Del aborto y la eutanasia a la Ley Celaá: las urgencias del TC de Pumpido

El Tribunal Constitucional (TC) de mayoría progresista presidido por Cándido Conde-Pumpido se propone sacar de la lista de espera algunas de las cuestiones más candentes que tiene pendiente de resolver la institución. Ya el mismo día de la toma de posesión de los nuevos magistrados –el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática y ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, elegidos por el Gobierno, y los magistrados César Tolosa y María Luisa Segoviano, designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– desde el bloque progresista se apuntaba como una de las prioridades del futuro presidente «poner al día» al tribunal de garantías desatascando numerosos asuntos pendientes (la situación de interinidad de la recta final del mandato de Pedro González-Trevijano obligó a paralizar la deliberación y votación de cualquier tema de calado).

Y si de resoluciones esperadas se trata, la sentencia que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley del aborto del Gobierno de Zapataro se lleva la palma. Cinco presidentes del TC han pasado ya por el tribunal de garantías –Conde-Pumpido es el sexto–, sin que ni tan siquiera el asunto se haya llevado a Pleno. Ni bajo el mandato de María Emilia Casas ni en los de Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos, Juan José González Rivas y González-Trevijano se alumbró una sentencia tras pasar el recurso del PP por las manos de tres ponentes –Elisa Pérez Vera, Andrés Ollero y, ahora, Enrique Arnaldo–.

No es de extrañar que, como sucedió con Trevijano, para el nuevo presidente subsanar de una vez esta anomalía sea, por el bien de la institución, una prioridad. Y más teniendo en cuenta que la ley del aborto ha vuelto a ser reformada recientemente (pendiente únicamente del visto bueno del Senado). Como presidente, Conde-Pumpido tiene la facultad de llevar un determinado asunto al Pleno (al igual que pueden hacer al menos tres magistrados de la institución).

El pasado año, las elecciones andaluzas y la nueva reforma de la ley del aborto aparcaron la ponencia. Fuentes del TC apuntan que «si se recurre la nueva ley, el recurso del PP de hace doce años perdería parcialmente su objeto». Según esas mismas fuentes, «es un asunto que requiere de un cierto grado de consenso porque genera mucha sensibilidad social», por lo que entienden que una sentencia ajustada sería «un fracaso para el tribunal».

Sobre la mesa, el TC tiene también la decisión sobre dos leyes estrella del Gobierno de Pedro Sánchez: la ley de la eutanasia (con ponencias de Conde-Pumpido y el también progresista Ramón Sáez) y la Ley Celaá (que por ejemplo deja fuera de las ayudas públicas a los colegios que segregan por sexos a su alumnado). En este último caso, el TC deberá asignar una de las dos ponencias de los recursos de PP y Vox a un nuevo magistrado, pues Antonio Narváez acaba de abandonar el tribunal. Sí seguirá como ponente el conservador Ricardo Enríquez, que según las fuentes consultadas se inclina por considerar inconstitucional la negativa de ayudas públicas a los centros que separen a sus alumnos por sexos.

Está por ver también la suerte que corren los recursos de PP y Vox contra la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos mientras esté en funciones. Este es precisamente uno de los asuntos que obligará a un cambio de ponente, pues el exvicepresidente Juan Antonio Xiol era el encargado de redactar el proyecto de sentencia del recurso del PP (del de Vox se encarga la también progresista María Luisa Balaguer).

La lista no se agota ahí. El TC también ha de resolver el recurso del PP que paralizó cautelarmente (con el voto en contra de los magistrados progresistas) la reforma del Gobierno para rebajar las mayorías para la renovación del tribunal de garantías.

Y debe dilucidar, asimismo, si la retirada del escaño al diputado de Podemos Alberto Rodríguez –tras ser condenado por dar una patada a un policía en una protesta– fue inconstitucional.