducta o de palabra, será inmediatamente expulsado». Eso sí, tras tres llamadas al orden, según el artículo 104. En el caso de no atender el diputado a la reclamación, no podrá asistir a la siguiente sesión, según el artículo 104. Además, pueden ser suspendidos de su condición de diputados por un plazo de hasta un mes.

Hay otro artículo que los diputados deberían respetar, el 16, en el que se les obliga a «adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias». Además, el reglamento prevé a la presidenta de motivos concretos por los que puede llamar al orden a los diputados, como cuando profieren palabras o viertan conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, o de sus miembros o de las instituciones del Estado (art.103).

En cualquier caso, la falta de criterio ha quedado muy palpable en la última semana: la semana pasada, cuando estalló toda la crispación a raíz de la descalificación de Vox a Irene Montero, (a la que acusó de que su único logro era el de «estudiar en profundidad es a Pablo Iglesias»), Batet acabó retirando la expresión del diario de sesiones pese a que la ministra pidió que se mantuviera. En cambio, la ministra llamó a Vox «banda de fascistas», pero eso no se ordenó retirarlo. Lo mismo ocurrió el martes, cuando el vicepresidente de la Mesa ordenó retirar la palabra «filoetarra» proferida por la diputada de Vox Patricia Rueda, en alusión a Bildu; en cambio, ayer, se volvió a pronunciar esta palabra con Batet a los mandos del debate, y no se ordenó eliminar.

Esta circunstancia refleja las dificultades que implica ponerle límites a la libertad de expresión y cuan de arbitrario puede ser. El historial de insultos en esta legislatura es amplio: «dictador», «machista», «corruptos», o «matón», son algunas de las descalificaciones que se han escuchado en el hemiciclo.