El adelanto electoral interfiere en la decisión del TC sobre la reforma del CGPJ

La progresiva acumulación de vacantes en la cúpula judicial, que rozarán las 90 a final de año –con especial incidencia en el Tribunal Supremo, con el 30% de su plantilla pendiente de cubrir– no parece que vaya a resolverse a corto plazo. Imposibilitado para acordar nombramientos desde marzo de 2021 por la reforma pactada por PSOE y Podemos con la que pretendían forzar al PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces –cuyo mandato expiró hace cuatro años y medio–, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se le abría una ventana para recuperar plenamente sus competencias con la decisión que debe adoptar el Tribunal Constitucional respecto a los recursos de PP y Vox contra esa polémica modificación legal.

El próximo septiembre se cumplirán dos años desde la admisión a trámite de ambos recursos de inconstitucionalidad –cuyas ponencias corresponden a los magistrados María Luisa Balaguer y César Tolosa–, y la intención del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, era abordar la cuestión antes de las vacaciones de verano, como se ha hecho con los recursos contra las leyes del aborto y la eutanasia o la Ley Celaá. De hecho, según las fuentes consultadas lo previsible era que el Pleno debatiese este asunto los próximos días 20, 21 y 22 (en la reunión plenaria de la semana pasada no figuró en el orden del día).

Pero, sin embargo, todo apunta a que el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede dar al traste con esa planificación.

Posible pérdida de objeto

Por un lado, la precampaña electoral del 23-J complica que el TC se pronuncie sobre esta cuestión. Y, por otro, si se produjese un cambio de gobierno y Alberto Núñez Feijóo llegase a la Moncloa, dado que el PP ya ha anunciado su intención de derogar esa reforma para devolver al CGPJ sus competencias, el recurso decaería por pérdida de su objeto. Es decir, resultaría irrelevante que el TC se pronunciase sobre la constitucionalidad de la modificación legal apadrinada por PSOE y Podemos una vez derogada.

«No tendría sentido sacar la sentencia a un mes de las elecciones ante la posibilidad de que un posible cambio de gobierno deje en papel mojado la resolución», apuntan fuentes de la institución.

Dado que el primer recurso que se interpuso ante el TC fue el de Vox, será la magistrada progresista María Luisa Balaguer la primera que lleve al Pleno su propuesta de sentencia, que previsiblemente avalará la constitucionalidad de la reforma, de manera que el recurso del PP se resolvería posteriormente en la misma línea por aplicación de doctrina. Como se supone que ambas ponencias son antagónicas, lo normal es que la sentencia saliese adelante gracias al voto en bloque del mayoritario sector progresista, como ha sucedido con el aborto, la eutanasia o la Ley Celaá, con los consiguientes votos en contra de los magistrados conservadores.

En julio, "muy precipitado"

Puesto que el adelanto electoral convierte en una quimera un posible acuerdo PSOE-PP para renovar el CGPJ –lo que haría que el nuevo Consejo recuperara sus competencias para cubrir las vacantes y solucionar el «estropicio», como lo calificó el dimitido Carlos Lesmes–, la posibilidad para desbloquear la cuestión pasaba por una hipotética declaración de inconstitucionalidad de la reforma por parte del TC, un pronunciamiento que, en un sentido o en otro, está ahora condicionado por el adelanto electoral y, también, por el resultado de los comicios.

Por ahora, según las fuentes consultadas Conde-Pumpido no ha comunicado a sus compañeros que el asunto no se vaya a llevar a los próximos plenos. En cualquier caso, abordarlo en los dos plenos del mes de julio, el primero en plena campaña y el segundo en la semana del 23-J, sería «muy precipitado», admiten esas mismas fuentes. Fuentes próximas al presidente del TC sí asumen, sin embargo, que el adelanto electoral puede «alterar» los planes para que el tribunal se ponga al día antes del verano en los asuntos más relevantes que estaban pendientes desde hace más tiempo.

El TC sí quiere resolver otro asunto que está sobre la mesa desde hace un año: los recursos de amparo planteados por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia que le condenó por dar una patada a un agente en una protesta educativa y contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirarle el escaño tras esa sentencia. El Pleno podría concederle el amparo por su expulsión de la Cámara Baja, aunque rechazará que la condena del Supremo a 45 días de cárcel, que después conmutó por una multa, vulnerase sus derechos fundamentales.