El Senado vota la malversación con ERC y JxCat envalentonados: “El procés no ha terminado”

El Gobierno ha arriesgado mucho con su apuesta para desinflamar Cataluña y alargar la legislatura con los votos de los socios independentistas de Esquerra. Indultó y excarceló a los nueve presos en junio de 2021 y ahora pretende hacer una reforma del Código Penal que va a rebajar los años de inhabilitación a los responsables del 1-O y va a permitir regresar a Carles Puigdemont con mayor facilidad a España. En Moncloa defienden que, con estas medidas, que pasan por la rebaja de las penas de malversación y la supresión del delito de sedición, la crisis política catalana va a quedar desinflada, pero desde JxCat han querido enviar un serio aviso horas antes de la aprobación final: «El procés no acabará cuando usted lo diga, sino cuando seamos independientes».

Sánchez trata de proyectar que el «procés» ha acabado para justificar su reforma penal, que esconde realmente sus cesiones a Esquerra para poder sostenerse en la Moncloa. Sin el apoyo de los republicanos, el Gobierno no podría sobrevivir ni sacar adelante su agenda legislativa: tanto es así que Esquerra condicionó la aprobación de los presupuestos de 2023 a la reforma penal y, finalmente, se ha salido con la suya.

En este sentido, este jueves se iniciará la cuenta atrás para la rehabilitación de los políticos independentistas condenados, con la posibilidad de que vuelvan a la primera línea institucional: se votará en el Senado la proposición de ley que incorpora las reformas del Código Penal. Las dos reformas más destacadas de ese Código Penal son la supresión del delito de sedición, mutado en delito de desórdenes públicos agravados (con penas de cárcel que pasarán a máximo cinco años y la inhabilitación será como máximo de ocho años); y, la rebaja de penas por malversación, que quedará diferenciada entre administración desleal (imputable a los responsables del «procés» y que rebaja los años de inhabilitación a un máximo de seis años) y lucro personal.

Con esta rebaja de las penas de los delitos que han usado los jueces para condenar a los responsables del 1-O y frenar el «procés», hay muchos que acusan a Sánchez de haber desarmado al Estado frente a un nuevo desafío. Y en este sentido, se han unido ya las amenazas de Esquerra y JxCat en los últimos días.

Los republicanos ya han anunciado su nueva hoja de ruta para lograr un referéndum (apoyo del 55% y una participación superior al 50% del censo electoral) y se jactan de haber debilitado al Estado con la reforma del Código Penal, al presumir, entre otras cosas, de que el referéndum no está incoporado como delito tal y como prometía hacer Sánchez.

Por su lado, JxCat advierte de que el «procés» no ha acabado y su intención es resucitarlo, pese a que ahora tenga que ser desde fuera del Govern. Con Carles Puigdemont al frente, tiene todavía fuerza para volver a movilizar la calle en cualquier momento, algo que en el PSOE aspiran a evitar con esta reforma penal porque, consideran, liquidado todo resquicio de victimismo, que es la gasolina de los independentistas.

A ellos, se ha sumado el PNV, que, en las últimas horas, ha presentado enmiendas a una reforma de la Constitución para que se modifique las funciones de las Fuerzas Armadas, se elimine el artículo 155 (para intervenir una autonomía que esté instalada en la desobediencia) y se incluya el derecho a decidir pactado.

El Senado celebrará este jueves la votación final y el texto será firmado, a continuación por el Rey, y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Su entrada en vigor está prevista a los 20 días, por lo que, a partir del 12 de enero, se pondría en marcha los mecanismos judiciales para revisar las condenas de los responsables del «procés». Saber cómo quedan las condenas de los independentistas es de máxima relevancia porque indicará cuándo podrán volver a presentarse como candidatos. Es decir, todo apunta a que Oriol Junqueras podría regresar como candidato a la Generalitat en las elecciones autonómicas catalanas de 2025, aunque tampoco se puede descartar que se anticipe al 2023 con las municipales y generales de por medio.

En cualquier caso, las prisas del Gobierno por hacer rápido y cuanto antes la reforma penal está motivado también porque el proceso legislativo acaba este jueves, pero su aplicación tendrá continuidad en las próximas semanas y eso puede acabar influyendo sobre las elecciones de mayo.