Anticorrupción cree que el Gobierno no prevé las consecuencias de rebajar la malversación

Las advertencias desde la Fiscalía Anticorrupción se han tornado en señal luminosa de color rojo esta semana cuando el acuerdo entre PSOE y ERC para rebajar el delito de malversación es tangible. Fuentes fiscales avanzan que el «goteo» de rebajas de penas es seguro y creen que el Gobierno no ha medido las consecuencias que tiene modificar un delito nuclear para perseguir la corrupción. El impacto alcanzará a investigaciones en curso porque los plazos de prescripción también quedarán afectados.

El acto del 25 aniversario de la Fiscalía Anticorrupción se celebró ayer en la sede del Ministerio Fiscal entre bromas sobre si los fiscales que persiguen esos delitos iban a quedarse sin trabajo. No hubo corrillo en el que no se preguntara por la malversación y no hubo funcionario que defendiera la enmienda a toda prisa que el Ejecutivo pretende acometer antes de final de año.

Los hubo cautos, que querían esperar a leer en el BOE cómo quedará la cosa, pero sobre todo había consenso en que, una vez sea oficial, las revisiones llegarán en cascadas. El análisis más preliminar pasa por varias reflexiones. Primero, se está haciendo una distinción insólita entre distraer dinero para lucro propio y para un fin ajeno que no se hace en ningún otro delito patrimonial, como ya contó La Razón el lunes. Segundo, se está retocando un delito que forma parte del esqueleto de la lucha contra la corrupción sin debate previo, sin escuchar a juristas y sin hacer una reflexión reposada como cualquier modificación del Código Penal merece. «Nunca antes se había hecho algo así», llegó a apuntar un fiscal del más alto rango. Tercero, la redacción es «confusa», incluye distinciones cuando hay ánimo de lucro y no lo hay, pero en la Fiscalía recuerdan: la jurisprudencia ha consolidado que el ánimo de lucro es cualquier provecho o utilidad que obtenga el delincuente, ya sea propio o ajeno.

Y cuarto, más allá de los casos más mediáticos que todos pueden tener en la mente, la reforma alcanzará a investigaciones en marcha. Al tocar los mínimos penales, se modifican también los plazos de prescripción. Estos son progresivos en el Código Penal (artículo 131): caducan a los 20 años cuando la pena de cárcel es de 15 o más; mueren a los 15 en delitos de entre 10 y 15 años de reclusión; no son perseguibles a los 10 cuando la pena va de 10 a 5; y, finalmente, prescriben a los 5 si el delito tiene menos de 5 años. Cabe recordar, que con el acuerdo alcanzado entre socialistas y republicanos la malversación se redistribuye en tres arcos penales (en vez de uno como actualmente) y, mientras ahora se castigan de 2 a 12, en el futuro habrá supuestos que solo vayan de 1 a 4. Y aquí llega el problema de la prescripción en el que los abogados correrán a pedir el cierre de todo aquello que ya no se pueda perseguir. Como la ley, en este caso, favorecerá al reo puede ir hacia atrás y por tanto, según prevén, las consecuencias se asemejarán a lo sucedido con la ley del «solo sí es sí». Ni desde Anticorrupción ni desde la Fiscalía General del Estado son capaces de dar un dato de escritos, causas o sentencias que haya que modificar. Pero aquí están algunos de los ejemplos:

Kitchen

El «caso Kitchen» nació como una ramificación de la presunta actividad delictiva del comisario José Manuel Villarejo y en abril la Audiencia Nacional confirmó el final de la investigación. De la instrucción, quedó acreditado que se desviaron fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, por lo que uno de los delitos que se contempla es, precisamente, el de malversación pero no con un lucro personal, sino orquestado desde el Ministerio del Interior. Las acusaciones populares como PSOE y Podemos reclaman 47 y 41 años, respectivamente, para el entonces ministro, pero Anticorrupción lleva meses a la espera de un trámite en el juzgado para presentar su escrito que ya está listo y ahora fuentes fiscales anuncian que el retoque en malversación puede dar al traste con las acusaciones tal y como están previstas.

Procés

El Tribunal Supremo condenó a los líderes del «procés» por sedición (delito que va a desaparecer) en concurso medial con malversación. Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación y, aunque fue indultado y el cambio no afecte en la práctica a la prisión, la inhabilitación sigue su curso. Si la Sala de lo Penal entiendera que su caso está dentro de la nueva malversación reducida, el líder de ERC podrá beneficiarse d ela reforma volviendo a ocupar un cargo público. Y lo mismo con Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa que fueron sentenciados a 12 años de cárcel e inhabilitación.

Causas en Cataluña

Los flecos de la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 tienen todavía flecos pendientes en tres causas de Cataluña y en todas ellas existe delito de malversación. La que se sigue en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y la que está el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad indagan en los mismos hechos (la organización de la consulta), pero se diferencian en si hay aforados o no. La Fiscalía tiene que presentar escrito de acusación sobre 14 altos cargos (varios de ERC) que podrá verse modificado con el nuevo Código Penal. Y un tercero en el juzgado de instrucción 8 de la provincia que indaga sobre una querella de la Fiscalía tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el «procés.